El PP escenifica en el Senado su "ofensiva sin cuartel" al Gobierno a cuento de la amnistía

No importa lo que detallase el único punto del orden del día de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Por mucho que el calendario hablase de “Debate y, en su caso, aprobación del Informe acerca del contenido autonómico de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía”, esta mañana, la Sala de Europa del Senado ha sido tan solo un escenario de la representación de un guion escrito y representado hace semanas. Una lectura de diferentes versiones del libreto, en esta ocasión además sin réplica.

Pese a que hay ya una Comisión en el Senado encargada de tramitar la proposición de ley de amnistía, el Partido Popular ha querido llevar también la norma a la Comisión de las Comunidades Autónomas con la finalidad de que la mayoría de sus líderes regionales pudiesen desplegar y hacer gala del parecer de la formación. Con la ausencia de los presidentes autonómicos del PSOE y también de una representación del Gobierno, en lo referido a los líderes autonómicos la única voz discordante la puso el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, con la mirada puesta en las elecciones catalanas.

Para llegar a esta tentativa de debate, el Partido Popular ha solicitado varios informes al Senado, donde tienen mayoría absoluta, acerca de la posible inconstitucionalidad de la proposición de ley de amnistía. La última de ellas, sobre el contenido autonómico de la misma. Las resoluciones, a las que ha tenido acceso El HuffPost, no son fortuitas. Según la Secretaría General del Senado, el texto es “claramente inconstitucional” y “vulnera varios principios, valores y derechos fundamentales que se contienen en la Constitución”.

La disputa escenificada esta mañana forma parte de la estrategia proclamada por el Partido Popular que busca dilatar al extremo la aprobación de la norma mediante el desafío del Senado al Congreso.

Aunque el Gobierno ha rechazado acudir al Senado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha definido la reunión de la Comisión de Comunidades Autónomas como un “numerito del PP”. “Como no les gustó nada el informe de la Comisión de Venecia que respaldó la amnistía, ahora se piden informes a sí mismos”, ha escrito Bolaños para después preguntarse “¿qué dirá el informe del PP pedido por el PP?” “Qué intriga”, ha ironizado. La opinión de Bolaños resume la excusa esgrimida tanto por el PSOE como por el Ejecutivo para no participar en lo que consideran un “uso partidista” de la Cámara Alta.

El "troleo" de Pere Aragonès

Quien sí ha acudido es Aragonès, que hace unos días advirtió que iría a “trolear al Partido Popular”. El troleo, no obstante, ha tenido también como objetivo el PSOE. Aragonès ha recordado las opiniones respecto a la amnistía de Miquel Iceta y a Salvador Illa, candidato del PSC en los próximos comicios catalanes: “Todos decían que la amnistía era imposible, que era inconstitucional. Si hoy estamos aquí es porque de la noche a la mañana dejó de ser imposible e inconstitucional”. Y ha anunciado: “Igual pasará con el referéndum”.

Porque Aragonès ha aprovechado el espacio ofrecido por el Partido Popular para advertir que la amnistía es tan solo un paso en la vía de negociación con el Gobierno. ¿Lo siguiente? Que Cataluña pueda decidir sobre su futuro. “Si quieren seducir a Cataluña”, ha dicho Aragonès, “atrévanse a dejar que decidamos democráticamente”. El líder de ERC ha destacado que Cataluña “aspira a la plena libertad, a decidir con un referéndum”, una votación que ve “inevitable” y que quieren “de manera inmediata”. Ya fuera del Senado, en declaraciones a periodistas, Aragonès ha especificado que los plazos de ese referéndum dependen de la “fuerza democrática” que puedan logar el próximo 12 de mayo.

Tras Aragonès, llegó el turno de los presidentes autonómicos del Partido Popular, con la inconstitucionalidad y la advertencia del “separatismo” como motivos centrales y con Isabel Díaz Ayuso como principal vocera de la diatriba. Ayuso, que ha definido la amnistía como “un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho”, ha llegado a afirmar que son tiempos en los que “Sánchez blanquea el plan criminal ensoñado por ETA y pone a redactar las leyes a los mismos condenados por el Tribunal Supremo”.

