El PP no tiene modelo de financiación

El pacto entre el PSC y ERC que ha llevado a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat se basa en el acuerdo en torno a un nuevo modelo de financiación de las CCAA según el cual la Generalitat recaudará todos los impuestos que se pagan en Cataluña para entregar después una parte al Gobierno central por dos vías: de un lado, la Generalitat abonará a la Administración del Estado los servicios e inversiones estatales en Cataluña a través “de un porcentaje de participación en los tributos”; de otro lado, Cataluña aportará una cuota de solidaridad todavía sin determinar, pero que tendrá que ser “transparente” y deberá asegurar que el resto de comunidades puedan prestar “niveles similares” de servicios públicos que Cataluña, “siempre que hagan un esfuerzo fiscal también similar”. Y ello, con una particularidad: ninguna comunidad podrá desplazar a otra del ranking de PIB per capita una vez aplicados los fondos de solidaridad, tal y como establece el “principio de ordinalidad” contenido en el Estatuto de Autonomía de 2006. ERC ha llamado a este modelo “concierto económico solidario”, pero esa terminología no aparece en el texto del acuerdo.

Todo indica que los firmantes del pacto no han cerrado todavía muchos de los términos del acuerdo, cuya implementación aún no cuenta con un calendario estricto. La Agencia Tributaria Catalana se hará de forma “progresiva” con las competencias que vaya asumiendo y el primer impuesto que será transferido íntegramente será el de la renta, del que se encargará la Generalitat a partir de 2026 (para la campaña del IRPF de 2025). Después se iniciarán los estudios para poder recaudar parte del IVA, en un lento proceso cuyo final está lejano.

Es obvio que esta reforma de la financiación catalana revoluciona la Ley Orgánica de Financiación (LOFCA) que rige actualmente y que ha de ser modificada cuanto antes porque en la actualidad no cumple las misiones asignadas y distribuye arbitrariamente los recursos, con grave perjuicio para determinadas comunidades autónomas, como Valencia, Murcia, Andalucía o Baleares. En otras palabras, el desarrollo del sistema catalán habrá de hacerse al mismo tiempo que se negocie en un marco multilateral el modelo colectivo de financiación, como ocurrió, por ejemplo, cuando Aznar concedió a Pujol en 1996 una cesta de impuestos mucho más voluminosa que la que recibían las CCAA hasta entonces.

Lo primero que las CCAA y el gobierno del Estado deben decidir es si la recaudación de todos los impuestos será optativa para todas las comunidades, o si se impone una fórmula homogénea. Y en todo caso, habrá que negociar los criterios, necesariamente complejos, de reparto de los recursos, así como la cuantía de los fondo de nivelación y suficiencia (de redistribución), que habrán de englobar la “cuota de solidaridad” catalana.

Lo curioso del caso es que el Partido Popular no ha rozado siquiera estos asuntos en la aparatosa reunión de sus barones, celebrado en un marco palaciego que recordaba a La Moncloa, como si los conservadores padecieran alguna freudiana frustración. Feijóo dice estar a la espera de la propuesta del gobierno, y hasta ha autorizado a los suyos a que pidan un fondo transitorio de ayuda hasta que se resuelva el rompecabezas. Pero, en el entretanto, ¿no tiene nada que decir? ¿Qué le parece que el recaudador, con toda la carga negativa que su función genera en la opinión pública, ya no vaya a ser la malquerida Agencia Tributaria, sino las Agencias autonómicas, hacia las que se volverán en el futuro los airados ciudadanos cada vez que no vean relación ente los que se aporta y lo que se recibe?

La palabra federalismo sobrevuela este conflicto, en cuya solución justa está en juego la buena marcha del país. El modelo vigente, que dura ya casi medio siglo, ha sido incapaz de sacar los últimos lugares del ranking del desarrollo a Andalucía, Canarias, Extremadura… Quizá una fórmula como la alemana, tan funcional, podría ser la gran solución española. Pero un cambio profundo y productivo solo podrá lograrse si los dos grandes partidos aceptan cooperar en este asunto y hasta dar juntos un peligroso salto en el vacío para establecer una fórmula inteligente y audaz. Y hay pocas esperanzas de que eso suceda porque la única urgencia del PP es la de llegar al poder, y se sospecha que no dará un solo paso adelante para mejorar con desprendimiento el bienestar de todos.