La vivienda y la red inferior de seguridad

Los informes Foessa que anualmente publica la ONG católica Cáritas han ganado su merecido prestigio a fuerza de independencia y gracias a la calidad muchas veces lacerante de sus análisis, que ofrecen una visión descarnada de la estructura socioeconómica de este país. Las instituciones políticas y sociales suelen guiarse por estadísticas objetivas, macro y microeconómicas, que ofrecen una visión incompleta de la realidad. La evolución de las grandes cifras y de sus promedios nos permite conocer, evidentemente, las líneas de avance o retroceso de las colectividades y de los países, pero es obvio que tales datos resultan inexpresivos si no se desciende a otro nivel de análisis, al que examina las situaciones de pobreza de determinados grupos no siempre visibles, detecta carencias individuales o colectivas que atentan contra la dignidad o los derechos humanos de las personas, o informa sobre situaciones que los estados sociales y democráticos de derecho no pueden tolerar. La realidad es tan compleja que difícilmente puede revelarse mediante unos pocos indicadores. Ni siquiera elestsablecimiento reciente del ingreso mínimo vital, cuya existencia es una prueba sólida de sentido de la equidad, aporta todos los elementos que los gestores de lo público han de manejar para marcar y conseguir sus objetivos. Tampoco el coeficiente de Gini, que evalúa bastante bien la equidad y la distribución de la renta, es suficiente para obtener una instantánea completamente expresiva de la realidad social.

El último informe Foessa, recién publicado, detecta un cambio importante en la estratificación de la sociedad española, que básicamente proviene de una mudanza reciente en la estructura socioeconómica: hasta hace poco, la mayor deficiencia que afectaba al cuerpo social era la baja oferta de empleo; desde hace algún tiempo, el empleo se ha incrementado (aunque no así los salarios) pero ha surgido con gran rapidez una insoportable insuficiencia de viviendas, lo que ha generado un raudal de pobreza de otra naturaleza. En definitiva, hoy el acceso a la vivienda es uno de los aspectos determinantes de la situación de pobreza actual. Según el informe, el sobreesfuerzo de los costes de vivienda afecta ya al 14% más de la población que en 2018, con lo que puede estimarse que este problema lesiona a 6,8 millones de personas en España. Además, ha habido un proceso de descapitalización, de forma que si en 2013 el 57% de los hogares en exclusión social tenían una vivienda en propiedad (aunque no estuviera completamente pagada) , el porcentaje es hoy del 30%, lo que refleja una precarización evidente, que se observa en los siguientes datos: el 7% de la población actual vive en situación de hacinamiento, en espacios de menos de 15 metros cuadrados por persona; y unos 3,4 millones de personas se han visto obligados a compartir piso, a regresar a la casa familiar, a habitar nanopisos insalubres o a no resolver las estrecheces ocasionadas por el crecimiento de la familia. También ha aumentado el número hogares que han empeorado sus condiciones: la insalubridad ha aumentado un 82%; el traslado a barrios degradados se ha incrementado el 50%… En resumen, la población en situación de exclusión social en España ha sido en 2024 de 9,4 millones de personas. De ellos, 4,3 millones están en estado de exclusión severa.

Este dibujo trágico no queda completo si no se consideran además situaciones excepcionales como la de la Cañada Real en Madrid: en este suburbio, unos 4.500 vecinos llevan cuatro años sin suministro eléctrico. No han servido las críticas europeas para conmover a unas administraciones autóctonas que no muestran sensibilidad alguna.

Este panorama descrito da idea de una situación social extremadamente compleja que debe ser abordada mediante una solución más radical, que redima inmediatamente a quienes se encuentran en estado de necesidad, y un conjunto evolucionado de terapias que resuelvan en un plazo aceptable los problemas concretos que provocan las disfunciones. Como se ha dicho La solución disponible es el Ingreso Mínimo Vital, establecido por la ley 19/2921 de 20 de diciembre, ha sido definida por el Gobierno como introductora de “un nuevo derecho ciudadano que asegura una red última de seguridad para todos y todas. Esta medida garantizará que todos y todas las ciudadanas de nuestro país cuenten con un mínimo de ingresos que les permita vivir dignamente. Por ello no es una prestación con duración excepcional, sino, todo lo contrario, tendrá un carácter indefinido”. Para 2025, la renta garantizada (que deberá se completada, en su caso, por el ingreso mínimo vital) oscila entre 856,46 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y un menor o dos adultos, y 1.449,39 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y cuatro o más menores, dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores, o por cuatro adultos y un menor (hay una amplia casuística que modula estas cantidades a título de simple ejemplo). La suficiencia o no de estas ayudas depende, evidentemente, de cómo resuelva la unidad familiar su alojamiento.

Es altamente plausible que el gobierno progresista hayan instituido esta prestación, que pone oficialmente fin a la indigencia y garantiza la subsistencia material de todos. Esa red colma las mas antiguas aspiraciones del Estado de Bienestar, que otorgaban al ámbito público el compromiso de garantizar mínimos vitales y de reconocer la dignidad de la ciudadanía, sin excepciones. Pro es claro que los efectos de esta institución serán desiguales si no tienen en cuenta otros factores, muy determinantes de las diferencias sociales.

Como acaba de verse, la disponibilidad o no de una vivienda es un dato esencial de la calidad de vida de las unidades familiares. El ingreso mínimo vital será útil si se conjuga con la accesibilidad a un alojamiento asequible. Y este segundo elemento, el habitacional, está muy lejos de haber sido encarado con la contundencia debida.