"El río no se toca": campaña contra una hidroeléctrica Marca España

Los rostros de los y las líderes de Santa Cruz de Barillas están marcados por sus años de lucha. Este pequeño municipio al norte de Guatemala batalla desde hace años contra una empresa española, una hidroeléctrica, que sigue empeñada en sacar adelante un proyecto al que se opone el 90% de la población, y para el que, según aseguran, la compañía no ha dudado en valerse de estrategias violentas que han vulnerado gravemente los derechos humanos.

La disputa es por un río, el Cambalam, un cauce salvaje cerca de la frontera mexicana que las comunidades indígenas de Barillas consideran sagrado y no quieren ver convertido en una presa que genere luz para iluminar otras vidas. Las suyas, insisten, se oscurecerán con esa herida a "la Madre Tierra".

Su enemigo tiene nombre: Hidro Santa Cruz, o lo que es lo mismo, Ecoener-Hidralia. Ahora, tres organizaciones españolas (Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala) han unido fuerzas para que este caso traspase las fronteras y ponga sobre el tapete el asunto de lo que hacen las empresas españolas cuando invierten en el extranjero.

Su objetivo: recoger miles de firmas y presionar para exigir que la ética y la responsabilidad social primen sobre los beneficios, aún cuando la normativa y el control internacional se quedan cortos sobre este asunto.

Para conocer la historia de Hidralia, hay que remontarse a los tiempos de Fraga en la Xunta de Galicia, cuando esta empresa de Luis Castro Valdivia comenzó a acumular concesiones hidroeléctricas en ríos de toda la comunidad. Su cuñado en ese tiempo era director general de Industria, Energía y Minas, un caso que llegó a la Fiscalía.

Poco después de aquel asunto, la familia Castro Valdivia dio el salto a Centroamérica, instalándose en Guatemala con el nombre de Hidro Santa Cruz, que no es sino la suma de dos empresas familiares: Ecoener e Hidralia. Su intención: trasladar su modelo de pequeñas presas a ríos del país.

Tras comprobar que el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina (hoy encarcelado por corrupción) no pondría trabas, se iniciaron los trámites en 2008 para instalar la primera de ellas en el río Cambalam, en una cascada de 272 metros de altura que las comunidades indígenas de la zona consideran sagrada desde tiempos inmemoriales.

Nadie informó a los q'anjob'al, los chuj, los akateko o los popti de la zona de los planes de Castro Valdivia, que no tardó en conseguir los permisos ambientales. La primera noticia de la presa la tuvieron, afirman, cuando gentes extrañas comenzaron a tomar medidas en la zona, y después a comprar tierras, y más tarde a talar árboles...

Con la tensión mascándose en el ambiente, poco ayudó a relajarla que, en 2010, Ecoener-Hidralia contratara a un exmilitar y narcotraficante como responsable de las "relaciones con las comunidades".

Cuando en 2012 llegaron a la zona las primeras grandes máquinas, el conflicto estalló. Los vecinos dañaron las máquinas y la empresa respondió, denuncian los afectados, con intimidaciones y amenazas, dividiendo en dos bandos a la sociedad civil, comprando voluntades, extorsionando...

La escalada de violencia llegó al máximo cuando, en mayo de ese año, tres de los líderes opositores sufrieron un atentado. Uno murió asesinado. El Gobierno instauró el Estado de Sitio en la zona, que duró 18 días. Pero aquello no echó para atrás a Ecoener-Hidralia. Si bien no continuaron la obra, tampoco la desestimaron, pese al campamento permanente que se instaló en el acceso a su terreno.

Desde entonces, el conflicto no ha cesado. El informe elaborado recientemente por Alianza por la Solidaridad recoge que hasta 2014 hubo 52 órdenes de captura. Hoy aún quedan nueve personas en la cárcel de Huehuetenango por oponerse a las hidroeléctricas, y hace apenas unos días dos fueron absueltas por falta de pruebas.

"La hidroeléctrica sigue adelante. Tienen muchos más recursos para abogados que nosotros, mientras nuestros familiares malviven en celdas masificadas, a menudo sin luz", asegura Astrid Villatoro, hija de uno de los presos, durante la presentación de la campaña en Madrid, en la que intervino por Skype.

Hace ya algún tiempo, el caso Hidralia llegó al Congreso español de la mano del Bloque Nacionalista Galego; también a la oficina del Defensor del Pueblo; y la semana pasada, la eurodiputada de IU Marina Albiol pudo visitar a los líderes encarcelados, y está previsto que se hable de ello en el Parlamento Europeo...

Pero de momento, Ecoener-Hidralia sigue adelante, y para las ONGs es ya urgente "liberar" el río y a sus defensores recurriendo a la ciudadanía española. "No puede ser ésta la Marca España", insisten. "Que sepan que nosotros no queremos nada a cambio, sólo que se vayan, que dejen nuestro territorio como está", asegura Alba Cecilia Abad, unas de las muchas mujeres luchadoras de Huehuetenango.

Pero con la ley en la mano, "hoy nada obliga a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, por lo que es algo que la ciudadanía puede cambiar exigiéndolo", recuerda Almudena Moreno, de Alianza. La organización tiene en marcha una campaña, TieRRRa, a favor de las inversiones responsables.

"Las empresas eléctricas españolas son las segundas del mundo con más conflictos ambientales, según la organización EJOLT", denuncia Jorge Lozano, de Equo. "Es el resultado de la arquitectura de la impunidad", destaca Víctor Barro, presidente de Amigos de la Tierra.

Como colofón del acto, hasta Guatemala, departamento de Huehuetenango, territorio de Barillas, llegó el aplauso largo y solidario. Y los rostros de quienes llevan peleando por la Madre Tierra desde que Pedro de Alvarado llegó a sus puertas, se emocionaron, brillantes los ojos. Todos a una, clamaron por un deseo que ya suma cientos de firmas: "El río no se toca".