Lo que sí y lo que no han pactado PSOE y Junts en su acuerdo de investidura

PSOE y Junts han rubricado este jueves el pacto de legislatura para hacer presidente al candidato socialista Pedro Sánchez en una sesión que, previsiblemente, se celebrará la próxima semana, entre los días 15 y 16 de noviembre, en el Congreso. 

Un acuerdo en el que ambas formaciones han trabajado meses y que se ha dilatado en la última semana por el interés de las dos partes de dejar bien cerrada la ley de amnistía, pata fundamental del pacto, cuyo contenido se dará a conocer en los próximos días. 

De momento, sobre este asunto, lo único que ha trascendido, de boca del negociador del PSOE, Santos Cerdán, es que abarcará del año 2012 al 2023 y que se circunscribirá, en principio, a los actos relacionados con el procés. 

Sin embargo, el pacto va más allá de la amnistía y recoge otros puntos. Esto es lo que sí han acordado y lo que no han acordado PSOE y Junts. 

Referéndum pactado 

No. Esto no se ha pactado. El acuerdo simplemente recoge las diferencias entre ambas formaciones. Lo hace al principio del documento, cuando resalta que, "por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017"; mientras que, "por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral". 

Esto no les impide constatar, indican, "que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones".

Sobre el referéndum, también dejan claras las diferencias: "Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución". 

Mientras, el PSOE, propone otra vía para dotar de más autonomía a la región: "El PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña". 

Cesión de todos los tributos a Cataluña

Tampoco se ha pactado esto. Como en el caso del referéndum, ambas partes constatan sus diferencias. 

Así, Junts sí que propone "de entrada" modificar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en la que se establezca "una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña". 

Pero los socialistas no están en esas y plantean otra opción: "El PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña". Esto apunta a la medida que sí se acordó con ERC, la condonación de parte de la deuda catalana con el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico. Es decir, con el Estado. Unos 15.000 millones de euros, el 20% del total. 

Que el Congreso 'juzgue' a los jueces

Esto, como tal, no se recoge en el acuerdo, aunque sí se menciona el 'lawfare', lo que se conoce como 'judicialización de la política' con la que, según los independentistas, la derecha habría perseguido a sus líderes por motivos ideológicos. 

Después de explicar que la ley de amnistía "debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", se indica que se llevarán a cabo "comisiones de investigación" en la próxima legislatura cuyas conclusiones "se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". 

Esta es la única mención que se hace al 'lawfare' en el documento, pero ha sido suficiente para la queja unánime de las asociaciones de jueces, que han firmado un manifiesto donde critican la inclusión de este término por las "consecuencias" que puedan acarrear: 

Un mediador

Era una de las exigencias de Carles Puigdemont y sí se recoge una figura similar en el acuerdo. 

En el documento se indica que "para la consecución" de lo pactado "y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos", los dos partidos acuerdan "dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue".

Según ha dicho Carles Puigdemont en su intervención de este jueves, esta figura será "una tercera parte que esté presente siempre en las conversaciones" y que "no puede ser ni catalán ni español, y por lo tanto tiene que ser internacional".

El líder oficioso de Junts ha asegurado que si él tuviera que formar parte de las negociaciones con el mediador internacional, tendrían que celebrar los encuentros fuera de España, porque sigue en vigor la orden de detención del Tribunal Supremo.

Participación de Cataluña a nivel internacional

Esta es otra de las partes acordadas sin matices entre ambos partidos en el documento, ya que se indica que se abordará "la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales". 

Y se agrega que será "particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio". 

El Gobierno español ya peleó en septiembre que el Consejo Europeo reconociese las lenguas cooficiales españolas —entre ellas, el catalán— como lenguas oficiales de la UE. Algo que, por el momento, ha quedado pospuesto para más adelante tras las reticencias de algunos países. 

Todos los acuerdos alcanzados por PSOE y Junts están circunscritos al apoyo de los independentistas catalanes con su 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez la próxima semana y a que lo pactado se cumpla, como se indica en el último punto del documento.