Diecisiete de los veintidós centros de salud prometidos por Ayuso hace cuatro años son un solar

14 de feberero de 2020. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia en sus redes sociales el listado de los nuevos 22 centros de salud que se iban a construir en la región. Un listado con las zonas en las que se iban a erigir nuevos edificios que pretendían solucionar el déficit de servicios públicos que acompañan durante años a los nuevos desarrollos urbanísticos de la capital.

De hecho, el anuncio no era nuevo. 14 de ellos ya habían sido anunciados en varias ocasiones, otros ya se habían incluido en los presupuestos de otras legislaturas e, incluso, hay uno, el de Navalcarnero, que fue prometido en 2003 y cuya primera piedra se puso en un gran acto en 2007. Fue la primera y la última hasta 2022 cuando se iniciaron de nuevos las obras.

La realidad actual de estos 22 centros es que 17 de ellos siguen siendo solares y solo tres de ellos funcionan con personal desplazado. Del resto, ninguno se ha puesto en funcionamiento todavía.

La lista, compuesta por los centros de salud de Las Tablas, Parque Oeste, Navalcarnero, Montecarmelo, Barrio Hospital-Fuenlabrada, Residencial Este-Parla, Butarque, Pau 4.Móstoles, Ensanche de Vallecas II, Valdebebas, Cañaveral, Barrio de la Luna, Méndez Álvaro, Simancas, Valdemoro III, Dehesa Vieja, Ensanche Sur-Alcorcón, Soto del Henares, Cerro de los Gamos, Campo de Tiro, Vicálvaro y Pinto II, es variopinta.

De hecho, se pueden dividir entre los que ya están ya en funcionamiento, los construidos, pero que la Consejería de Sanidad aún no ha decidido abrirlos, los que tienen un contrato de obra adjudicado, los que se encuentran en licitación o los que están en un limbo prometidos, pero solo en la fase de proyecto y son solares.

El caso de Navalcarnero es especialmente anecdótico. En los últimos años, gracias al desarrollo de los PAUs, ha alcanzado los 30.000 habitantes duplicando su población en apenas veinte años. Pese a ser un municipio con una población similar a Sitges o Aranda del Duero, solo contaban con un solo centro de salud construido en 1985.

Entró en funcionamiento a principios de diciembre, dando asistencia a más de 10.000 personas y con un coste paupérrimo en comparación con el presupuesto de la Comunidad de Madrid de solo tres millones de euros. Sin embargo, esta apertura ha ido en detrimento de otros centros ya que se ha abierto trasladando a profesionales de otros centros sanitarios en vez de iniciar una contratación. Lo mismo ocurre con Las Tablas y Parque Oeste donde se han movido a médicos, especialistas y enfermeros para prestar servicio y dejar de hacerlo en sus anteriores centros.

En el caso de Méndez Álvaro, al sureste de la estación de Atocha, el centro ya está acabado, pero la Comunidad todavía no lo ha abierto. Todo parece indicar que cuando por fin abra sus puertas lo hará en las mismas condiciones. En el caso del Pau 4-Móstoles y Butarque, las obras ya han comenzado y se terminarán en unos meses.

El resto,los 17 restantes, siguen siendo solares. De hecho, en muchos casos, son proyectos que cada año se encuentran en licitación y que se prorrogan de presupuesto en presupuesto como ocurre con el Ensanche de Vallecas II, cuyo cartel lleva años instalado en el solar, pero no se ha visto una sola máquina desde que fue anunciado. Un caso, el del Ensanche de Vallecas, que llevan pidiendo los vecinos años. Solo en el ensanche viven 55.000 personas, el equivalente a la población de Arganda del Rey. Solo cuentan con un centro de salud para toda esa población. Por poner en contexto, con la misma población Arganda tiene tres centros de salud, un consultorio y un hospital.

Protestas para mejorar la atención primaria

Justo en la fecha en la que se produce este aniversario, alrededor de un millar de personas, según los convocantes, se han concentrado frente a cinco grandes hospitales de la región, contra el “desmantelamiento” de la Atención Primaria y el “colapso” de las urgencias hospitalarias, y para reclamar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso más inversión en el primer escalón asistencial y más personal en todas las categorías. Una cuestión esencial para asegurar el buen funcionamiento del sistema sanitario y evitar congestiones del mismo.

No es una novedad que en Madrid la sanidad afronta con demasiada frecuencia picos de desbordamiento. Las urgencias hospitalarias han crecido un 47 % en la Comunidad, aunque ha bajado el porcentaje de ingresos en los hospitales del 12,25 % al 8,45 %, de forma que el aumento de pacientes ha colapsado el servicio, según indicaban este miércoles los propios manifestantes dejando entrever que muchos de esos pacientes optan por ir a urgencias antes que a su centro de salud al no encontrar citas próximas.

Así, indicaban que desde hace un año la situación de la sanidad “no sólo no ha mejorado, sino que se han cronificado todas las anomalías y las carencias existentes en la Atención Primaria y en Pediatría, los retrasos en especialidades y el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias”.

Denunciando que en la Comunidad de Madrid faltan más de quinientos facultativos para que se pueda mantener el servicio de Atención Primaria y que los madrileños puedan tener un profesional asignado, reclamaban al Ejecutivo regional más contrataciones de personal.

“La solución es contratar más personal. Lo que pasa es que no están dispuestos a trabajar en condiciones precarias, con un salario inferior al que recibirían en la mayoría de las comunidades autónomas. Tienen derecho a percibir una retribución digna”, indicaban.

En las concentraciones se ha leído un comunicado, según el cual las urgencias extrahospitalarias atendían más de 800.000 casos anuales, pero desde su reapertura en 2022, hay veintinueve centros que no disponen de médico (centros de continuidad de cuidados de enfermería), mientras que en los cincuenta restantes faltan facultativos en el 30 % de ellos de forma aleatoria, de forma que los casos que demandan atención médica se desvían a las urgencias hospitalarias.

Para frenar “el grave y rápido deterioro” del sistema sanitario público, demandan una inversión del 25 % del gasto sanitario total en Atención Primaria, la dotación completa de personal en todos los niveles asistenciales (centros de salud, urgencias extrahospitalarias y hospitales) y evitar la derivación de dinero público a las empresas privadas.