La Xunta de Galicia aprueba la Declaración de Impacto Ambiental a la macrocelulosa de Altri: la pelota, en el tejado del Gobierno

El guion vaticinado amenaza con cumplirse, punto por punto. El proyecto de la multinacional lusa Altri para erigir en Palas de Rei (Lugo) una macrofactoría de pasta de celulosa y, en menor medida, fibra textil lyocell, ha recibido un nuevo espaldarazo de la Xunta de Galicia que dirige el sucesor de Feijóo, el popular Alfonso Rueda. Este viernes, ha sido autorizada su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Tal y como auguraban desde la plataforma que lucha para tumbar la propuesta, la Xunta ha dado luz verde al segundo gran requisito necesario para el avance de este proyecto, que supondría erigir en una zona rural, dependiente de la agroganadería y el turismo del Camiño de Santiago, una megafactoría que utilizaría a diario tanto agua como consume la misma provincia para devolverla al río tras un tratamiento. 

Dicha DIA ha sido publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOGA). No obstante, la empresa al cargo, Greenfiber, deberá contar igualmente con todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes pertinentes, aunque disponga de esta declaración positiva. No obstante, con la publicación de la DIA sí se concretan varios asuntos clave. 

Independientemente, la Plataforma Ulloa Viva no ha tardado en pronunciarse sobre la noticia. Un nuevo "mazazo" que para nada es inesperado. A su juicio, se cierra una de las vías de lucha y se ilumina el camino a seguir. "Vamos a parar este proyecto por la vía administrativa o  por la judicial", ha explicado la portavoz Marta Gontá, tras señalar que la "Xunta que viene actuando como juez y caso".

¿Qué concreta la Declaración de Impacto Ambiental sobre las condiciones que debería tener la megapapelera?

Con la publicación de la DIA se confirma que dan por buenos los cambios que realizó la empresa respecto al proyecto inicial, prometiendo que se usarán los que denominan como tecnologías avanzadas para la gestión del agua. Esto se trataría de un sistema de captación de un caudal máximo de 46.000 m³ diarios que se sacarán del embalse de Portodemouros.

De esta forma, se confirma que habrá que realizar una importante obra. Tendrán que construir una estructura flotante que llevará acopladas una serie de motobombas destinadas a subir el caudal de dicho embalse para llevar el agua hasta la estación de bombeo. Ese sistema pasará por los siguientes términos municipales: Palas de Rei (Lugo), Santiso (A Coruña) y Agolada (Pontevedra). No solo eso, lógicamente, la DIA también obliga a crear y operar estaciones de tratamiento para las aguas residuales generadas.

Respecto al proceso de tratamiento, una de las cuestiones que más rechazo y dudas ha generado en el seno de la plataforma, se realizará en una estación de tratamiento de aguas residuales industriales (ETARI) que tendrá un caudal de vertido de 30.000 m3/día. El proceso de tratamiento no termina ahí. Altri también deberá contar con otro espacio para las aguas residuales sanitarias generadas durante la explotación, que se resolverá estación depuradora de aguas residuales (EDAR) compacta y modular, con una capacidad de 50 m3/día.

¿Y ahora qué?: los siguientes pasos y movimientos... de una pelota en el tejado del Gobierno central y la UE

Una vez conocido que el proyecto de Altri ha sorteado tanto la concesión del permiso de Aguas de Galicia -otro informe que ha sido cuestionado por la plataforma y la propia oposición gallega-, como la Declaración de Impacto Ambiental, las grandes preguntas que surgen a un lado u a otro se mueven entre el ¿y qué viene ahora? o el ¿aún se puede parar? Ambas respuestas están completamente ligadas.

El proyecto de Altri necesita de fondos europeos para ser viable económicamente, una cuestión que siempre ha reconocido la propia multinacional. Sin embargo, si se los concederán o no es una cuestión que pone la pelota de todo el conflicto ya en Madrid y sobre el Gobierno central. Es ahora el Ministerio de Industria el que deberá resolver si este proyecto es compatible con el PERTE de descarbonización. Todo ello mientras se espera un pronunciamiento o una postura clara de un Ministerio de Transición Ecológica que parece pasar de puntillas sobre este asunto. 

