Desmontando los argumentos de Ayuso sobre la denuncia por fraude a su pareja

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles a su pareja ante las informaciones publicadas en estas últimas horas en las que se le acusa de haber defraudó 350.951 euros a Hacienda a través de facturas falsas y empresas pantalla. Ayuso ha negado tales acusaciones y ha asegurado, por el contrario, que es Hacienda quien debe 600.000 euros a Alberto González Amador. 

De hecho, la líder regional ha acusado al Gobierno de Sánchez de formar parte de una "manipulación de una inspección de Hacienda", que "solamente se ha orquestado" para hacerle daño a ella. Esto es, a su juicio, "la utilización de los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo". 

Además, la jefa del Ejecutivo madrileño ha subrayado que ella es "libre" de subirse en el coche que quiera o de meterse en la cama que quiera. Y ha  incidido en que sólo aceptaría responsabilidades si hubiera de por medio "dinero de la Comunidad" o si hubiera utilizado su cargo "para conseguir algo".

Sin embargo, Ayuso no ha sido exacta en su defensa sobre algunas cuestiones que atañen a su pareja durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en Leganés. A continuación, rebatimos algunos de los argumentos esgrimidos por la presidenta madrileña.

"Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe pagar por intereses. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio. No hay sociedades pantalla ni nada de lo que se está diciendo"

El fraude fiscal del que está acusado Alberto González Amador tuvo origen, presuntamente, en comisiones de dos millones de euros que cobró por mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. 

El informe de la Agencia Tributaria indica que González Amador pudo haber cometido dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros en 2021. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas para así rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades. Es decir, intentó presuntamente defraudar a Hacienda sin pagar parte de los impuestos que le correspondían. Y lo hizo, supuestamente, a través de 15 facturas falsas para deducirse unos gastos de 1,7 millones por trabajos que nunca existieron en realidad. De ahí que los medios hablen de la existencia de "sociedades pantalla", aunque Ayuso lo haya negado hoy.

Las sociedades investigadas son ambas 100% propiedad de la pareja de Ayuso. Se trata de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, que se dedica en realidad a prestar servicios sanitarios, y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, una firma sin empleados del sector de cosmética y farmacia, que fue adquirida finales de 2020. Según la Agencia Tributaria, fue usada para desviar parte de los beneficios millonarios logrados durante la pandemia.

Aunque Ayuso hable de que su pareja ha sido víctima de una "inspección fiscal salvaje", lo cierto es que el proceso de la inspección fiscal como tal ya ha terminado y ahora se ha abierto una investigación penal dado que la Agencia Tributaria está obligada a dar traslado a la Fiscalía de un posible fraude cuando la cuantía supera los 120.000 euros. 

El juzgado 19 de Madrid estudiará ahora si admite a trámite la denuncia y si imputa a la pareja de Ayuso por fraude fiscal. En caso afirmativo, habrá un juicio en el que González Amador podrá ser absuelto, condenado a una multa o incluso entrar en prisión.

Por último, sobre los 600.000 euros que Ayuso dice que Hacienda le debe a su pareja, un colaborador de la presidenta ha señalado a El País que González Amador pagó en 2022 esa cifra en concepto de multa por los hechos que ahora ha denunciado la Fiscalía. "Él pagó de más cuando abonó la multa en julio de 2022″, explica este interlocutor. De ahí que Ayuso hable de esa 'deuda' entendiendo que su pareja será absuelta y que Hacienda se verá obligada a devolverle dicho dinero. 

"Es una campaña que se ha orquestado para hacerme daño"

Además de Alberto González Amador, hay otras cuatro personas que también están siendo investigadas por esta misma 'trama': tres españoles y un presunto empresario de origen mexicano llamado Maximiliano Eduardo Niederer González, que sería el nexo de dos de las compañías que emitieron facturas falsas a las empresas de Alberto González Amador. Por tanto, la pareja de Ayuso no es la única implicada.

"Se ciñe a una etapa de su vida en la que no éramos pareja. La próxima vez que salga con alguien le pediré el curriculum, si ha tenido alguna inspección de hacienda o si está vacunado".

Tal como ya explicó ayer El HuffPost, los ejercicios que se investigan son los que corresponden al año 2020 y 2021, que se presentan fiscalmente al año siguiente. Según la prensa especializada en asuntos de corazón, Ayuso y Alberto comenzaron su relación en 2021. Por tanto, las comisiones son previas, pero el fraude fiscal se habría producido una vez que ambos ya mantenían una relación sentimental

"No es un piso de un millón. No es mío. Está hipotecado y es legal"

Ayuso también ha rechazado que la vivienda de Alberto en la que ella vive ahora se haya pagado con presunto dinero procedente de un fraude fiscal. Su excusa es que sobre la casa pesa una hipoteca de unos 500.000 euros. Lo cierto, sin embargo, es que la casa está valorada en más de 800.000 euros (algunos medios aseguran que costó un millón) y su pareja tuvo que aportar una importante entrada, además de los costes por la gestión de la hipoteca para poder comprar la casa. ¿De dónde salió todo ese dinero?

"Mi padre murió sin deber un duro, siendo honrado. Mi madre no ha dado un pelotazo de nada y es jubilada. Mi hermano es un comercial y lleva treinta años haciendo lo mismo. Mi pareja no está en ninguna trama y sólo es víctima de una inspección de Hacienda que se ha orquestado para hacerme daño a nadie".

Ya fuera por Díaz o por Ayuso, los apellidos y negocios de la familia han suscitado diversas controversias desde que la líder regional del PP ocupó allá por 2011 por primera vez la butaca de diputada en la Asamblea de Madrid. 

El primer caso fue el de AvalMadrid, una empresa semipública que concedió un aval a una empresa participada por su padre (MC Infortécnica) para que lograra un crédito de 400.000 euros. El dinero nunca se recuperó en su totalidad y Ayuso aceptó la donación del piso de sus padres para evitar que pudiera caer en manos de los acreedores por la deuda contraída. 

En 2022, el líder del PP, Pablo Casado, denunció que el hermano de Ayuso obtuvo una comisión de 234.000 euros por la venta de material sanitario para la Comunidad de Madrid. El contrato, en plena pandemia, fue entregado a dedo a una empresa liderada por un amigo de la infancia de los hermanos Díaz Ayuso en Sotillo de la Adrada (Ávila). Priviet Sportive SL, que hasta entonces se dedicaba al negocio textil y ganadero.

Finalmente, medios como El Plural han denunciado que la sociedad de la madre de Ayuso ha recibido más de un millón de euros y 25 contratos en Madrid desde que su hija está en el poder.