La lucha contra el paro juvenil, la gran causa europea
La situación actual trunca la ruta natural de transición de la juventud a la vida adulta, de los estudios a la vida laboral, y nuestras redes del Estado del bienestar están diseñadas teniendo en cuenta estas rutas, de forma que a medio plazo estamos poniendo en peligro la viabilidad del modelo social que conocemos.
Ante el panorama desolador para el empleo que nos dejó la crisis y que aún nos asuela, tuvimos que esperar hasta el año 2013 para que la Comisión y el Consejo considerasen como prioritario atajar una de sus peores consecuencias: el masivo desempleo juvenil que nos afecta especialmente en el sur de Europa. Fuimos los socialistas en el Parlamento Europeo quienes más presionamos durante la pasada legislatura para iniciar un proyecto específico, dotado de recursos económicos, para hacer frente a este drama social y económico: la Garantía de empleo Juvenil que acabó dando paso a la Youth Employment Initiative (YEI).
Esta iniciativa que cuenta con 6000 millones de euros (de los que 1800 corresponden a España) que poner en marcha entre 2014 y 2015 ha contado hasta el momento con un gran obstáculo, la lentitud, ineficiencia e ineptitud de muchos de los Estados Miembros a la hora de presentar y desarrollar los proyectos que se iban a realizar con esos recursos.
Es el caso de España, por ejemplo -donde no sólo el programa previsto por el Gobierno del PP es contrario a los principios del proyecto europeo (en vez de ofrecer una oportunidad de empleo o de formación en menos de cuatro meses, se pretende utilizar el dinero para bonificar la cotizaciones sociales que pagan los empresarios por los trabajadores), sino que además se llegó en el último minuto a la presentación de los programas operativos-, son sobradamente conocidos los problemas que tienen los jóvenes que conocen la medida para acceder al registro público que les permita optar a las ayudas. Un desastre en toda regla de los campeones europeos del desempleo juvenil.
Siempre hemos sido conscientes de que los recursos destinados inicialmente eran insuficientes, y hemos defendido, en la misma línea que la Organización Internacional del Trabajo, que el presupuesto total para el período 2014-2020 tenía que llegar a los 21.000 millones de euros y abarcar a los jóvenes de los 25 a los 30 años también.
Igualmente, somos conscientes de las dificultades que los Estados con mayores problemas de desempleo y desequilibrios macroeconómicos -como España- tienen para hacer frente a la cofinanciación. Y por esa razón hemos impulsado, también, una reforma de la iniciativa para que se incrementen las cantidades que la Comisión adelanta a los Estados miembros, lo que en el caso de España supone pasar en el año 2015 de recibir un adelanto de escasamente 9.5 millones de euros a obtener prácticamente 285 millones.
Llegados a este punto, pensamos que al Gobierno español se le acaban las excusas. El empleo es algo más que un derecho reconocido en nuestras normas, es el cordón umbilical por el que un ciudadano se siente o no parte de la sociedad. Por ello, parece obvio que este continente necesita urgentemente un nuevo pacto social que reconstruya la solidaridad intergeneracional y garantice empleo digno y de calidad. Los jóvenes deben convertirse en la gran causa europea de los próximos años.
La situación actual trunca la ruta natural de transición de la juventud a la vida adulta, de los estudios a la vida laboral, y nuestras redes del Estado del bienestar están diseñadas teniendo en cuenta estas rutas, de forma que a medio plazo estamos poniendo en peligro la viabilidad del modelo social que conocemos. Debemos actuar y hacerlo ya. Gran parte del desempleo juvenil que sufrimos ahora tiene mucho que ver con las políticas de austeridad macroeconómicas que hemos seguido durante los últimos años.
Si queremos recuperar a toda una generación de jóvenes, la mejor preparada de toda nuestra historia, hace falta romper de forma radical con la actual situación y poner rumbo nuevo hacia políticas activas de ocupación que capaciten a nuestros jóvenes. Una política de reactivación de la demanda que genere actividad y crecimiento y normas que obliguen a mejorar la calidad del trabajo. Decisiones de nuestro Gobierno que proporcionen seguridad y recursos a nuestros ciudadanos para recuperar no sólo el consumo, sino la dignidad del presente y el talento del futuro.
