El Gobierno está en funciones, ¿qué pasa ahora con los Presupuestos y con los fondos europeos?

Desde este martes, el Gobierno al completo está oficialmente en funciones después de que el Boletín Oficial del Estado publicase el cese tanto del presidente como del resto de componentes del Consejo de Ministros. 

Es un paso marcado por la Constitución y por la Ley de Gobierno, que en su artículo 21 dice que "el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales" y que "continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno". Eso sí, con limitaciones. 

Estas se establecen en los puntos tercero y cuarto de este artículo, que limitan la acción del Ejecutivo a "su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". De tal modo, un Gobierno en funciones no puede disolver las Cortes, plantear cuestiones de confianzas, ni convocar referéndums consultivos.

Pero tampoco puede presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados ni al Senado y, lo que es más importante, aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.  

Por las fechas en las que nos encontramos, este no es un tema menor. En torno al mes de julio, el Ejecutivo suele aprobar el techo de gasto, que en 2022 fue histórico, de 198.221 millones, y que permite que, como indica la Airef, "una vez estimados los ingresos del ejercicio, calcular el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad". 

Una vez dado este paso, lo siguiente es conformar las cuentas, que, según la Constitución, deben ser presentadas ante el Congreso de los Diputados "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Es decir, el primero de octubre, lo que implica que el Consejo de Ministros debe aprobarlos antes de esta fecha. Después, son las Cortes —Congreso y Senado— las que deben aprobar las cuentas antes de que acabe el año.

Pero la constitución de ambas cámaras legislativas está prevista para el 17 de agosto y la eventual investidura de un presidente no llegará hasta semanas después, lo que hace casi evidente que los Presupuestos Generales del 2023 se prorrogarán para el 2024. Algo que casi dan por hecho en Hacienda, según fuentes consultadas por este periódico, que aun así dejan la puerta abierta a toda opción, ya que "no hay una decisión tomada" a estas alturas. 

Recuerdan en el Ministerio, sin embargo, que ya en 2019 el Gobierno de Sánchez quiso aprobar unas cuentas pactadas con Unidas Podemos en enero de ese año, pero el asunto terminó con convocatoria adelantada de elecciones en abril al no conseguir los apoyos necesarios en el debate de totalidad y ser rechazadas por el Congreso. Es decir, que el nuevo Ejecutivo podría preparar las cuentas a principios del 2024 para el mismo 2024. 

Desde Hacienda también señalan que, aunque el plazo legal para aprobarlos es antes de final de año, se han aprobado en otras administraciones Presupuestos a posteriori que han entrado en vigor en el año vigente. 

¿Qué pasa con los fondos europeos?

Pese a la incertidumbre que genera un Gobierno en funciones y lo limitados que tiene legalmente sus movimientos, la realidad es que los fondos europeos Next Generation no se ven afectados por esta situación.

Como explican desde el Ministerio de Hacienda, se trata de cuantías que ya están presupuestadas en las cuentas públicas. Y ponen el ejemplo de una partida que estuviera ya contemplada en los Presupuestos Generales de este año y que estuviera destinada a las comunidades. En tal caso, se entrega sin problemas "porque es un procedimiento ordinario", indican. 

Fondos de los que todavía queda por recibir un cuarto desembolso, previsto para el último cuatrimestre del año, de 10.000 millones que está vinculado a la reforma de las pensiones. 

Una reforma que el Gobierno ya aprobó en primavera y que, como recuerda la Agencia EFE, están sujetos a una valoración positiva de cuatro hitos: la adecuación de la base máxima de cotización, la ampliación de los años para el cálculo de la pensión de jubilación, la puesta en marcha del mecanismo de equidad intergeneracional y unas nuevas proyecciones que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Depende de España decidir cuándo presenta la solicitud para el cuarto pago, algo que el Gobierno todavía no ha hecho y que los países pueden hacer dos veces al año, una vez consideren que han cumplido todos los objetivos vinculados al desembolso de dicho tramo. 

Hasta la fecha, España ha recibido un total de 37.036 millones de euros, es decir, los tres primeros tramos, un 53% del total que recibirá en forma de transferencias a fondo perdido por parte de Bruselas. 

La última cuantía recibida por España fue de 6.000 millones, que se sumaron al adelanto de 9.036 millones y a los 22.000 millones correspondientes a los dos primeros tramos. Estas ayudas fueron desplegadas por la Unión Europea para ayudar a los distintos Estados miembros a recuperarse de la pandemia de Covid 19.