“Discreción” y “hablar mucho” para reconducir la relación con Junts 

“La amnistía está asumida por la gran mayoría del partido”, trasladan los cargos más próximos al presidente del Gobierno. El PSOE vivió un cierre de filas alrededor de Pedro Sánchez en su convención celebrada en Galicia, con los críticos orillados de los puestos de responsabilidad. Quienes el lunes posaron como miembros de la nueva Ejecutiva no mostraron públicamente duda alguna sobre el plan de acción de su líder. “La democracia es más completa” con los dirigentes políticos que “tuvieron que salir de España” en 2017, llegó a decir la nueva portavoz Esther Peña, en relación a los fugados de la Justicia como Carles Puigdemont.

Moncloa da por descontado que la ley de amnistía seguirá copando titulares hasta que Puigdemont regrese al país, lo que podría ocurrir antes de las elecciones europeas de junio. A lo que aspira el Ejecutivo es a evitar “espectáculos como el de la votación de los decretos” y generar más polémica de la necesaria ante las ya de por sí complicadas negociaciones. Y eso, según las fuentes consultadas, es lo que se ha pretendido con la nueva enmienda a la ley de amnistía, pactada por ambas formaciones, y que amplía su paraguas a delitos de terrorismo.

Lo que ha esquivado esta vez el Ejecutivo es el pulso público con Junts, pero no el incendio político posterior. “Discreción” y “hablar mucho” ha sido la receta, que se mantendrá a partir de ahora. Peña confirmó que antes de que finalice el mes habrá otra reunión en el extranjero que se suma a la que mantuvieron Santos Cerdán y Jordi Turull en el Congreso la pasada semana sin que después dieran detalles ante los medios de comunicación. “Los contactos son habituales, algunos públicos y otros privados”, explican las fuentes consultadas. Y habrá más, añaden, dejando claro que el objetivo es reconducir las relaciones y lograr un clima de entendimiento, que otorgue más estabilidad a la legislatura. El propio Sánchez afirmó que su intención es verse con Puigdemont, aunque antes ha de aprobarse la ley de amnistía.

“Junts debe participar en la gobernabilidad. Hay que aprobar unos Presupuestos y sacar adelante una serie de votaciones”, exponen desde el lado gubernamental. Y, en paralelo a la celebración de la Comisión de Justicia, fue el partido de Puigdemont el encargado de anunciar el pacto, después corroborado por Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En síntesis, el Ejecutivo y los independentistas amplían la amnistía para blindar a Puigdemont y a los CDR, después de que el juez Manuel García Castellón investigue al político fugado por terrorismo.

De lo que no se libró el Ejecutivo es de enfrentarse de nuevo a su hemeroteca. En esta ocasión, de hace tan solo una semana. Formalmente, Bolaños y otros ministros aseguraron que el delito de terrorismo era “una línea roja” que no se iba a tocar. Este martes, el titular de Justicia incluyó un matiz para justificarse. Según afirmó, él siempre se refirió a terrorismo cuando “haya violaciones graves de derechos humanos”, extremo que no afecta a Puigdemont. “Se mantiene el terrorismo como delito siempre que suponga violación de derechos graves. Dijimos que el terrorismo quedaba fuera de la ley y queda fuera de la ley cuando corresponde a derechos humanos". La UE ya ha avisado que revisará el texto, Junts se mostró satisfecho por llevar al PSOE a su carril y la oposición contestó enérgica.

En todo caso, más allá de que se reconduzca la relación con Junts y de las fotos de unidad y las arengas optimistas de la convención socialista, la preocupación no se disipa en destacadas estructuras territoriales, tal y como avanzó El HuffPost. Incluso cargos que se declaran “sanchistas” admiten que el inicio de la legislatura está siendo muy complejo, con el Gobierno incapaz de vender sus medidas y la amnistía monopolizándolo todo. “Estamos en un año electoral, y la pregunta es si suma o si resta la acción de Gobierno”, en palabras de un destacado dirigente autonómico, que añade que de momento “poco” se puede vender “en positivo”, recordando también el incendio provocado por Teresa Ribera “atacando” al citado juez.

Yendo a las citas electorales, en el Gobierno reconocen que es “muy difícil” arrebatar al PP el poder en Galicia. Si bien, precisan que Alfonso Rueda “está descolocado” porque “no esperaba esta campaña”, que cambió por la crisis de los Pellets. “Unos dicen que quieren nacionalizar la campaña, otros que es mejor centrarse en Galicia”, malician internamente, no sin precisar que Sánchez sí será un activo clave para su candidato, Xosé Ramón Gómez Besteiro, que se ve anclado de momento en la tercera posición según las encuestas.

“Será una batalla muy dura por el último escaño en cada provincia”, rematan en Ferraz, donde lamentan tanta división del voto en el bloque de izquierdas: “Podemos está por debajo del 1 por ciento en todas las provincias, que es justo lo que le falta a Sumar para asegurar escaños”, según su análisis demoscópico.

En el PP sus estudios internos le dan la mayoría absoluta, pero la consigna es no fiarse, que no ocurra como las elecciones generales. Por ello, Alberto Núñez Feijóo alertó sobre la tentación de votar a Vox, fragmentando así el voto de la derecha. “Siempre nos ha funcionado la apelación del voto útil. Aquí no entró Ciudadanos y de momento no ha entrado Vox”, destacan fuentes regionales, al más alto nivel. No alcanzar la mayoría suficiente supondría una catástrofe que no quieren ni mentar en Génova mientras algunos barones han mostrado su disconformidad sobre la estrategia de campaña, como también publicó este periódico.

Feijóo, mientras, sigue endureciendo el tono contra Sánchez por la amnistía. Denuncia un “proceso constituyente” y ha tocado a rebato, a fin de que la protesta convocada el próximo domingo en la plaza de España de Madrid sea un éxito. Las estructuras territoriales ya han recibido la consigna de la dirección nacional para una gran movilización, como las vividas el año pasado. Además, el propio líder de la oposición ha exigido a sus alcaldes más importantes que se impliquen en defensa de la igualdad de todos los españoles.