Carta abierta desde Canadá sobre el TTIP y el CETA
Las empresas existen por naturaleza para producir dinero. Su objetivo es aumentar sus ganancias y complacer a sus accionistas y, por tanto, utilizarán cualquier acuerdo comercial que tengan al alcance de la mano para lograrlo, sin importar el coste social o ambiental.
En el marco de la votación en el Parlamento Europeo, sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y EEUU (conocido como TTIP en sus siglas en inglés), la Unión Europea está a punto de tomar una decisión extremadamente importante. Entre bastidores acecha igualmente una decisión clave relacionada con el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA).
Nosotros, los canadienses, nos dirigimos a ustedes los Socialistas, el Partido de la Izquierda Europea y el Grupo de los Verdes, por su capacidad para detener los peligrosos tratados de comercio mencionados. Este tipo de tratado nos enfrenta a dos opciones: o aceptamos las crecientes desigualdades, un poder corporativo desenfrenado y estándares sociales y ambientales degradados -y permitir así que el club del uno por ciento continúe enriqueciéndose a nuestra costa-, o bien podemos marcar claramente nuestros límites.
Nosotros, los canadienses, conocemos este tipo de tratados por experiencia directa. Ya hemos pasado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) entre EEUU y México, y tenemos muchas historias que contar al respecto.
En 1988, fuimos muchos los que salimos a protestar para rechazar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y EEUU, ampliado posteriormente para incluir a México. En el NAFTA se incluyó una de los primeros tribunales de arbitraje, un mecanismo para la resolución de disputas inversor-Estado, la infame cláusula que permite que las empresas inversoras extranjeras demanden a los Estados gobernantes por compensación de pérdidas en ganancias. Temíamos perder nuestros servicios públicos, nuestra agua y nuestras normas ambientales y de seguridad.
El libre comercio fue una cuestión definitoria en las elecciones canadienses de 1988 pero, aunque una mayoría de canadienses votó en contra del tratado, nuestro sistema electoral de mayoría simple (first past the post) instaló un Gobierno conservador que firmó el acuerdo.
27 años más tarde, en Canadá nos enfrentamos al número de litigios inversor-estado más alto de todos los países desarrollados.
Hasta el histórico Río San Lorenzo, el río que los pobladores europeos navegaron en sus primeras exploraciones en Canadá, se ha visto afectado. La provincia de Quebec impuso una moratoria en la exploración petrolera en el río con el objeto de prevenir la fracturación hidráulica (fracking), la controvertida técnica de extracción de petróleo prohibida en Francia y en otras jurisdicciones. Como resultado, una compañía con sede en Canadá pero registrada en EEUU demandó al Gobierno canadiensepor 250 millones de dólares.
Entretanto, en la pequeña comunidad de Digby, un pintoresco pueblo de pescadores cerca de la muy estimada Bahía de Fundy, una comisión conjunta federal-provincial rechazó una cantera tras un exhaustivo análisis medioambiental. El Gobierno canadiense pagó el precio: Bilcon, la empresa en cuestión, ganó la demanda inversor-Estado.
En la costa este la provincia de Terranova y Labrador, que en un plan de desarrollo económico solía obligar a las compañías petroleras a contribuir con la investigación en materia de petróleo, los árbitros de inversiones resolvieron que dicho requerimiento constituía un obstáculo a la generación de beneficios y Canadá tuvo que pagar 17,3 millones de dólares.
La comisaria de Comercio en la UE Cecilia Malmström, y la comisión de comercio internacional de la UE han asegurado que reformarán su propuesta sobre los tribunales de arbitraje, al menos en materia del TTIP. Prometen reemplazar los árbitros de inversiones, a menudo acusados de estar en el bolsillo de los inversores, con jueces independientes. Sin embargo, como el académico canadiense Gus van Harten ha indicado, resulta inevitable que los tribunales de inversiones eleven los derechos de los inversores y proporcionen a las empresas derechos legales coercitivos que no se hacen extensivos ni a los ciudadanos ni a su medio ambiente.
Los europeos deben recordar igualmente que el ministro de Comercio canadiense Ed Fast ha declarado públicamente que el CETA es un acuerdo cerrado y, como tal, deberá pasar por las disposiciones de inversor-estado que bien conocemos y tememos. Una vez aprobado, nada detendrá que cualquier corporación estadounidense se registre en Canadá y lance las temidas demandas desde aquí.
Con el CETA, nuestros Gobiernos han venido haciendo promesas de creación de nuevos empleos. El nuestro ha prometido 80.000 puestos de trabajo, una cifra cuya fuente nadie ha sido capaz de citar. Hemos escuchado todo esto antes con el NAFTA. El canadiense Murray Dobbin escribió: "Para finales de los años 1990, Canadá había perdido cientos de miles de empleos industriales bien pagados debido al NAFTA. El panorama en cifras comerciales es incluso peor hoy en día. En nuestro mayor mercado de exportación -los tres países NAFTA- Canadá ha ido perdiendo terreno contra México de manera continua".
Como hemos visto en acuerdos comerciales en todo el mundo, las corporaciones son camaleones dispuestos a adoptar cualquier identidad nacional que les permita lograr sus objetivos. Actualmente existe un sinfín de supuestas sociedades estadounidenses con sede central en Canadá que han introducido demandas contra el Gobierno canadiense. Bajo el CETA, cualquier empresa estadounidense podrá demandar a un país de la UE que se haya asentado en Canadá con poco más que un apartado de correos.
La armonización reglamentaria otorga a grupos de industrias la capacidad de impugnar fácilmente cualquier legislación indebida en materia de seguridad alimentaria, transgénicos y más. Las normas que nos protegen son objeto constante de debate en el mundo de los negocios. Además, la armonización reglamentaria ejerce presión sobre los gobiernos para que privaticen los servicios públicos, los vectores mismos de una sociedad igualitaria, educada y sana. A menos que se excluya de los tratados comerciales de manera explícita, una vez privatizada una industria, deberá enfrentar impugnas de carácter jurídico si cualquier gobierno futuro desea nacionalizarla de nuevo.
Desde ya la industria petrolera en Canadá prepara el camino hacia la venta de crudo extraído de arenas bituminosas a Europa. Alegando que la Directiva sobre la calidad de los combustibles de la UE es injusta para las arenas bituminosas de Alberta, el Gobierno canadiense presionó con éxito para lograr reducir las normas europeas que están en la vanguardia en materia ambiental y de etiquetado del petróleo sucio. El CETA podría hacer llegar aún más petróleo sucio a la UE .
Son muchos los que piden marcar una línea divisoria. Esta semana en Múnich protestaron 35.000 personas contra el TTIP. Los manifestantes contra el G7 recibieron gas pimienta por estorbar. Dos millones de personas han firmado una petición europea en rechazo al TTIP (y el CETA) y un 97% de los 150.000 consultados por la Comisión Europea rechazaron las disposiciones inversor-estado y los litigios corporativos resultantes.
Maude Barlow es presidente nacional del Consejo de canadienses (Council of Canadians), un organismo fundado hace 30 años para luchar contra el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Canadá. Fue consultora de la ONU y ganadora del Premio al Sustento Bien Ganado (Premio Nobel Alternativo).
Paul Moist es presidente nacional del Sindicato canadiense de empleados públicos (Canadian Union of Public Employees, CUPE), del mayor sindicato canadiense con 628.000 miembros.
Foto: Consejo de canadienses