Más allá del paro: Chipre, Hungría, ciudadanía

Llegué al Parlamento Europeo (PE) en junio del 2009. Como cabeza de lista en aquellas elecciones, conduje una campaña rabiosamente europeísta, pero muy lejos de la inercial alabanza de las ya entonces obsoletas bondades del proyecto de integración supranacional como cajero automático de fondos estructurales, cohesión e infraestructuras. Advertí entonces insistentemente del riesgo de que la UE se despeñase, ante la pavorosa envergadura de la crisis, en un abismo depresivo, abandonándose al espectro del nacionalismo, el resentimiento, la eurofobia y la desafección. Se abonaba así el populismo como última expresión de la extrema derecha antieuropea y reaccionaria. Esta deriva sería aún más preocupante en el contraste europeo -la austeridad suicida- con el giro progresista de la Administración Obama en su respuesta ante la crisis: estímulos a la inversión y a la generación de empleo.

Casi cuatro años después y a poco más de uno para las próximas elecciones europeas de 2014, el PE me sigue pareciendo, como el primer día, un lugar fascinante, cargado de contenido y con una alta intensidad de ritmo de trabajo y calidad de sus debates. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa -1 de diciembre de 2009- el PE ha pasado a ser un órgano legislativo: legislador, con el Consejo, en una enormidad de materias que afectan a las vidas y haciendas de 500 millones de ciudadanos representados en ésta que es la única institución directamente electiva en la arquitectura de la UE. Pero además el PE es ahora, por la extensión de sus competencias legislativas, el Parlamento más poderoso de la historia de la UE y, por la primacía del propio Derecho Europeo, el más poderoso de Europa.

El PE padece, sin embargo, un clamoroso déficit de visibilidad. La ausencia de medios de comunicación europeos que den cuenta de sus debates y vicisitudes es sólo una expresión más de la ausencia de una opinión pública europea, de un genuino espacio público europeo e incluso, a qué negarlo, de verdaderos partidos políticos europeos, a pesar de los avances y trabajos que, en los últimos años, apuntan a estos objetivos.

Viene todo esto a cuento de la intensidad con que en el último Pleno del PE en Estrasburgo se debatieron asuntos del mayor voltaje, conscientes como somos cuantos intervinimos en él de la dificultad de comunicar al conjunto de la ciudadanía europea la entidad de las cuestiones y las líneas divisorias que delinean, en la polémica, la confrontación entre la misma mayoría conservadora que predomina en las restantes instituciones europeas y la alternativa progresista que lucha por señalar la alternativa y la diferencia.

En el Pleno de Estrasburgo se debatió la preocupante reforma constitucional en Hungría, que ha suscitado objeciones desde el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, pero que, sobre todo, desoye todas las señales de alarma que habían sido activadas desde el propio PE. Las condiciones impuestas al pluralismo religioso, al pluralismo informativo y al ejercicio del derecho al juez predeterminado por la ley, entre otras cuestiones delicadas, ponen el telón de fondo a una cuestión menos visible: la alineación vergonzante del conjunto del PP europeo con la política ejecutada por la abrumadora mayoría parlamentaria de Fidesz (el PP húngaro) con una retórica desacomplejadamente nacionalista y ultraconservadora, cada vez más confrontada con quienes, desde el PE, pretenden todavía preservar el carácter vinculante de los compromisos contraídos a la adhesión de la UE en relación a los llamados "criterios de Copenhague": derechos fundamentales, tutela de las minorías, democracia representativa, Estado de Derecho e imperio de la ley.

Más expresivo aún de las líneas divisorias que recorren el PE es el debate sobre Chipre; penúltimo episodio hasta ahora del desastroso manejo europeo de la crisis y de su terrible impacto sobre el ya muy deteriorado estado de cosas en la UE.

El desastre sin paliativos de este episodio de la crisis ha empeorado la recesión y ha indignado a millones de europeos con sus instituciones. Alguien tiene que pagar cuando los errores son tan graves como lo han sido en Chipre. Son responsables los ministros que se sientan alrededor del Ecofin y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, a quien deberían destituir quienes le nombraron.

El impacto de lo sucedido en Chipre afecta de la peor manera a toda la UE en el peor momento posible. En primer lugar, se lanza el mensaje de que no cumplimos con nuestras reglas, al bloquear los ahorros e imponerles una quita confiscatoria; en segundo lugar, se rectifica el rescate bancario, lo que da una imagen de irreflexión y precipitación. En tercer lugar, ha sido desastrosa y pésima la política de comunicación aplicada por los organismos europeos. Se llegó a decir incluso que "así se sienta un precedente", por lo que nuestros ahorros ya no están seguros.

Las consecuencias de esta afirmación sobre la realidad han sido, sin embargo, terribles e irreversibles. En una semana, provocó el incremento de la prima de riesgo en países con dificultades, entre ellos España en 150 puntos básicos, agravando la ya imposible carga de los intereses de la deuda.

Alguien debe hacerse responsable de todos estos errores: los ministros del euro deberían destituir al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.