El trabajador, solo ante el peligro

La desprotección del trabajador ante el empresario está llegando a cotas inimaginables. Los expertos laborales advierten de que "estamos volviendo a la época del contrato de arrendamiento de los siervos y menestrables de 1800", tal y como apunta un juez de lo social de Barcelona que constata cada día que "ya no se regula nada, se puede modificar todo, porque la reforma laboral Ley 3/2012 está construida para que el empresario pueda tomar las decisiones con flexibilidad absoluta. Hemos vuelto a un intervencionismo omisivo a favor de la empresa".

La última gota ha sido la perdida de la vigencia de más de 1.300 convenios colectivos este mes, que regulaban las condiciones y los derechos laborales de cientos de miles de trabajadores. La contrarreforma acaba así con la norma que ha funcionado durante años por la que se mantenían las condiciones de un convenio finalizado hasta que se pactase uno nuevo. Lo que se conocía como ultraactividad y estaba respaldado por el Estatuto de los Trabajadores, que se ha modificado convenientemente para garantizar a los empresarios que solo ellos cojan la sartén por el mango.

"El empresario sabe, cuando entra en conflicto, que el tiempo juega siempre a su favor para no renovar un convenio. Si no se renueva terminarán aplicando el Estatuto del Trabajador, que es de mínimos y fija 20 días por año de despido. Es una reforma ideológica, que permite por primera vez que el empresario pueda realmente bajar el salario, así porque sí, basta con que alegue unas perdidas previstas o un presumible ejercicio malo como motivos suficientes para reducir salarios. Además prioriza los convenios de las empresas que son más bajos que los convenios sectoriales, y disminuye la negociación laboral" explica Manuel de la Rocha, uno de los expertos en derecho laboral más comprometidos.

Debilitado el poder de los sindicatos, los empleados se ven obligados a aceptar lo que el empleador quiera en caso de que no desee perder su puesto de trabajo. "El Gobierno utiliza el miedo y el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores, para cambiar las reglas. El avance de la individualización del trabajador ante el empresario es imparable. En 2010 había en España 5.000 convenios y 10 millones de trabajadores acogidos a esos convenios; en 2012 había 3.000 convenios y 7 millones de trabajadores. Habrá una bajada espectacular en la cobertura de los trabajadores bajo la negociación colectiva, un fenómeno parecido al de Gran Bretaña con el thatcherismo, cuando Thatcher comenzó su cruzada contra los mineros y los derechos sindicales, la cobertura de los trabajadores con negociación colectiva era del 75%, y hoy es del 25%", tal y como explica Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CCOO.

Sin embargo, los jueces de lo Social no parecen estar por la labor de dejar al trabajador tan en ropa interior como desea el Gobierno aunque su margen de actuación es muy reducido, ya que su labor consiste en aplicar la ley. Ayer mismo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tomaba medidas cautelares contra el recurso de la Comunidad de Madrid por el que esta había dejado en suspenso la parte del convenio colectivo referente a derechos sindicales, entre otros, de sus 30.000 trabajadores, a los que había dado de plazo hasta octubre para acordar un nuevo convenio. Un detalle significativo, al que se sumaba en paralelo la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional al dictar que los convenios pactados antes de la reforma laboral seguirán en pie hasta la firma de uno nuevo, como sucedía hasta ahora.

El desequilibrio que la reforma ha producido en las relaciones laborales no solo lo constatan los dirigentes sindicales sino también los magistrados, como Juan Miguel Torres, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) : "La reforma laboral es un fracaso en lo que se dijo de que la finalidad era crear empleo. Estamos viendo que flexibiliza el mercado facilitando la modificación de las condiciones de trabajo. Al crecer la desprotección, los trabajadores están aceptando condiciones que en otras circunstancias no habrían aceptado".

La reforma se ha ocupado también de cercenar la intervención de los jueces fomentando por esa vía la indefensión de los 'curritos'. De los 600 casos de despidos colectivos que se produjeron el año pasado en la comunidad de Madrid, solo 30 pasaron por los juzgados.

En la propia ley se pretende encorsetar a los jueces evitando que valoren la razonabilidad de la medida y se centren solo en la causa. Es decir, que no entren en consideraciones ni investiguen y se limiten a certificar como notarios las perdidas que presenta una empresa como causa de despido, por poner un ejemplo. Lo que los jueces perciben como una crítica tremenda a su función.

El texto de la ley lo advierte muy claro en las disposiciones generales: "Se había dado lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa. Ahora queda claro que el control judicial sobre los despidos debe ceñirse a una valoración de las causas".

Hay jueces, como este, de lo social de Galicia, que opta por el anonimato "porque bastante asediados estamos ya", que se remontan a tiempos de Franco para explicar como del intervencionismo a favor del trabajador se ha pasado al extremo contrario: "Hay sentencias de los años 40, de las magistraturas de trabajo que entonces dependían del Ministerio de Trabajo, con mucha mayor sensibilidad que lo que se está haciendo ahora. Los principios tradicionales del derecho laboral están en desuso, la condición más beneficiosa, el in dubio pro operario no se aplica. Ahora es sálvese quien pueda porque así lo ha decidido el legislador, o sea el Gobierno con su mayoría absoluta en las Cortes".

Y, ¿qué puede hacer el desamparado trabajador?

"Hay que acudir a los comités de empresa, porque vamos a rechazar la aceptación de cualquier decaimiento de convenio, no vamos a firmar ninguno, reclamaremos la demanda por conflicto colectivo y con la cantidad de PYMES que hay, a partir de septiembre se puede producir un colapso en los juzgados. Como no hay jurisprudencia se va a ir haciendo a base de sentencias. Y conviene recordar que la OIT establece para los convenios colectivos el "deber de negociar de buena fe", responde Ramón Gorriz.

Los jueces consultados recomiendan también acudir a los sindicatos, preferentemente a CCOO, al que los grandes despachos de abogados temen por su profundo conocimiento de las leyes laborales.

A Manuel de la Rocha le parece que "el trabajador puede hacer muy poco. Resistir, y la mejor forma de resistir es pelear para no dejar que individualicen su situación laboral, su conflicto. La negociación colectiva es clave, por más que los sindicatos hayan cometido errores, siguen siendo el mejor sistema que conocemos hasta ahora para negociar, para resistir. Porque lo que se puede hacer es 1) Resistir, y 2) Ganar legitimidad".