Ayuso saldó 1.390 millones de deuda con los hospitales públicos de gestión privada, en seis meses
Coincidiendo con el cese de la interventora general de la Comunidad, el Ejecutivo madrileño efectuó, el pasado año, decenas de pagos pendientes desde 2015, según 'El País'.
La Comunidad de Madrid efectuó un desembolso de al menos 1.390 millones de euros a hospitales públicos de gestión privada, a lo largo de seis meses de 2022, para, fundamentalmente, saldar parte de una deuda que comenzó a acumular en 2015. Así lo ha publicado El País este miércoles, tras tener acceso a la documentación pertinente.
Según la citada información, dichos pagos estuvieron concentrados entre julio y diciembre del pasado año y constituyeron una decisión repleta de tensiones. Su inicio coincidió con la destitución de la interventora general de la Comunidad -el 6 de julio-, Marta García Miranda, y su reemplazo por Francisco Javier Carmena, que hasta ese momento ocupaba el cargo de secretario general técnico de la consejería de Sanidad.
Así, la compañía que se vio más beneficiada de estos pagos fue el grupo Quirónsalud, obteniendo al menos, 1.278 millones de euros. Este grupo está al cargo de cuatro hospitales públicos madrileños, pero con gestión privada: Fundación Jiménez Díaz, en régimen concertado; Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en régimen concesionado.
Destaca también El País que en al menos una decena de casos, que suman 67 millones, la Administración del Gobierno que dirige la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se decantó por la opción de la convalidación de gastos. Esta es una figura legal diseñada para regularizar pagos por servicios encomendados en situación de urgencia y “prescindiendo del procedimiento adecuado”.
La respuesta de la Comunidad de Madrid
En este sentido, la Comunidad de Madrid ha asegurado al citado diario que los pagos se han gestionado con el mismo procedimiento de siempre, aunque no han dado explicaciones de los motivos del cese decidido en la intervención general, puesto en el que se han sucedido cuatro personas en los últimos cinco años y durante los cuales los pagos no se realizaron.
“El procedimiento seguido en el caso en cuestión es el mismo que se ha hecho en años anteriores”, explicó un portavoz gubernamental a El País y que así fue “antes y después del 6 de julio de 2022″, en alusión a la fecha del consejo de gobierno en el que se cesó a la interventora general de la región. “Tanto con esta concesionaria [Quirónsalud] como con las demás. Con esta misma concesionaria se han producido liquidaciones del mismo tipo y con el mismo procedimiento antes del 6 de julio”, añadió el mismo portavoz.