Malas artes en la política

Es martes; superpleno en el Congreso con varios puntos importantes en el orden del día. Uno de ellos, aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas para el período 2025-2027. El Consejo de Ministros llevó al Pleno la propuesta de dotar de mayores recursos y mayor margen fiscal a las comunidades autónomas y ayuntamientos, con la finalidad de que los servicios públicos más cercanos a la ciudadanía puedan estar bien financiados.

Pues bien: PP, Vox, UPN y, a última hora, Junts unieron sus votos para rechazarlos. Se podría entender si, en lugar de mayores recursos, estuviéramos hablando de recortes o de una propuesta para “ajustarse el cinturón”; pero es imposible encontrar una razón objetiva que justifique este rechazo, especialmente por parte del principal partido de la oposición, el Partido Popular, que además gobierna en muchas comunidades autónomas.

¿De verdad las comunidades autónomas pueden permitirse renunciar a unos mayores recursos -3.000 millones de euros más- en 2025? Y en relación con los Ayuntamientos, ¿tienen las administraciones locales la suficiente holgura económica como para despreciar los 1.500 millones de más para sus arcas públicas que habría supuesto la aprobación de la propuesta del Gobierno? Estoy segura de que, si le preguntáramos a los presidentes y consejeros autonómicos, a alcaldes y concejales, la respuesta sería un rotundo no. Por ello, después de la votación del martes, los cargos del Partido Popular que ostentan responsabilidades de Gobierno deberían explicar por qué anteponen las dinámicas de la estrategia del partido y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, a las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos en sus territorios.

Y esto me lleva a la siguiente reflexión: la ciudadanía acude a votar cada cuatro años, y lo hace libremente, escogiendo la papeleta con la que creen que sus intereses personales y colectivos estarán mejor representados; pero no parece que rechazar mayores recursos para sustentar el gasto público sea precisamente proteger los intereses de la ciudadanía.

A veces leemos artículos y encuestas que nos hablan de la desafección hacia la política que siente parte de la sociedad. Después de la votación del martes, viendo cómo hay partidos que anteponen sus intereses políticos a las necesidades de la ciudadanía, se entiende. Porque, seguramente, con el mayor margen de presupuesto que le correspondía a la Comunidad de Madrid nuestros mayores no estarían comiendo comida caducada en las residencias. En Extremadura, con una tasa de pobreza infantil superior en seis puntos a la media nacional, los niños y niñas podrían tener garantizada una alimentación saludable al mantener la gratuidad de los comedores escolares. Y en Andalucía, con esos mayores recursos, se podrían haber reducido las cifras de lista de espera sanitarias más altas de la historia.

La instrucción de Génova 13 de votar en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas, -en contra de los intereses de sus propios alcaldes y presidentes de Comunidades Autónomas, que en el Consejo de Política Fiscal se abstuvieron- dice muy poco de la responsabilidad, la altura de miras y el sentido de Estado de Feijóo y de los dirigentes políticos que están al mando actualmente del Partido Popular; y revela a las claras cuál es su único objetivo: lo que sea para atacar al gobierno y al presidente Pedro Sánchez. Malas artes que habría que desechar de la política, porque a quienes de verdad perjudican es a los ciudadanos y ciudadanas y a nuestro estado del bienestar. Las y los socialistas seguiremos trabajando e intentándolo porque, de verdad, merece la pena. 

Montse Mínguez es secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista