Hoy nos toca mirar hacia el futuro
En casos de separación y divorcios donde existe violencia, una de las principales preocupaciones para las mujeres es que sus hijos e hijas sean protegidos contra el maltratador. Esta lucha es una de las más difíciles, ya que en estos casos, nuestro sistema judicial no es especialmente neutro.
Hay gente que lucha en su día a día a favor de la justicia. Gente que no se rinde ante las derrotas y las injusticias, por muy dolorosas que éstas sean. Gente que pide respuestas a un sistema que no le escucha, pero que decide no dejar de intentarlo. Ángela González Carreño es una de esas personas.
Ángela sufrió violencia de género. En septiembre de 1999, cogió a su hija Andrea, de tres años, y se marcharon de la casa donde vivían con el maltratador justo después de que este la amenazara con matarle. Ángela inició así una nueva etapa de su vida donde eran frecuentes sus viajes a los tribunales denunciando el maltrato, porque con la huída la violencia continuó. El agresor amenazaba de muerte a Ángela por teléfono, las perseguía por la calle a ella y Andrea, la insultaba, la agredía, y las sometía a un sinfín de amenazas y hostigamientos. Ante cada situación, Ángela denunciaba y pedía protección para ella y su hija, aunque esa protección nunca llegaba. Andrea fue testigo y por tanto víctima de la violencia desde que nació y hasta el 24 de abril de 2003, día en que, con 7 años, su padre la asesinó y después se suicidó.
Si alguien nos contara que una mujer que ha sido violada es obligada por los tribunales a encontrarse con su violador, no nos lo creeríamos. Tampoco nos parece concebible que una mujer que ha sido golpeada por su pareja o expareja deba tener encuentros forzados con el agresor. Pero ¿y cuándo la víctima es una niña y el agresor es su padre?
En casos de separación y divorcios donde existe violencia, una de las principales preocupaciones para las mujeres es que sus hijos e hijas sean protegidos contra el maltratador. Esta lucha es una de las más difíciles, ya que en estos casos, nuestro sistema judicial no es especialmente neutro. Al contrario, como se vio en el caso de Ángela, los tribunales están formados por personas que tienen el prejuicio de considerar que los y las niñas deben estar siempre en contacto con su padre, aunque este sea un maltratador. Los tribunales entienden que la figura paterna es un valor en sí mismo, aunque hayan visto a esa figura pegar, insultar y golpear a su madre. Puñetazos, patadas, insultos de "zorra, puta", amenazas de muerte, persecuciones por la casa o por la calle... Esto es lo que ven y sufren los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. Hijos e hijas que son también víctimas de esa violencia, pues vivir en un entorno en el que se es testigo y, en ocasiones, víctima directa de malos tratos convierte a esos niños y niñas en víctimas. Por eso no tengo ninguna duda al afirmar que Andrea, la hija de Ángela, era una víctima de violencia.
En este caso, 40 denuncias no fueron suficientes para que ningún tribunal protegiera a Ángela y a su hija Andrea. Tampoco lo han sido las distintas demandas presentadas por Ángela pidiendo que se reconociera la responsabilidad de las autoridades españolas por la actuación negligente que llevó al asesinato de su hija.
Pero como he dicho, hay gente que no se rinde. Hoy toca mirar al futuro y seguir adelante. El jueves 20 de septiembre Ángela González Carreño, en su nombre y en el nombre de su hija Andrea, y la organización Women's Link Worldwide presentamos ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) una demanda contra el Estado español.
En la demanda pedimos al Comité que condene a España por dejar en la impunidad la violencia de género que Ángela y Andrea sufrieron, que se le declare responsable por el asesinato de Andrea a manos de su agresor que había sido denunciado más de 40 veces, y que se entienda que cuando hablamos de violencia de género las mujeres no son las únicas víctimas, sino también todos aquellos niños y niñas que sufren y viven en esos entornos de violencia. Es responsabilidad del Estado garantizar que en casos de violencia lo primero que deben considerar los tribunales al decidir en materia de visitas y custodia es el interés superior del menor y el derecho de los y las menores a ser escuchados. De lo contrario los tribunales seguirán forzando a niños y niñas a convivir con maltratadores. Porque, en palabras de Ángela en la presentación del caso "no podemos permitir que asesinen a ningún niño más".
