El Congreso aprobará este jueves la ley de amnistía: ¿a partir de cuándo se aplicará?
La Cámara Baja previsiblemente dará luz verde a una norma que ha sufrido sustanciales modificaciones durante su tramitación y que ha provocado una convulsión sin precedentes en la política española.
Fin de trayecto. El Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente este jueves de forma definitiva la ley de amnistía gracias a los votos a favor del bloque que favoreció la investidura de Pedro Sánchez, rompiendo el veto a la norma impuesto por la mayoría del PP en el Senado. Será el trámite final de una norma que ha marcado, sin duda, el arranque de esta legislatura y ha provocado una convulsión política sin precedentes en España.
Es, sin duda, una ley histórica. Será la primera amnistía aprobada por el Congreso desde 1977 y la tercera ley que aprueba el Ejecutivo de coalición en esta legislatura tras la de Enseñanzas Artísticas Superiores y la reforma del artículo 49 de la Constitución. Afectará a unos 370 encausados por el 'procés', a quienes se les borrarán los delitos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Entre los beneficiados se encuentran el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su exvicepresidente, Oriol Junqueras.
El camino hasta su aprobación definitiva ha sido largo y tortuoso. Tras las elecciones generales del 23 de julio, ERC y Junts señalaron que todo apoyo a Sánchez para ser presidente del Gobierno pasaría por sacar adelante la amnistía que, incluso en campaña, el líder socialista había señalado que era inconstitucional.
La necesidad de contar con los votos de los independentistas provocó un giro en el discurso del PSOE, viendo la amnistía como un mecanismo para lograr la reconciliación en Cataluña y el regreso a una "normalidad democrática". Sin embargo, Sánchez no se atrevió a pronunciar públicamente la palabra hasta octubre, cuando dijo que se trataba "una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales de la crisis".
Las negociaciones con Junts tampoco fueron sencillas. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, viajó en diferentes ocasiones a Bruselas para reunirse con Puigdemont y toda la cúpula del partido. El 9 de noviembre, ambas formaciones presentaron un documento conjunto donde se daba luz verde a la amnistía entre otras condiciones para el pacto, como las comisiones de investigación parlamentaria en busca de posibles casos de lawfare.
La publicación del documento provocó sucesivas jornadas de protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz, algunas con violencia, mientras el PP convocó diferentes manifestaciones para movilizar a la ciudadanía contra la norma. Las encuestas, rápidamente, advirtieron de un descenso notable de las expectativas electorales de Sánchez y un fuerte desgaste.
La ley estuvo a punto de hacer aguas
Pese a que la ley fue redactada conjuntamente con ERC y Junts y recibió el apoyo de otras formaciones - entre ellas, Sumar - el PSOE registró individualmente la proposición de ley en el Congreso. Casi en paralelo, el instructor del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, reactivó una causa por la cual las revueltas organizadas en 2019 por Tsunami Democràtic podían ser un delito de terrorismo y apuntó a Carles Puigdemont como posible responsable.
Esta decisión desbarató el plan del PSOE y los independentistas, ya que el primer borrador de la norma dejaba fuera de la amnistía las condenas por como terrorismo cuando hubiera sentencia firme. En consecuencia, el PSOE pactó con Junts y ERC dos enmiendas transaccionales que el 23 de enero se aprobaron en la Comisión de Justicia. En lugar de perdonar el terrorismo no condenado en firme, la ley ahora incluía todo acto terrorista que no haya causado "violaciones graves de Derechos Humanos".
Pero un nuevo auto del juez García-Castillón asegurando que los actos cometidos por Tsunami fueron en contra del "derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española y el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos humanos", hizo que Junts presentara tres enmiendas que evitaran el embudo legal. Pero el PSOE no las apoyó y los de Puigdemont tumbaron la ley en el Pleno, lo que llevó a su regreso a la Comisión de Justicia.
Las negociaciones volvieron a ser duras entre PSOE y Junts y el plazo para aprobar un nuevo dictamen tuvo que ampliarse varios días. Los socialistas acabaron cediendo retirando por completo cualquier alusión a la legislación nacional. Tras este movimiento, el Pleno del Congreso aprobó el 14 de marzo la norma y la envió al Senado, donde la mayoría absoluta del PP dilató hasta dos meses su debate para acabar vetándola.
La aplicación efectiva de la norma podría demorarse meses
La mayoría que sustenta el Gobierno aprobará este jueves la ley y entrará en vigor previsiblemente este viernes en el BOE. El líder de Esquerra (ERC), Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, acudirán este jueves al Pleno del Congreso para seguir el debate desde la tribuna de invitados.
Aunque la amnistía sea ya una realidad desde mañana, hay muchas dudas sobre su aplicación efectiva. En primer lugar, la propia norma establece que los tribunales correspondientes tendrán dos meses para archivar las causas o anular las condenas. Pero es prácticamente seguro que los jueces presentarán una cuestión prejudicial ante la Justicia europea para determinar si la norma encaja en el derecho de la Unión, sobre todo en lo relativo a los dos delitos amnistiables que suscitan más dudas entre la judicatura: el terrorismo y la malversación.
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya anunció hace unas semanas que cuando se presenta una cuestión prejudicial, el asunto al que atañe queda paralizado temporalmente hasta que esta corte "se pronuncie" sobre el caso. Y también el Tribunal Constitucional tendrá que analizar si la ley es acorde a la Carta Magna De ahi que fuentes jurídicas señalan que la aplicación efectiva de la norma podría alargarse varios meses e incluso más de un año.
