Las familias con víctimas en Cuelgamuros acuden al Defensor: siete años esperando las exhumaciones
Sale Franco, sale Primo de Rivera... pero no salen los hermanos Lapeña y el otro centenar de asesinados cuyos restos han sido reclamados por sus allegados.
Lo adelanta este jueves la Cadena SER: los familiares de las víctimas del franquismo inhumadas en el Valle de Cuelgamuros (o lo que es lo mismo, el Valle de los Caídos según la vieja denominación fascista) han decidido acudir al Defensor del Pueblo con un escrito de queja ante la falta de respuesta del Gobierno central para sacar a sus allegados del recinto. No es sólo un deseo, sino el cumplimiento de una sentencia firme que obliga al Estado a exhumar, por ejemplo, los restos de los hermanos Lapeña y hasta 100 asesinados más.
Según detalla la información, estas familias "están hartas de buenas palabras, de gestos sin trascendencia de un Ejecutivo que lo único que ha hecho es sacar de la abadía a (Francisco) Franco y a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange". Ha habido salida, con un enorme impacto mediático, mientras que las familias de los otros malenterrados llevan siete años esperando que la sentencia se convierta en realidad. Como dicen en su texto ante Ángel Gabilondo, creen que se está vulnerando la obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir las sentencias.
Los afectados por esta demora recuerdan, además, que para extraer a Franco y a Primo de Rivera el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "ha actuado de oficio, sin fallos judiciales que le obligaran". Y añaden una queja, menor pero que les irrita: dicen que en la web sobre el Valle que ha creado La Moncloa se usan "imágenes de estas familias sin su consentimiento", mientras "se silencia que exista una sentencia judicial".
Cómo están las cosas
En marzo, el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos, al rechazar el recurso presentado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, último escollo jurisdiccional que frenaba las extracciones de los cadáveres. Así consta en una providencia, en la que los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativo inadmiten el recurso de casación interpuesto contra la sentencia, de 20 de junio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a la licencia urbanística para la rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
La resolución recurrida acordó levantar la medida cautelar que impedía las extracciones de restos mortales de las criptas al entender que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría "una transformación urbanística irreversible de las criptas". En noviembre de 2021, el juez de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid acordó suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.
En concreto, se tratar de recuperar los restos de 118 víctimas reclamados por sus familias, de los que hay constancia expedientes reclamando lo que quede de sus cuerpos. El proceso ha ido sufriendo innumerables retrasos debido a que grupos profranquistas presentaron recursos en cascada ante los tribunales para tratar de evitarlo y cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a las familias de los represaliados el pasado julio y ordenó levantar las medidas cautelares impuestas por el Juzgado Número 10 de Madrid, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial alegó que la sentencia no era firme y se negó a conceder la licencia de obra necesaria. Por este motivo, la alcaldesa, Carlota López Esteban (PP) tuvo que declarar incluso el pasado enero en los juzgados, acusada de prevaricación administrativa por los representantes de las familias.
Cuanto más tiempo se tarde en este proceso, menos posibilidades de que queden familiares vivos que queden resarcidos con un poco de reparación. Es lo que ocurre con los allegados de los hermanos Lapeña, los que abrieron el camino a estas reclamaciones de exhumaciones. Llevan esperando desde 2016, cuando una sentencia autorizó el proceso para sacar de allí a Manuel y Antonio. Según el Gobierno, un equipo compuesto por varios forenses, antropólogos y ayudantes prepara la exhumación de 118 víctimas, entre ellos, estos aragoneses fusilados en 1936 en Villarroya de la Sierra. La actividad del grupo de profesionales, que dirige el forense Francisco Etxebarria quedaron paradas por el lío judicial.
El pasado diciembre, se creó un laboratorio en la basílica de la Santa Cruz del conjunto monumental para establecer un protocolo para la identificación de los restos. Un hecho que transmitió “fundadas esperanzas” a los miembros de la Asociación Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (Afperv). El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática solicitó en abril de 2021, a través de Patrimonio Nacional, la licencia urbanística para iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo, que fueron inhumadas en las criptas de la basílica de la Santa Cruz y que reclamaron sus familiares.
