Grave retroceso del estado de bienestar

El pacto PSC-ERC para situar al socialista Salvador Illa al frente de la Generalitat de Cataluña ha puesto en carne viva el problema de la financiación autonómica, que, establecida por la Ley Orgánica de Financiación —LOFCA— de 2010, ha quedado desfasada y produce graves inequidades.

En pleno debate sobre este delicado asunto, acaba de aparecer el informe «La inversión social por comunidades, Sanidad Educación y Servicios Sociales», publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España», que ha sido ampliamente difundido por los medios y que aporta datos muy elocuentes al respecto. Los más llamativos señalan la gran disparidad del gasto social por habitante entre comunidades; así, en 2023, la diferencia entre el gasto social en políticas sociales de la comunidad menos dotada, Madrid, y la que más recursos dedica, Navarra, es de casi 1.700 euros por persona y año. Esta última autonomía dedicó 4.160,96 euros a cada ciudadano, lo que la sitúa por delante del País Vasco, con 4.078,95. Ambas disfrutan de un Régimen Foral propio. Entre las comunidades de Régimen Común, destacan Extremadura, con 3.960,33 euros; Asturias, con 3.681,38 y Cantabria, con 3.546,47 euros. A la cola, por el contrario, se sitúan, junto a Madrid, Cataluña, con 2.942 euros; Murcia, 3.007,69 y Andalucía, con 3.124,49. Cada madrileño recibe 660,41 euros menos en políticas sociales que la media nacional; cada catalán 182,49; cada murciano, 116,8 euros, y 89,48 cada andaluz. Según José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación mencionada, “Madrid, Cataluña y Murcia son las tres comunidades que menos inversión hacen en políticas sociales. La insolidaridad de sus gobernantes, que se muestra en sus presupuestos, se traduce en sufrimiento y abandono para las personas más vulnerables de esas comunidades”.

Parece evidente que existe un gran desequilibrio que genera una insoportable inequidad que debe corregirse. Aunque el concepto de Estado de las Autonomías, de equívocas resonancias federales, descarta la homogeneidad, el modelo debe contemplar obligatoriamente la existencia de unos mínimos garantizados y ha de incluir unos mecanismos de nivelación y redistribución.

Pero más allá de estas consideraciones, que son objeto actualmente de una necesaria polémica, hay otras características del modelo de estado de bienestar que son aún más alarmantes. En concreto, el referido análisis detecta que cada vez se invierte menos porcentaje de los presupuestos en políticas sociales; en el conjunto de España, estas partidas bajaron sensiblemente entre 2009 y 2013 por causa de la gran crisis; desde entonces, se registra una insuficiente tendencia al alza: el porcentaje de los PGE destinado a Sanidad, Educación y Servicios Sociales de 2023 ha sido del 58,4%, en tanto que en 2010 fue del 67,4%, 9 puntos por encima. En el caso concreto de Cataluña, en 2009 se destinó a gasto social el 65,34% de los presupuestos, 16 puntos más que actualmente. Y aunque el presupuesto social de Cataluña ha aumentado en cifras absolutas en ese periodo, no lo ha hecho ni de lejos en la misma proporción que el gasto total.

Dicho en otros términos, el estado de bienestar español adelgaza, lo que tiene que tener una traducción cualitativa evidente: nuestra sanidad nuestra educación y nuestros servicios sociales empeoran sistemáticamente, con independencia de que esta decadencia esté, además, desequilibrada entre unas comunidades y otras.

Lo grave del caso es que el Partido Popular, que actualmente gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas, alardea de sus políticas de bajada de impuestos; en Madrid, por ejemplo. Cuando esta comunidad es la última en gasto social por habitante en educación, con 858,64 euros, 382,94 menos que la región del Régimen Común que más dinero destina, que es Extremadura; y 663,85 menos que el País Vasco, que es la que lidera ese ranking. Sucede igual en sanidad: la comunidad madrileña destina 848,80 euros menos por habitante que Asturias, la que más aporta a ese servicio, 2.129,14 euros frente a los 1.280,34 de Madrid.

Ha llegado el momento, en fin, de que este país opte por preservar el estado social que la Constitución impulsa y exige, o desmantelar, de la mano de Ayuso, el sistema social que nos humaniza y civiliza y que ha de actuar como una sólida red inferior de salvamento que impida que alguno decaiga por debajo de determinado umbral.