¿Qué pasa con los otros enterrados en Cuelgamuros? ¿Y con los monjes?

José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, está ya saliendo de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos. Ya no está él, ya no está Francisco Franco, ninguno preside el altar mayor de la basílica que corona el monte madrileño. Pero con esa doble e histórica exhumación aún no estará acabada la transformación del recinto, impulsada por el Gobierno central a través de la Ley de Memoria Democrática. Falta mucho, quedan flecos muy sensibles. Dos fundamentales: la exhumación de los restos reclamados por familiares de los enterrados, en unas criptas menos vistosas y floreadas en las que yacen al menos 33.833 personas, y la expulsión de los monjes benedictinos que mandan en la basílica. 

En el primero de los casos, el mes pasado, el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos, al rechazar el recurso presentado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, último escollo jurisdiccional que frenaba las extracciones de los cadáveres. Así consta en una providencia, en la que los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativo inadmiten el recurso de casación interpuesto contra la sentencia, de 20 de junio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a la licencia urbanística para la rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

La resolución recurrida acordó levantar la medida cautelar que impedía las extracciones de restos mortales de las criptas al entender que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría "una transformación urbanística irreversible de las criptas".

El Alto Tribunal inadmite a trámite el recurso por incumplimiento de los requisitos exigidos por falta de fundamentación suficiente y sin que se haya justificado debidamente y con precisión la presunción incorporada al precepto para hacerla valer en sede casacional.

En noviembre de 2021, el juez de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid acordó suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.

La suspensión se produjo al considerar que se podrían producir daños irreparables antes de que se entre en el fondo del recurso interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

En concreto, se tratar de recuperar los restos de 118 víctimas reclamados por sus familias, de los que hay constancia expedientes reclamando lo que quede de sus cuerpos. El proceso ha ido sufriendo innumerables retrasos debido a que grupos profranquistas presentaron recursos en cascada ante los tribunales para tratar de evitarlo y cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a las familias de los represaliados el pasado julio y ordenó levantar las medidas cautelares impuestas por el Juzgado Número 10 de Madrid, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial alegó que la sentencia no era firme y se negó a conceder la licencia de obra necesaria. Por este motivo, la alcaldesa, Carlota López Esteban (PP) tuvo que declarar incluso el pasado enero en los juzgados, acusada de prevaricación administrativa por los representantes de las familias.

Cuanto más tiempo se tarde en este proceso, menos posibilidades de que queden familiares vivos que queden resarcidos con un poco de reparación. Es lo que ocurre con los allegados de los hermanos Lapeña, los que abrieron el camino a estas reclamaciones de exhumaciones. Llevan esperando desde 2016, cuando una sentencia autorizó el proceso para sacar de allí a Manuel y Antonio. Según el Gobierno, un equipo compuesto por varios forenses, antropólogos y ayudantes prepara la exhumación de 118 víctimas, entre ellos, estos aragoneses fusilados en 1936 en Villarroya de la Sierra. La actividad del grupo de profesionales, que dirige el forense Francisco Etxebarria quedaron paradas por el lío judicial. 

El pasado diciembre, se creó un laboratorio en la basílica de la Santa Cruz del conjunto monumental para establecer un protocolo para la identificación de los restos. Un hecho que transmitió “fundadas esperanzas” a los miembros de la Asociación Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (Afperv). El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática solicitó en abril de 2021, a través de Patrimonio Nacional, la licencia urbanística para iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo, que fueron inhumadas en las criptas de la basílica de la Santa Cruz y que reclamaron sus familiares.

Y luego están los religiosos: hasta ahora, el complejo que se está resignificando ha sido administrado por la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por un decreto de 1957 para "rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional". Un convenio de 1958 encomendó esa tarea a la comunidad benedictina, concretamente. Cuando se exhumó a Franco el prior se opuso al traslado y hasta estuvo a punto de ser detenido. La Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado octubre establece en su artículo 54.5 que “se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. Esa extinción se materializará al entrar en vigor un real decreto -todavía no aprobado- que “establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial”.

Su presencia en la zona no tiene sentido hoy con el proyecto de estudio de la memoria que se tiene pensado para el recinto, un centro de interpretación que deje de ensalzar a los golpistas y explique realmente lo ocurrido.