No es fácil para Pedro Sánchez que encajen todas las piezas. Y menos, en lo relativo al gasto en Defensa. El mensaje que traslada en Bruselas es que España cumplirá con sus compromisos, aunque dicha afirmación esconda detrás muchos matices. "Este momento histórico exige asumir responsabilidades en seguridad y en defensa", ha afirmado tras verse con los cancilleres comunitarios. Mide cuidadosamente sus palabras, para que las costuras no salten ni en el Gobierno ni tampoco en el Congreso de los Diputados.

En el entorno de Sánchez interpretan que el respaldo de Yolanda Díaz, su vicepresidenta, está controlado. "No se va a tocar el gasto social", dijo Sánchez en el pleno monográfico del miércoles sobre esta cuestión. Ahora, lo que esperan en el ala socialista es que Díaz "haga sus deberes" y controle al conglomerado de partidos que conforman Sumar. "Aquí cada uno tiene que hacer su trabajo", deslizan fuentes socialistas.

Con una posición del Gobierno única, Sánchez busca opciones para que todo el gasto militar se pueda ir materializando sin que afecte a unos Presupuestos que, de aprobarse, verán la luz el próximo año. "Si ya es difícil sacar adelante las cuentas, si encima la partida de Defensa está disparada, más complicado todavía", traducen fuentes parlamentarias. Los socios del PSOE ya han dejado claro su "no" de partida con Podemos abanderando el rechazo.

El equilibrio es complejo, reconocen en Moncloa, y eso inquieta a sectores de la UE. El jueves, el secretario general de la alianza atlántica, Mark Rutte, afirmó que "España quiere llegar al 2% del PIB en gasto militar este verano". De inmediato, Moncloa tuvo que matizar: "Nos acercaremos todo lo posible". Además, el presidente ha rehusado ni tan siquiera contestar a la posibilidad de llevar tropas a Ucrania como defienden en Francia y Reino Unido.

"Es prematuro hablar de eso", responden desde el departamento en Defensa. Ministros consultados reconocen que el Gobierno no está ahora en ese escenario, que desestabilizaría aún más al Ejecutivo y sus respaldos en la Cámara. "España no es un país belicista. A la gente, todo este debate le pilla muy lejano. Mandar soldados españoles conlleva unos riesgos enormes y hay que ser prudentes", deslizan fuentes gubernamentales.

Tampoco el Partido Popular se quiso pillar los dedos en este sentido. Le preguntaron a Alberto Núñez Feijóo, pero evitó contestar con claridad. "Es un riesgo que ha de asumir el Ejecutivo", afirmaron desde su equipo. Esto es, se lavan las manos. El HuffPost ya informó de que la interlocución entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición no fue a más tras la breve reunión de sus líderes en Moncloa. Además, Defensa ha descartado de plano la reunión con la cúpula militar que reclamaba el gallego, emulando a José María Aznar en 1994.

Al embrollo militar, se suma la recurrente sensación en la coalición de que "lo que hacemos es resistir pero no gobernar", en palabras de un alto cargo de Sumar. La queja suele ser recurrente en boca de la vicepresidenta Díaz, que a última hora logró apuntarse una victoria y torcer el brazo a María Jesús Montero, pactando que quienes perciban el salario mínimo no tributarán por el IRPF este 2025.

Un líder territorial del PSOE admite esa sensación: "Sobre el gasto en Defensa vamos a rastras, no tenemos Presupuestos… el Gobierno tiene que reaccionar y ponerse las pilas". De hecho, en relación al choque entre Montero y Díaz, opina que lo único que demuestra es “la división” del gabinete. "Eso se tuvo que negociar y pactar a puerta cerrada y nos habrían ahorrado este espectáculo".

Tres años de Feijóo

En el PP tampoco dan con la tecla en su relación con Vox, su partido aliado. Se cumplen tres años desde que Alberto Núñez Feijóo se hiciera oficialmente con las riendas de la formación, y en privado admiten que continúa siendo una asignatura pendiente. Con el gallego en Madrid, hubo quien creyó que a los de Santiago Abascal les esperaba el mismo destino que a Ciudadanos, pero hoy por hoy por hoy siguen siendo imprescindibles.

En política internacional, Feijóo no ha dudado en escenificar su distanciamiento con Abascal. Lo hizo ni más ni menos que en el Congreso esta semana. "Decir que soy un sanchista es reírse no solo de sus votantes sino de todos los españoles", le espetó. Pero, en la práctica, ha avalado el acuerdo presupuestario con Vox en la Comunidad Valenciana y ha dado luz verde para que se materialicen también en Aragón y la Región de Murcia. Podría sonar la campanada en Baleares, aunque es más difícil.

El debate sobre cómo actuar con Vox es igualmente de habitual en las filas populares. Están los que plantean ignorarles —Feijóo estaba aquí hace tres años—, los que abogan por pasar al ataque "y demostrar su inconsistencia" y los que creen que hay que "abrazarles" y tratarles como un "socio amigo". No hay unanimidad en la estrategia. Pero sí es muy mayoritario un pensamiento: "Si da la suma para echar a Sánchez, hay que sacarlo de la Moncloa. Nuestros votantes jamás nos perdonarían que no lo hiciéramos", en palabras de un alto cargo del PP.