Urgen más viviendas públicas

Cuando las sociedades no ven satisfechas sus aspiraciones fundamentales mas legítimas, cunde el malestar. Y aunque la felicidad de los pueblos es un concepto vidrioso y complejo (en realidad, la felicidad es una impresión relativa que en gran medida depende de la posición de cada uno en comparación con el contexto en que se inserta), parece claro que la idea de progreso está vinculada a tales aspiraciones, a la disponibilidad de servicios públicos, a la salubridad del medio ambiente, a la impresión de equidad emanada de las instituciones y a la existencia de dotaciones que permitan la autosuficiencia a los jóvenes que llegan a la edad de la razón.

Hoy día, por una serie compleja de razones, la carencia más lesiva a juicio de la mayor parte de la opinión pública es la relacionada con la vivienda. La carencia de viviendas en alquiler ha elevado los precios hasta extremos que son inalcanzables para la inmensa mayoría de los trabajadores, que por supuesto tampoco pueden acceder a una vivienda en propiedad. Y ello tiene efectos muy lesivos. 

En primer lugar, impide la emancipación de los jóvenes, que no se producen España hasta los 29,8 años de edad (30,8 los varones y 28,9 las mujeres). En segundo lugar, la situación tiene efectos perversos sobre la calidad de vida de la clase trabajadora puesto que gran parte de la renta del trabajo tiene que destinarse a sufragar la habitación, viéndose sumamente recortada la parte del salario dedicada a todo lo demás.

Ante este estado de cosas, la dialéctica parlamentaria de estos días resulta poco eficaz. La izquierda es partidaria de intervenir el sector en tanto la derecha pretende liberalizarlo todavía más. Numerosos expertos aseguran que la reforma de la ley del suelo de 1998 llevada a cabo por Aznar es la causante de la posterior burbuja inmobiliaria y del proceso que nos ha traído hasta la situación actual.

Otros en cambio teorizan en sentido contrario y afirman que si se lanza al mercado más suelo urbanizable y se mantienen los altos precios actuales la iniciativa privada se ocupará de incrementar la oferta hasta alcanzar valores razonables, tanto en alquiler como en venta. 

Lo cierto es que, más allá de este debate ideológico improductivo, unos y otros han de atenerse a lo que establece la Constitución, cuyo artículo 47 dice textualmente que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.  Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Un segundo párrafo dicta que "la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

El redactado de esta norma establece que el Estado debe impedir la especulación con la vivienda, lo que significa imponer unos límites a la libertad de mercado. No tiene sentido que los inmuebles sean en realidad activos financieros lanzados al juego de la oferta y la demanda. Cabe establecer determinados rozamientos que obliguen al propietario de una vivienda adquirida como inversión a mantener la propiedad durante un prolongado periodo de tiempo y a lanzarla al mercado del alquiler (cabría establecer un gravamen disuasorio para las viviendas cerradas). 

También es legítimo establecer límites al precio de los alquileres en zonas particularmente congestionadas y cuya demanda sea significativamente superior a la oferta. Pero a medio y largo plazo, la plena satisfacción del derecho a una vivienda digna requiere que las instituciones públicas se conviertan en promotores de viviendas públicas. La mayoría de los países de la Unión Europea basan su política de vivienda en la promoción pública. Según la OCDE, la vivienda social representa de media el 8% del parque total de viviendas de la UE. España tiene menos del 2,5%. 

Además, acaba de explicar el economista Nacho Álvarez que España ha construido 6,8 millones de viviendas protegidas desde 1950, equivalente al 30% del parque de viviendas principales. Por lo que si el Estado hubiera mantenido la propiedad de las mismas en lugar de enajenarlas alegremente, hoy tendríamos el mayor parque de viviendas de Europa.

Este es el camino hacia la solución a medio plazo del problema: Estado, comunidades y ayuntamientos han de dotarse de un parque de viviendas públicas de carácter permanente (y no enajenable a los 15 años) que facilite una solución habitacional a quien la precise en términos de equidad. Es muy penoso que también en esto quememos la pólvora en salvas mientras la indignación popular crece ante la inoperancia de quienes tienen la obligación de prestar en común este servicio esencial a la ciudadanía.