Lo cierto es que esta cuestión ya ha sido llevada al Parlamento Europeo por formaciones como el BNG, que quieren que Bruselas se pronuncie sobre si este proyecto es compatible con postulados comunitarios como la soberanía alimentaria, el cuidado del medioambiente y la defensa de las aguas, la pesca y el marisqueo. Sectores que se sienten amenazados ante posibles aumentos de temperatura de las aguas del río Ulla que acaben echando al traste el motor económico que representa la ría de Arousa.

En este sentido, el ministro Jordi Hereu ha respondido a las preguntas de la prensa sobre Altri, durante unas declaraciones tras un encuentro con el director ejecutivo de CELSA en Barcelona. Lo ha hecho mostrándose cauteloso, al tratarse de una iniciativa que opta a entrar en los fondos del PERTE de descarbonización, y recordando que todavía está siendo analizado.

En esa línea, el titular de Industria ha apuntado que "Altri es un proyecto industrial sobre el que el Ministerio de Industria está tramitando como hacemos con muchos otros proyecto industriales" y que "está en proceso de análisis técnico". Con todo, no ha obviado que "saben que es un proyecto sobre el que hay mucho debate social". Así, ha afirmado que "nosotros estamos en la posición de tramitar como cualquier otro proyecto industrial. Por tanto, no tengo nada más que añadir".

Rueda arroja el guante a Madrid y saca balones fuera tras la sentencia judicial que tumba la privatización de informes 

Como era de esperar, el PP de Galicia tampoco ha esperado para su siguiente movimiento. Una vez despejado el camino a Altri en el plano autonómico, el mandatario gallego, Alfonso Rueda, ha arrojado un guante al Gobierno central pidiéndole que se posicione y mueva ficha.

"Le toca ahora al Gobierno central mover ficha. Decía que en función de si los informes eran favorables o no actuarían en consecuencia con respecto a la financiación y a la conexión eléctrica necesaria", ha explicado, a preguntas de la prensa, durante un acto en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

"Serían técnicos de la Xunta los que emitirían los informes correspondientes después de examinar toda la documentación y, si entendían que era favorable, la DIA sería favorable. Y así fue", ha defendido el sucesor de Núñez Feijóo al frente de la Xunta, reiterando sus peticiones de "respeto" a "34 técnicos diferentes que emiten más de 40 informes" -hay que recordar que hubo técnicos que han denunciado presiones, según el BNG-.

Y esta última no es una cuestión cualquiera. Ha cobrado especial relevancia tras trascender, ayer jueves, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón al sindicato gallego CIG (Comisión Intersindical de Galega) en su denuncia sobre el decreto de la Xunta que permitía que empresas privadas o entidades públicas realizasen los informes y estudios de Declaración de Impacto Ambiental.

Rueda ha confirmado que "no está de acuerdo con ella" y presentarán recurso desde el Ejecutivo autonómico, después de que el Superior gallego lo haya anulado parcialmente al entender que se podía incurrir en una privatización encubierta. El presidente de la Xunta ha prometido que se cumplirá la sentencia: "Hay que acatarla. Nunca me escucharán ustedes criticar decisiones de los jueces. Lo que decimos es que no estamos de acuerdo, sobre todo viendo que, una vez más, es en sentido contrario a lo que vemos en otras comunidades autónomas".

Pero hay una salvedad respecto a Altri. Según el propio Rueda, este fallo judicial no afecta para nada al caso de Altri, recordando que fueron técnicos de la Xunta de Galicia los que han realizado el informe que ha sido publicado hoy en el DOGA. Con todo, y más allá de esa DIA, Augas de Galicia sí contó con participación de dos centros universitarios en la elaboración de estudios que después fueron tenidos en cuenta para la autorización de ese organismo. Así lo recogió La Voz de Galicia aludiendo a la implicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Universidad de Oviedo.