Qué es la CIJ, qué supone el delito de genocidio y qué significa el anuncio de España de sumarse a la causa contra Israel

Tras el reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno español, aún había margen para presionar a Israel e intentar que abandone su ofensiva sobre Gaza. Es lo que repetían con insistencia los socios del PSOE en La Moncloa, Sumar. Este jueves, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dado un paso que atiende en parte ese llamamiento, al anunciar que nuestro país se incorporará a la denuncia de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos). 

Es un paso inédito en la Unión Europea y, más, entre los países occidentales. Hasta el momento, lo habían apoyado Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, México y Cuba, más Libia o Turquía, en Oriente Medio, siempre en distinto grado, unos avalando por completo la demanda, otros apoyándola con informes o asesoramiento, que es la vía por la que ha optado España. "Es muy importante el apoyo que puedan prestar y que deben prestar todos los países, no sólo a Sudáfrica, sino a la propia Corte, para que pueda hacer su trabajo y pueda llevar a los responsables de estas posibles violaciones de derechos humanos ante la justicia", indicaba hace unos días en El HuffPost Carlos de las Heras, responsable de Israel y Palestina en Amnistía Internacional España. 

¿Pero qué hace esa corte? ¿En qué consiste el proceso elevado pr Sudáfrica? ¿Cómo se cataloga el genocidio? ¿Y qué supone que España haga esta apuesta?

La Corte Internacional de Justicia

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el tribunal superior de las Naciones Unidas. Con sede en La Haya, fue establecida después de la Segunda Guerra Mundial y tiene una doble misión: el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que le sean sometidas por los Estados, de un país contra otro, y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de la ONU que tengan autorización para hacerlo. 

A diferencia de la Corte Penal Internacional (CPI, que también tiene su sede en la ciudad neerlandesa y con la que se le suele confundir), la CIJ sólo puede procesar a estados, per no puede procesar a personas particulares por crímenes de la mayor gravedad, como el genocidio. Sus opiniones tienen peso ante la ONU y otras instituciones internacionales. Moral, sin duda, y de enorme influencia.

La iniciativa sudafricana

El pasado enero, Sudáfrica acudió a la CIJ con la intención de denunciar a Israel por genocidio. Esa es la parte más polémica de su iniciativa, pero no la única, puesto que también buscaba que sea adoptasen medidas de urgencia, provisionales, para evitar más muertes en la franja de Gaza, donde en aquel momento ya se superaban los 23.000 muertos en la ofensiva lanzada por Tel Aviv el 7 de octubre, como respuesta a los atentados de Hamás que dejaron 1.200 muertos y 250 rehenes del lado israelí. 

Sudáfrica defendió en la corte estas medidas, sabedora de que el proceso por supuesto genocidio puede durar años y la emergencia en Gaza es para hoy, para ya. Por ejemplo, reclamó que Israel "suspenda inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza", así como que no participe en actos de genocidio o potencial genocidio ni y que tome medidas razonables para impedirlo, pero también para permitir el acceso de la asistencia humanitaria. Sudáfrica también solicitó informes periódicos a la CIJ sobre estas medidas, para ver si se cumplían. 

En este flanco, la respuesta de la Corte ya llegó: pocos días después de escuchar a las partes, exigió al Gobierno de Benjamin Netanyahu que procediera a "tomar todas las medidas" posibles para "prevenir" el genocidio en Gaza. Debía actuar de forma "inmediata y efectiva" para no dañar a los civiles inocentes e informar en un mes de cuáles eran esas medidas que había tomado. Esas medidas no han llegado, como se ha constatado en estos meses, por lo que en mayo Sudáfrica amplió su demanda nuevamente, informando de la ampliación de las bajas y de los ataques en zonas supuestamente protegidas como Rafah. 

Luego está el genocidio. Sudáfrica alega que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos de Gaza en su réplica al terror de Hamás. Las pruebas presentadas por el país africano afirman que "los actos y omisiones" de Israel "son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino". Esto se refiere tanto a lo que Israel está haciendo activamente, como llevar a cabo ataques aéreos, como a lo que supuestamente no está haciendo, como, según Sudáfrica, evitar daños a los civiles.

