Pedro Sánchez ante el síndrome de la hoja en blanco: ¿qué hay tras su punto y aparte?

Al contrario de lo que solía hacer José Saramago, que abogaba por la eliminación de la puntuación en gran parte de sus novelas, Pedro Sánchez ha querido poner este lunes un punto y aparte en su etapa como presidente del Gobierno. “He decidido seguir”, dijo, pero con un matiz: “Esto no es un punto y seguido, es un punto y aparte”, comentó.

Un punto y aparte que tampoco es un punto final, como vaticinaban algunos. Sánchez inició un párrafo nuevo en la segunda parte de su Manual de resistencia, aunque por ahora se ve tan solo el cursor parpadeante, a la espera de las letras que puedan dotar de contenido al espacio en blanco. El presidente del Ejecutivo pidió “a la sociedad española” volver a ser “ejemplo de inspiración para un mundo convulso y herido”, mostrando “cómo se defiende la democracia”. “Pongamos fin a este fango de la única manera posible”, señaló. ¿Cómo? “Mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de siglas e ideologías”, una oposición que él mismo se comprometió “a liderar con firmeza”.

¿Pero qué o cómo pretende el presidente poner fin al fango? Los periodistas Xabier Fortes y Marta Carazo indagaron en esta cuestión en una entrevista anoche en TVE sin demasiado éxito. Tampoco lo logró Àngels Barceló esta mañana en Hoy por Hoy. “Si hubiera salido con un plan de regeneración democrático”, contestó Sánchez, la gente podría pensar que sí se trataba de “una maniobra”. El presidente del Ejecutivo apuntó, en todo caso, en tres direcciones pero sin mucho detalle: a nivel político, “dejar el insulto”; respecto a los medios, “rechazar la desinformación y los bulos”; y, en el ámbito judicial, “cumplir con la Constitución”, es decir, renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Las escuetas respuestas de Sánchez, sin embargo, no convencen al espacio político a la izquierda del PSOE. Poco después de su discurso desde la escalinata de La Moncloa, la coordinadora general de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, pidió “llenar de contenido” el punto y aparte. “En primer lugar, tenemos que cumplir íntegramente el acuerdo de investidura e ir más allá”, advirtió Díaz, quien solicitó “abordar la democratización de la justicia, empezando por la ley Mordaza”. “En política, el poder que no se usa, se pierde”, alertó poco después el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. Uno a uno, los ministros de Sumar continuaron con la idea anunciada por Díaz. “No basta con permanecer”, señaló, por ejemplo, el ministro Pablo Bustinduy.

Al terminar la entrevista en la cadena pública, asimismo, desde Sumar insistieron en este asunto, lamentando que se reduzca “el problema al tono de la conversación pública o la desinformación cuando la ofensiva de la derecha es política, judicial y mediática”. “Tenemos que tomarnos en serio el punto y aparte”, señaló la formación de Díaz.

Y no solo desde los socios del PSOE en el Gobierno. ERC, EH Bildu o Podemos, algunos de los partidos que sustentan la legislatura, también exigieron dotar de volumen el punto y aparte. Para Gabriel Rufián, sería un “mal ejemplo si se queda sin hacer nada porque habrá sido un acto de frivolidad y no algo de verdad”. La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua también adelantó que “es el momento de actuar y poner pie en pared ante la derecha reaccionaria en todas sus vertientes con una agenda democratizadora valiente”.

Con más dureza se expresaron desde Podemos. Su candidata a las elecciones europeas, Irene Montero, ha lamentado que "de momento, lo que el presidente ha hecho ha sido alertar sobre la gravedad y el riesgo para la democracia del golpismo judicial y mediático, ha puesto al país cinco días a pensar y después ha salido en dos entrevistas a decir un total de nada". “El Gobierno iba mal y ahora va peor”, zanjó la noche del lunes la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra.

La renovación del CGPJ

Si hay un tema que exige solución inmediata es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano cuyo mandato lleva más de cinco años caducado ante el bloqueo del Partido Popular, en contra de lo que establece la propia Constitución. El fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín considera que la elección de los vocales “debe variarse” para que el CGPJ no sea “ese pastel apetecible que PSOE y PP se reparten desde 1985”.

En estos momentos, la renovación de los vocales del CGPJ debe obtener el apoyo de tres quintos de las Cámaras legislativas, por lo que exige un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, es decir, PP y PSOE. Si el sistema de votación se modificase para permitir el apoyo de la mayoría simple, se acabaría el problema. “Nadie entiende”, asegura Martín Pallín a El HuffPost, “que un presidente del Gobierno pueda salir investido por mayoría simple, pero un vocal del Consejo General del Poder Judicial no pueda hacerlo”.

