Al borde del precipicio en EEUU

Continuamos con el cierre parcial de la Administración en EEUU. De momento los efectos que notamos la mayoría de los ciudadanos son limitados, pero cada vez son más visibles las consecuencias para las personas que han sido cesadas en sus trabajos, y para los que han dejado recibir beneficios de asistencia, incluyendo programas de alimentación para niños pobres. Hasta ahora muchos estados han salido al rescate y están proporcionando fondos estatales para limitar el daño, pero esta solución es sólo de carácter temporal, ya que la mayoría de los estados se encuentran en una situación fiscal delicada tras salir de la crisis económica, y disponen de unos fondos muy limitados.

Conforme pasan los días hay más incertidumbre sobre lo que va a pasar y mayor temor a que el conflicto entre republicanos y demócratas lleve a la suspensión de pagos del país si el Congreso no aprueba el aumento del techo de endeudamiento (el debt ceiling). Los bonos del Tesoro ya empiezan a resentir los efectos del conflicto, y el jueves pasado el índice 500 de Standard & Poor tuvo su peor día en más de un mes. Esta incertidumbre ya ha llevado a suspender las negociaciones del tratado de libre comercio con la Unión Europea, y al presidente Obama a suspender su viaje a Asia para participar en una reunión multilateral que iba a dar impulso a otro tratado comercial en Asia. Todo ello esta generando más dudas (explotadas por los chinos) sobre la solvencia y fiabilidad de EEUU. Muchos países ya se preguntan si pueden depender de EEUU para su seguridad, y se cuestionan si se pueden fiar de un Gobierno cada vez más volátil (y recuerdan la respuesta de Obama a la crisis en Siria) que es incapaz de mantener su casa en orden.

La raíz del conflicto reside en la disputa entre los republicanos y demócratas por el aumento de la deuda y del gasto público, y en particular por el programa de salud del presidente Obama (conocido popularmente como el Obamacare). El sector más conservador del Partido Republicano, liderado por el Tea Party, ve en este conflicto una oportunidad para derrotar el Obamacare y se niegan a consensuar un acuerdo si no se le quita toda la financiación (lo que conseguiría cargárselo). Los demócratas y Obama se oponen al chantaje de los republicanos y sostienen que el Obamacare fue aprobado legalmente por el Congreso y refrendado por los ciudadanos con la reelección de Obama, y se niegan a participar en cualquier acuerdo que limite su financiación.

El desenlace es cada vez más impredecible. De momento los republicanos, liderados por el portavoz del Congreso, John Boehner, siguen planteando el conflicto como una "batalla épica" y no dan su brazo a torcer. Hasta el momento la estrategia parece limitarse a esperar hasta el último momento para que las cosas empeoren y hacer concesiones. Ya tenemos el precedente del 2011 cuando se aprobó el aumento del techo de endeudamiento a cambio de recortes en el gasto público (el famoso sequester).

El gran peligro no es tanto el cierre parcial de la Administración (pese al daño que está causando a millares de familias), sino la suspensión de pagos si no se aprueba el límite de endeudamiento antes del 17 de octubre. El llamado debt ceiling, es el límite de la cantidad de dinero por el que se puede endeudar EEUU vendiendo bonos del Tesoro, y es fijado por el Congreso del país. Si no se aprueba un aumento (algo que el Congreso ya ha hecho en repetidas ocasiones, la última en el 2011), el Gobierno de EEUU se encontraría en una situación en la que no tendría suficientes fondos para hacerse cargo de todos sus pagos, lo que le llevaría a suspender pagos. En realidad el Gobierno ya llegó a ese límite en mayo pasado pero el Tesoro ha utilizado medidas extraordinarias para seguir financiándose. De acuerdo con el Secretario del Tesoro (el equivalente al ministro de Economía), Jacob Lew, a partir del 17 de octubre ya no tienen más medidas excepcionales para seguir financiándose (el Gobierno gasta una media de 60.000 millones de dólares al día y el 17 de octubre sólo tendrá 30.000 millones).