El caso destaca especialmente la retórica pública israelí, de sus dirigentes, incluidos los comentarios del primer ministro Netanyahu o su ministro de Defensa, Yoav Gallant, que llamó a los palestinos "animales", lo que a entender del país africano evidencian una "intención genocida". 

Sudáfrica ha sido muy crítica con la operación militar de Israel en Gaza, de los países que van en cabeza en ese bloque propalestino. Como signatario de la Convención sobre Genocidio de 1948 de la ONU, tiene la obligación de actuar, dice. El gobernante Congreso Nacional Africano también tiene una larga historia de solidaridad con la causa palestina que lo pone en primera línea de esta lucha que entienden como hermana. 

Ve paralelismos, sobre todo, con su lucha contra el apartheid, una política de segregación y discriminación racial aplicada por el Gobierno de minoría blanca en Sudáfrica contra la mayoría negra del país, hasta las primeras elecciones democráticas, en 1994. La lucha de Nelson Mandela fue fundamental para cambiar las cosas y el propio líder se declaró numerosas veces a favor de que esa política de ocupación y separación acabase también por parte de Israel y los palestinos lograsen su espacio, su estado soberano.

El país condenó los ataques del 7 de octubre de Hamás y pidió la liberación de los rehenes, sin duda, por lo que reconoce las barbaridades de la milicia armada. No obstante, el aún presidente Cyril Ramaphosa dijo a los líderes judíos sudafricanos que su Gobierno "apoya al pueblo de Palestina, que ha soportado más de siete décadas de ocupación brutal del tipo apartheid".

La CIJ dijo en enero que entendía que se podía estudiar esta causa, porque había de inicio datos que sustentaban la denuncia, aunque tardará mucho en aclararse la investigación formal y, más, en resolver si hay o no condena a Tel Aviv. Existen suficientes pruebas "para concluir que al menos algunas" de las acusaciones de genocidio de Sudáfrica contra Israel "son plausibles", dijo literalmente. 

Qué se entiende por genocidio

Según el derecho internacional, el genocidio se define como la comisión de uno o más actos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Esos actos son:

- Matar o causar daños corporales o mentales graves a miembros de un grupo concreto.

- Infligir deliberadamente a ese grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial.

- Imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo.

- Transferir por la fuerza a niños del grupo a otro grupo diferente.

Lo que mueve ahora Madrid

Esta mañana, Albares ha anunciado que España "va a intervenir en el procedimiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), iniciado por Sudáfrica, ante la situación de Gaza". Ahora tiene que detallar cómo será esa intervención. 

Ha argumentado que la decisión se toma ante la continuación de la operación militar en Gaza y la "enorme preocupación" que suscita la extensión regional del conflicto. "Es un paso que llevamos valorando muchas semanas, que ya han dado otros países y otros han anunciado que van a dar. Nuestro objetivo es doble: que la paz regrese a Gaza y Oriente Medio, y por compromiso con el derecho internacional, ha enfatizado. 

¿Qué supone la orden de Madrid? Nada inmediato, nada que cambie hoy mismo la vida de los palestinos de Gaza, Cisjordania o el este de Jerusalén, pero hay que leer el fondo, como la declaración de Palestina como un igual. avalan al maltrecho Gobierno palestino como interlocutor válido, un igual. Si con el caso del estado se respaldaban las reclamaciones territoriales palestinas, se avalaba a la Autoridad Nacional Palestina como un interlocutor para la paz y un ejecutivo legítimo y se presionaba a la comunidad internacional a tener presentes los derechos de un pueblo, ahora se hace lo propio desde el derecho humanitario. 

España se pone al lado de quienes, a la vista de los datos gruesos de víctimas inocentes en Gaza, entienden que hay que imponer medidas urgentes que palien la situación de los supervivientes y permitan que no haya más heridos ni más asesinados, y a quienes reclaman una investigación veraz de lo que está pasando, independiente y objetiva. Garantías, la del cese de las hostilidades o la entrada de personal que investigue presuntos crímenes, que hoy parecen una quimera. 