Y no solo eso, Martín Pallín también comparte la necesidad de restar competencias al CGPJ. “En primer lugar, es importante entender que el poder judicial no es el Consejo General del Poder Judicial”, explica: “El poder judicial está integrado exclusivamente por jueces y juezas independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley. El CGPJ debería tener solamente una función orgánico-administrativa, esto es, la tarea de organizar el funcionamiento del servicio público de la administración de justicia”. “En su actual redacción”, denuncia el magistrado, “se le han dado unos poderes que no tiene ningún país de la Unión Europea, llegando al punto de informar sobre leyes que no tienen nada que ver con el poder judicial, como la de la eutanasia y el aborto”.

Este martes, Podemos registró una Proposición de Ley para cambiar el procedimiento de elección de los vocales "y acabar con el bloqueo democrático del PP". Su propuesta plantea que si en una primera vuelta no se logra el apoyo de los tres quintos de las Cámaras, exista una segunda votación para la que sería suficiente el apoyo de la mayoría absoluta. Desde Sumar ven con buenos ojos la medida. De hecho, su diputado Enrique Santiago anunció esta semana que presentarían varias medidas "para democratizar la justicia". Entre ellas, una "para garantizar que la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial acabe con el secuestro y su bloqueo por parte de la derecha". El secretario general del PCE también anunció una "reforma del acceso a la carrera judicial para democratizarla, para que todos los ciudadanos, al margen de su origen familiar, puedan acceder en igualdad de condiciones".

Respecto esta última propuesta, Martín Pallín considera que “el sistema de selección por oposición memorística es una aberración que solo existe en España”. “En los países civilizados, a un juez se le exige una experiencia antes de entrar, no se le puede encomendar la delicada función judicial a alguien por el simple hecho de memorizar unos temas”, plantea. El exjuez del Supremo propone que se combinen “años de ejercicio con un sistema como el francés, con una escuela judicial autónoma, que permita que entren en la carrera judicial personas que representen el pluralismo que exige la Constitución”.

Preguntado por si los jueces deben asumir responsabilidades si actúan con un afán partidista o un objetivo político y no con sometimiento a la ley, Martín Pallín recuerda que ya existe una “responsabilidad disciplinaria, como la ignorancia inexcusable”. En relación con la admisión de una querella contra la mujer del presidente del Gobierno, el magistrado entiende que “debe razonarse y fundamentarse en derecho”, algo que no ocurre “al no ejercitarse la acción popular”. Eso, dice, “demuestra ignorancia inexcusable”. Martín Pallín reconoce lo “delicado” del tema, si bien aunque “la discrepancia siempre es posible, un juez, cuando admite a trámite una querella, está obligado a razonarlo”.

Los bulos y la desinformación

La solución al tema de los bulos y la desinformación varía en función de cada partido. Podemos solicita una ley de Medios, Más Madrid aboga por la regulación de la publicidad institucional y Sumar, en su programa electoral, contemplaba la aprobación de un Estatuto de la Información "para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico que acabe con las informaciones falsas".

Más allá de insistir en el rechazo a los bulos y la desinformación, el presidente del Gobierno no ha clarificado las actuaciones que llevará a cabo, ni siquiera si tiene algo en mente para evitar la proliferación de mentiras. En la entrevista en la Cadena Ser, de hecho, llamó a una reflexión en los medios de comunicación, aunque estos, como le recordó la periodista Àngels Barceló, no tengan capacidad para legislar.

En plena pandemia, la Fiscalía General del Estado emitió un informe donde ya alertaba de que “las noticias falsas, dependiendo de a qué se refieran y con qué intención sean difundidas, pueden llegar a integrar muy diferentes tipos penales”. En su estudio, Fiscalía advertía de hasta siete tipos de delitos: de odio, descubrimiento y revelación de secretos, contra la integridad moral, desórdenes públicos, injurias y calumnias, contra la salud pública, estafas e intrusismo, y contra el mercado y los consumidores.

A pesar de las discrepancias respecto a cómo abordar este asunto, la realidad es que, al igual que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, también está recogido en la Constitución, en su artículo 20: “Se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Veraz, según la RAE, es aquel o aquello “que dice, usa o profesa siempre la verdad”.

El cursor para iniciar el nuevo párrafo de esta legislatura sigue, por ahora, en pleno parpadeo ante el riesgo de que el presidente del Gobierno caiga en uno de los principales males del escritor: el síndrome de la hoja en blanco.