Los líderes regionales del Partido Popular han mantenido a lo largo de sus intervenciones dos muletillas constantes: la amnistía, además de un “golpe”, ataca el estado autonómico al abrir la puerta a una posible independencia de Cataluña, y si existe es porque Sánchez la necesita para seguir gobernando. “La amnistía es solo el primer paso”, ha señalado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha hablado del “intento de secesión” como un “atentado grave” contra la solidaridad entre territorios.

Pese a la pretensión del despliegue, lo cierto es que la maniobra del Partido Popular se ha visto rebajada ante la ausencia de algunos de sus líderes territoriales, como el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, o el presidente de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, que sí acudieron a la Comisión de Comunidades Autónomas del pasado 19 de octubre, cuando su formación denunció al completo una ley de amnistía todavía sin redactar.

Un conflicto sin precedentes

Lo sucedido esta mañana en el Senado es, sin embargo, apenas un indicio de lo que ocurrirá esta semana: el Partido Popular aprobará este miércoles el inicio de un choque institucional entre el Congreso y la Cámara Alta, un hecho sin precedentes. Es lo que se conoce como conflicto entre órganos constitucionales, una medida que propone en su informe la Secretaría General del Senado ante lo que consideran un texto, el de la ley de amnistía, “con posibles vicios de inconstitucionalidad, materiales y formales”.

Al abrir este escenario, lo que hará el Partido Popular es utilizar el Senado para exigir al Congreso que retire la proposición de ley de amnistía, al considerar que debería tramitarse como “reforma constitucional” y no como “ley orgánica”. El Congreso, donde el texto se aprobó por mayoría, tendría entonces que contestar si la retira o no. Si se niega a la exigencia, o da el silencio por respuesta, el Senado, es decir, el Partido Popular, acudiría al Tribunal Constitucional para que dirima el conflicto. Sea como fuere, ninguna de las opciones frenaría los plazos para la tramitación de la ley.

Este empleo del Senado ya lo avisó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado mes de enero. “Vamos a contrarrestar la humillación que se vive en el Congreso, donde las minorías mandan, para que en el Senado los grupos parlamentarios puedan hablar, favorecer las discusiones y puedan comparecer y pedir los informes preceptivos que el Congreso omite cuando aprueba proyectos de ley determinantes”, dijo.

Feijóo recordó entonces que son “el grupo de la mayoría absoluta en la Cámara [el Senado]” y que iban a “invertir la mayoría absoluta en recuperar la dignidad del parlamentarismo y poner las Cortes al servicio de los españoles en lugar de al servicio de las minorías”. “Por eso - prosiguió - os dije que os iba a pedir más trabajo”: “No vamos a dar descanso al Gobierno, seguiremos con nuestra ofensiva sin cuartel a este Gobierno que esté abandonado a las minorías”.

Desafección y descrédito

A este contexto de choque institucional se le suman además las diferentes comisiones de investigación respecto a la corrupción en la compra de mascarillas, con el caso Koldo de fondo, propuestas por el PSOE en el Congreso y por el PP en el Senado, un escenario en el que ambas formaciones protagonizan un enfrentamiento centrado en los nombres y apellidos de las personas que deberían comparecer.

Y detrás de todo ello, un riesgo: la desafección y el descrédito de las instituciones, tal y como alerta a El HuffPost el politólogo y profesor de la Universidad Carlos II Pablo Simón. Simón distingue, no obstante, "dos planos". Para él, el conflicto institucional entre dos Cámaras con mayorías de diferentes colores entra "dentro de la lógica de una democracia avanzada". Lo que más le preocupa es "la pseudoguerra de las comisiones", que únicamente "incrementa el cinismo en la población". "No parece que haya una dinámica para esclarecer los casos de corrupción, sino más bien un querer desgastar al contrario", avisa.

Este marco hace que se incremente la "desafección". Ante el ruido, la ciudadanía, explica, se "inhibe ante la política": "Los niveles de interés han caído a cifras de 2011 y 2012", relata Simón. El politólogo no se muestra además optimista respecto a la evolución del clima de exacerbación. "No tiene pinta de mejorar", cuenta: "Da la sensación de que se ha entrado en una lógica en la que además polarizan solamente PP y PSOE, lo que les permite invisibilizar a sus socios parlamentarios, Sumar y Vox".

Para Simón, lo más grave es la "degradación de la calidad de nuestra democracia", algo que "no es buena noticia y da lugar a que demagogos, populistas o arribistas vean una ventana para trabajar en el desarme de nuestro modelo democrático".