Es una obligación: las propuestas de Sánchez respecto a los medios es lo recogido en la nueva Ley Europea

Por mucho que Pedro Sánchez las incluya en el marco del Plan de Regeneración Democrática, y que Alberto Núñez Feijóo pretenda exagerarlas asegurando que atentan contra la libertad de prensa, la realidad es que las propuestas del presidente del Gobierno respecto a los medios de comunicación son de obligado cumplimiento para España a partir del 8 de agosto de 2025. Porque no son nuevas, todas forman parte del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que la Unión Europea aprobó el pasado mes de marzo. Con los votos a favor, por cierto, tanto del PSOE como del PP.

Es más, la ponente del reglamento que proponía la nueva norma fue una eurodiputada del Partido Popular Europeo, Sabine Verheyen. “La libertad de prensa está bajo amenaza en todo el mundo, también en Europa”, declaró Verheyen para defenderla: “Esta ley es nuestra respuesta y marca un punto de inflexión. Valora y protege el doble papel de los medios como un negocio y como guardianes de la democracia”.

El reglamento, que dará lugar a la nueva Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación busca, entre otras cosas, proteger el trabajo de los periodistas, garantizar la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, generar transparencia respecto a la propiedad de los medios, regular la asignación de publicidad pública o proteger a los medios de las grandes tecnológicas.

Esto es lo que propone la nueva ley, de obligado cumplimiento para todos los Estados Miembros.

Protección del trabajo de los periodistas.

Los países miembros de la Unión Europea tendrán prohibido presionar a periodistas y editores para que divulguen sus fuentes. No podrán ser detenidos, sancionados ni espiados con, por ejemplo, programas de vigilancia intrusivos, excepto en casos muy específicos en los que, siempre mediante autorización judicial, haya que investigar delitos graves sancionados con penas de prisión.

Independencia editorial de los medios de comunicación públicos.

La norma establece también la prohibición de que haya utilización política de los medios de comunicación de titularidad estatal, como sería el caso de RTVE en el caso del Gobierno de España. Sus directores y miembros del Consejo de Administración tendrán que ser seleccionados a través de un procedimiento transparente y no discriminatorio. Asimismo, la financiación de estos medios deberá ser de igual modo transparente y basada en procedimientos objetivos.

Transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación.

Todos los medios de comunicación, sean privados o públicos tendrán que publicar en una base de datos estatal la identidad de sus propietarios.

Asignación equitativa de publicidad pública.

Los medios tendrán la obligación de informar sobre los fondos públicos que perciban tanto en concepto de publicidad como en forma de subvenciones, incluso si los ingresos provienen de otros países. Los organismos públicos tendrán que ser también transparentes e informar de los fondos públicos que destinen a los medios, especificando cuáles y garantizando un reparto equitativo.

Proteger a los medios de comunicación europeos frente a grandes plataformas.

Las grandes tecnológicas no podrán eliminar o restringir arbitrariamente contenidos de medios independientes. Tendrán que distinguir entre medios independientes de fuentes no independientes e informarán a los medios cuando tengan intención de eliminar o restringir su contenido. Estos tendrán 24 horas para contestar a la solicitud y las grandes plataformas solo podrán eliminarlos o restringirlos cuando haya respuesta siempre y cuando esté justificado.

El Comité de Medios

Se creará el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, que sustituye la actual Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual. Será independiente y no podrá pedir ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno, institución, persona u organismo.