Trabajo retirará los símbolos franquistas de la sede del Ministerio
El Ministerio de Trabajo continúa a la cabeza a la hora de aplicar la Ley de Memoria Democrática.
El Gobierno de coalición continúa aplicando la Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado mes de octubre y con la que se pretende "recuperar, salvaguardar y difundir" la memoria democrática en España, además de reparar "tantos años de dolor" a las víctimas del franquismo.
En su objetivo de eliminar todo tipo de vestigios, condecoraciones y homenajes a miembros, defensores y altos cargos de la dictadura franquista, en el día de hoy, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha informado de la retirada de cuadros y símbolos franquistas que todavía permanecen en su sede.
Además, Yolanda Díaz ha querido recordar que su ministerio fue el primero en aplicar la normativa, al retirar la medalla al mérito del trabajo a Franco junto a otros altos cargos del régimen en octubre de 2022.
Otra de las preguntas que sobrevolaron la conferencia de prensa fue si el ministerio retirará también el cuadro de José Solís Ruiz, ministro de Trabajo en el gabinete de Carlos Arias Navarro entre 1975 y 1976, ante lo que el ministerio ha afirmado que "se actuará conforme a lo establecido por la Ley de Memoria Democrática.
Los cuatro vetos de la derecha han sido rechazados durante el pleno y la norma será publicada en el Boletín Oficial del Estado al no contar con ninguna modificación.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en declaraciones a Europa Press, han informado de que ellos no tienen cuadros ni retratos del franquismo, en clara alusión a que se está cumpliendo la ley conforme a lo acordado el pasado año.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha retirado en el día de hoy el cuadro de Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, quien heredó la cartera de Franco tras su muerte, con la figura de Juan Carlos I ya como jefe del Estado.
Finalmente, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se ha pronunciado acerca de la retirada del cuadro, alegando que todas las administraciones públicas, estatales, autonómicas y municipales deben adaptar "las circunstancias de cada uno de los edificios a lo que establece la Ley de Memoria Democrática".