Para los republicanos el aumento del debt ceiling es una muestra de todo lo malo e irresponsable del Gobierno federal, que gasta más de lo que ingresa, lo que le obliga a endeudarse. Sostienen que ningún ciudadano o empresa podría vivir así y defienden la necesidad de acabar con esta situación de adicción a la deuda. Ven en esta tesitura una oportunidad para cortar el "grifo de la dependencia".

Hay que resaltar, sin embargo, que no todos los republicanos están de acuerdo con estas posturas radicales, pero la mayoría están intimidados por el poder del Tea Party y temen la posibilidad de que si no apoyan esta estrategia el Tea Party les va a presentar otro candidato alternativo en las primarias de sus distritos que les puede llevar a perder su escaño. La definición geográfica de las circunscripciones electorales por parte de los estados está cada vez más politizada, y tiende a hacer los distritos más monolíticos ideológicamente para apoyar la reelección de los incumbentes (cada vez hay menos distritos realmente competitivos). Sin embargo, dado el carácter típicamente más conservador de los votantes medios en las primarias republicanas (y más liberal en las demócratas), el temor al Tea Party es un temor muy justificado. Pese a que los cierres de las Administración no son algo nuevo (ya pasó en 1995-96, y 12 veces en los 70 y 80 cuando los demócratas tenían mayoría en el Congreso) este modelo está contribuyendo a la polarización ideológica dentro del Congreso y en el Senado, y está haciendo más difícil que se consigan acuerdos bipartidistas.

Boehner tiene la llave de la situación porque tiene el poder de introducir las propuestas legislativas en el Congreso, y sólo lo hará de acuerdo con la llamada Hastert Rule, una regla informal según la cual no se introducirá ninguna iniciativa legislativa que no cuente con una mayoría de los representantes republicanos. En los últimos días ha habido rumores de que estaría dispuesto a romper esa regla informal y que haría lo que fuese necesario para evitar la suspensión de pagos. Pero él no se ha pronunciado en público al respecto. Su situación es delicada porque pese a ser un republicano pragmático con una larga historia de compromisos con los demócratas, si cede en este caso se puede enfrentar a una rebelión interna dentro de su partido que le cueste el puesto de speaker (o presidente de la Cámara de Representantes).

En este momento la mayoría de los ciudadanos acusan a los republicanos de la crisis y muchos comparan la situación actual con la de 1995-96, cuando el speaker Gingrich cerró parte de la Administración en su conflicto con el presidente Clinton, y a los pocos días tuvo que recular ante su caída en picado en las encuestas, lo que posteriormente le costó su cargo, y a los republicanos su mayoría y la presidencia (Clinton fue reelegido). Los republicanos parecen convencidos, sin embargo, de que esta vez será diferente, y que la falta de apoyo al Obamacare y la frustración de los votantes por el aumento del gasto jugarán a su favor.

Gran parte del problema reside en que es impredecible saber qué va a pasar si se produce una suspensión de pagos. Los republicanos sostienen que el Gobierno puede seleccionar y hacer frente a algunos pagos prioritarios, pero el Tesoro sostiene que no puede emitir unos cheques de pago e ignorar otros y que la única opción es esperar a tener suficientes fondos para hacer frente a todos los pagos. El efecto de una suspensión de pagos es impredecible, pero lo más probable es que provocase un castigo de los inversores que obligase al Tesoro a aumentar los intereses para seguir atrayendo capital, lo que aumentaría la deuda del país. Al mismo tiempo esta subida tendría un efecto negativo sobre la economía estadounidense, que apenas está saliendo de la recesión, ya que causaría una subida de intereses para las empresas y las familias. A la vez reduciría el capital de los bancos que tienen bonos del Tesoro al reducirse su valor, lo que les llevaría a prestar menos dinero. Por último, una suspensión de pagos llevaría a una caída del dólar con efectos desestabilizadores sobre la economía global que podrían ser catastróficos.

En definitiva, que estamos jugando con fuego. Ya en el 2011 la incertidumbre llevó a una bajada en la calificación de la deuda de EEUU (hubo otro episodio en 1979). La división de poderes que caracteriza a EEUU obliga al presidente y al Congreso a negociar. Es de esperar que impere el raciocinio y que los sectores más moderados de ambos partidos se impongan y se logre un acuerdo. Mucho está en juego.