Los perjuicios psicológicos derivados de la exposición a cargas de trabajo inadecuadas no sólo socavan el equilibrio psicológico del juzgador/a, sino que supone, también, el pago de un alto precio social para la ciudadanía, que se ve irremediablemente afectada en su derecho fundamental a la tutela judicial, en plazos prudentes y razonables.