Sánchez eliminará el delito de ofensas religiosas pero aún discute con Sumar sobre el de injurias al rey

El Consejo de Ministros aprobará este martes el Plan de Acción Democrática anunciado meses atrás por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pretende lograr más transparencia, independencia, pluralismo y protección de la democracia y que tiene como uno de sus ejes los medios de comunicación.

Sánchez prometió presentar este plan tras los cinco días de reflexión que se tomó el pasado mes de abril para decidir si le merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo ante la campaña de acoso que consideraba que existía contra él y su familia.

Meses más tarde, en julio pasado, presentó ante el pleno del Congreso las líneas generales de ese plan a la espera de negociar las medidas con todos los grupos parlamentarios (excepto Vox) en unas conversaciones que se sucedieron antes del paréntesis de agosto y que protagonizaron por parte del Gobierno de coalición el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun.

Fue este lunes, en una reunión con diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, cuando avanzó que sería aprobado por el Consejo este martes y expresó su confianza en que sea apoyado por el PP porque cree que no se entendería que votara en contra de iniciativas que ha apoyado en el Parlamento Europeo.

Será hoy cuando se conozcan los detalles del plan, que se están trabajando a puerta cerrada con celo, pero esta mañana ya se han filtrado algunos detalles de lo por venir. Según informa el diario El País, el paquete es "amplio" y "contiene muchos asuntos delicados" que se han discutido internamente en la coalición PSOE-Sumar, además de con los principales socios parlamentarios, durante semanas, y tan intensa está siendo la elaboración del documento que incluso hay flecos horas antes de su exposición pública. 

La discusión seguía abierta anoche mismo acerca de la reforma de varias leyes "que afectan a derechos fundamentales", sobre todo sobre la eliminación de algunos polémicos delitos que limitan la libertad de expresión, como las ofensas a los sentimientos religiosos o las injurias a la Corona y las altas instituciones del Estado.

"La actual redacción del Código Penal español, muy inusual en el entorno europeo, ha permitido el encarcelamiento de conocidos raperos o procedimientos judiciales muy duros contra publicaciones satíricas que no han existido en otros países y han supuesto sentencias contra España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por limitar la libertad de expresión", recuerda el diario. Tanto el PSOE como Sumar están de acuerdo en cambiar esta parte del Código Penal, pero "discuten el alcance, lo que bloqueaba el plan", según fuentes de la negociación citadas en su información. 

Así, el PSOE "asume eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, que ha supuesto que grupos cristianos persigan todo tipo de sátira relacionada con la religión católica". Sin embargo, "tiene más dudas con la eliminación del los de injurias a la Corona y a altas instituciones del Estado, que incluye no solo al Gobierno sino al Tribunal Supremo, al Constitucional o al Consejo General del Poder Judicial".

Sumar, por su parte," insiste en que el compromiso de derogar estos delitos debe estar expresamente mencionado en el plan que salga del Consejo de Ministros, pero los socialistas apostaban por una redacción más genérica para desarrollar los detalles en el futuro". Lo que sí es "seguro" es que el PSOE rechazará la pretensión de Sumar de suprimir la figura penal de enaltecimiento del terrorismo, indica El País. 

El PSOE ya accedió en dos ocasiones a tomar en consideración en el Congreso las propuestas -antes de Unidas Podemos, ahora de Sumar- para suprimir estos delitos de opinión, pero hasta ahora las había dejado languidecer. 

Tras el bloqueo sufrido en la anterior legislatura, el socio minoritario del Gobierno volvió a la carga en esta con una de sus primeras propuestas parlamentarias del actual mandato. La proposición para reformar el Código Penal en ese sentido fue tomada en consideración el 19 de diciembre de 2023 por el pleno del Congreso, con el apoyo de todo el bloque de investidura, incluidos los socialistas. Desde entonces, como ya había pasado anteriormente, permanece bloqueada en la Mesa.

Sumar argumenta la "anomalía" de esos delitos dentro de la legislación europea y las condenas a músicos y tuiteros a que han dado pie. Para esta formación, el rey y las principales instituciones del Estado cuentan con los mismos mecanismos que cualquier ciudadano para defenderse de ataques injuriosos, sin necesidad de brindarles una protección singular con una figura penal específica. 

Lo mismo alega para el caso del enaltecimiento del terrorismo, que, en opinión de Sumar, ya quedaría cubierto con el delito general de apología de la violencia.

Los objetivos

A la espera de las medidas concretas que contendrá el paquete de medidas, Sánchez sí anunció ya en julio que incluiría la aprobación de una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto que conlleva la presentación de una Ley de Administración Pública abierta que amplíe y mejor la cantidad y la calidad de la información gubernamental.

Avanzó igualmente que el plan pretende defender la libertad e independencia de los medios de comunicación y puso como referencia de la actuación en ese ámbito el Reglamento Europeo de libertad de medios aprobado por la Eurocámara. Además, defendió fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, así como la actualización de la Ley de Publicidad Institucional.

En su presentación de las líneas generales del plan señaló que se trata de evitar que haya medios que tengan "más financiadores públicos que lectores" y partidos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes.

Para garantizar la supervisión y cumplimiento de las medidas que pide Bruselas planteó ampliar las funciones y capacidades de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

De la misma forma, apostó por introducir cambios en las leyes del Derecho al Honor y Derecho de Rectificación, así como una reforma puntual de la conocida como ley mordaza en materia de libertad de expresión y que fue pactada con Sumar.

Entre las medidas relativas al Parlamento, Sánchez se mostró partidario de endurecer las sanciones a los diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y de actividades o que lo hacen con información falsa o incompleta.

Propuso asimismo una reforma de la ley electoral para hacer obligatorio que haya debates en las campañas y para que todas las encuestas publicadas incorporen todos los datos de su realización y la metodología de estimación de resultados.

Todas las respuestas, ahora, están en La Moncloa.