Todas y todos somos Rita Maestre

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El juicio a Rita Maestre vuelve a poner de manifiesto lo mal que en nuestro sistema jurídico hemos resuelto las relaciones con el hecho religioso. Es decir, lo injusto del proceso nos demuestra una vez más lo cuestionable de unas reglas que responden más a una lógica confesional que a la que debería ser la propia de un Estado constitucional como el nuestro. La persecución penal de cualquier ciudadano o ciudadana por ofender los sentimientos religiosos debería haber desaparecido de nuestro ordenamiento hace mucho tiempo. La ofensa, como parece obvio, solo puede medirse en término subjetivos y, por lo tanto, no debería constituir la base de un tipo penal que, en consecuencia, está sometido a una dificultad probatoria más que evidente.

Más allá de las acciones que impliquen violaciones de derechos fundamentales, o que inciten a ellas o más concretamente a la discriminación, un ordenamiento democrático no debería sancionar, y mucho menos con la carga que supone una pena, las que no son sino manifestaciones de un derecho esencial: la libertad de expresión. Una libertad que, precisamente, ampara y legitima que cualquiera de nosotros pueda opinar y defender las posiciones que considere oportunas, por más que las mismas puedan herir la sensibilidad de quienes no estén de acuerdo con ellas.

A mí, por ejemplo, me hieren cada día las frecuentes manifestaciones machistas que veo a mi alrededor, en muchos casos procedentes de los representantes de la jerarquía eclesiástica, y no por eso decido denunciarlos porque han ofendido mis convicciones feministas. Es decir, no creo que el penal sea el escenario en el que una sociedad democrática deba resolver los inevitables conflictos que provoca el sano pluralismo. Es en el mercado de las ideas, y por lo tanto políticamente, como se deberá gestionar la diversidad y los naturales roces que supone vivir en un contexto en el que cada uno debe defender el derecho del otro a opinar lo contrario.

Por otra parte, y yendo al contexto concreto en el que se produjo la acción reivindicativa de Maestre que dio lugar a la acusación contra ella, la gran cuestión que este país debería asumir de una vez por todas es la de la gestión pública del hecho religioso. Es decir, lo verdaderamente cuestionable del asunto es que no nos cuestionemos en serio la existencia de una capilla católica en el recinto de una universidad pública. Ese es el verdadero meollo, político y jurídico, que en este país ningún partido, me temo, se atreve a enfocar desde el deseable laicismo. En este sentido, todas y todos los que de verdad nos sentimos demócratas deberíamos haber ido de la mano de Rita y poner el grito en el cielo ante una realidad que sigue siendo confesional y que, por lo tanto, contradice no solo la necesaria separación Iglesia-Estado sino que, en paralelo, rompe con el principio de igualdad.

En consecuencia, todas y todos los que pensamos que en este país deberíamos hacer una de las transiciones pendientes, la que nos lleve de un Estado de confesionalidad encubierta a un Estado laico, hemos sido y somos el cuerpo desnudo de Rita, la voz que en su día reivindicó igualdad y pluralismo, la que hoy es juzgada por entender que sus convicciones pueden herir la sensibilidad de quienes no piensan como ella. Todo ello por no entrar en las muchas consideraciones que habría que realizar sobre cómo esta sociedad tan machista extiende su mirada patriarcal sobre el uso de la libertad de la que en casos como éste hacen gala las mujeres.

Una libertad que, incluso, les puede llevar a jugar a su favor con el uso expresivo de un cuerpo que el patriarcado solo entiende desde el dominio erotizado. Por lo tanto, todas y todos deberíamos habernos desnudado con ella para dejar en evidencia una estructura jerárquica que se resiste a asumir la lógica de los derechos fundamentales y que, por supuesto, mal tolera que mujeres poderosas pongan al descubierto al descubierto las miserias que los jerarcas mal disimulan. Una estructura que, no lo olvidemos, sigue siendo subvencionada públicamente y hasta amparada, como estamos viendo, por unas normas penales que en vez de proteger a los más débiles parecen que a menudo protegen los intereses de los que siempre han ocupado los púlpitos.

Este post fue publicado originalmente en el blog del autor