Como con el estado, se puede dar un efecto arrastre con otros estados, que puedan sumarse a la demanda o al menos aporten ayuda a la misma, como asesoramiento legal o información. Que un europeo se sume es un mensaje al mundo, que Madrid espera contagioso.

Obviamente, por otro lado, ir a La Haya traerá nuevos reproches de Israel, que ya ha tomad represalias contra el reconocimiento del estado palestino impidiendo la atención consular en la legación de Jerusalén a aquellos palestinos que tengan que cruzar desde la Cisjordania ocupada. Albares ha pedido a Tel Aviv que reconsidere la medida, pero en Israel le han dicho que espere sentado, que irán a más. Está por ver qué nuevas respuestas ordena Netanyahu. Siempre hay dureza contra los países que apoyan a Palestina, pero en este contexto de guerra y de debilidad del primer ministro, los ataques son más duros de lo habitual para España e Irlanda y Noruega, las dos naciones que también reconocieron a Palestina el 28 de mayo. 

El otro proceso contra Netanyahu y Hamás

Al proceso de la Corte Internacional de Justucia se añade que, hace dos semanas, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), ha solicitado una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra. El primer ministro de Israel nunca será juzgado en La Haya, pero el paso dado por Karim Khan, el fiscal británico, es poderosamente simbólico. 

Ha pedido que se emitan órdenes internacionales de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. También, por los mismos motivos, las reclama contra tres de los principales dirigentes de Hamás: Yahya Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámico en Gaza; Mohammed Deif, instigador del atentado del 7 de octubre como líder de las Brigadas Al Qassam, e Ismail Haniyeh, jefe político de Hamás, que vive en Qatar.

Ahora un panel de jueces debe decidir si lanza esas órdenes, un proceso que puede llevar meses, si no años, y que pondría al mandatario del Likud en una lista poco gloriosa en la que está, por ejemplo, Vladimir Putin. Israel no ha firmado el Estatuto de Roma, por lo que no reconoce al tribunal internacional, de ahí que, en el caso de que se concreten, no se verá obligado a detener a Netanyahu y Gallant. Sin embargo, sí están forzados a ello los 124 estados signatarios (España entre ellos), por lo que se les acabaría la posibilidad de viajar a estos países, porque podrían ser arrestados. Estados Unidos, el gran garante de Israel, tampoco reconoce la CPI, sería su clavo ardiendo, pero perderían la opción de estar en multitud de países aliados de Occidente.

Pero aunque nunca acabe detenido, para Netanyahu esta petición es un golpe personal que, además, afecta a la imagen de su país, porque hay se ha planteado una "equivalencia jurídica y moral", dice el diario Haaretz. El fiscal Khan pone el foco en la estrategia política, y no en los generales, a la hora de hablar de "crímenes desmedidos", desde el uso del hambre como arma de guerra, el asesinato, el exterminio y los ataques intencionales a civiles. Habla de "causar intencionadamente muerte, hambruna, gran sufrimiento y lesiones graves" a civiles palestinos.

Netanyahu ha denunciado que el fiscal ha acometido "un ultraje moral de proporciones históricas" con su reclamación, cuando él está "librando una guerra justa contra Hamás, una organización terrorista genocida, que perpetró el peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto". Ataca personalmente al británico Khan, "uno de los grandes antisemitas de los tiempos modernos", al que compara con los jueces de la Alemania nazi que permitieron la Shoa y negaron todo derecho a los judíos. Dice que con sus conclusiones "echa gasolina cruelmente" a la persecución avivada a quien profese el judaísmo, pese a que no hay referencia alguna a religión alguna en todo el documento del fiscal. De hecho, intenta no comparar a los políticos israelíes con los cabecillas de Hamás, sólo enumera presuntos delitos.

Aún está por ver en qué desembocan los dos procesos de La Haya, mientas en Gaza siguen contándose por decenas diarias los muertos y por centenares los heridos.