Evitar la catástrofe de pasado mañana

Evitar la catástrofe de pasado mañana

Hace falta un cambio de paradigma. De otro modo, en 2050 la temperatura de la tierra habrá aumentado entre un 2% y 4% de media, un horizonte recrudecido especialmente en España. El verdadero problema no es de recursos, sino de voluntad política.

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El pasado 24 de abril participé en un intenso debate en la Asociación de la Prensa de Madrid, convocado por Organizaciones No Gubernamentales de carácter ambientalista y animado por periodistas especializados. Todo el encuentro giró sobre las políticas de sostenibilidad y medio ambiente de la UE, discutiendo pormenorizadamente el documento Un Programa por la Tierra que ha elaborado un conjunto de ONG y plataformas ecologistas para su presentación a las formaciones políticas que concurren a las elecciones del 25 de mayo.

A lo largo de más de dos horas largas, los candidatos del PP, PSOE, IU y Equo (UPyD excusó su presencia) discutimos sobre biodiversidad, política energética, nucleares, fracking, energías renovables, gestión de residuos, aguas, costas... Y sobre las alternativas imperiosas para prevenir la inminencia y crudeza del cambio climático contra el que se estrellaron Tokio (1997) y Copenague (2009) y que debería relanzar la próxima Cumbre de París (2015) a través de los vectores del ahorro, la eficiencia y las interconexiones. Se trata, en definitiva, de hacer lo necesario para evitar la catástrofe climática que de otro modo nos acecha para pasado mañana.

El objetivo inexorable es, claro está, reducir drásticamente las emisiones de CO2 (50.000 toneladas al año). Pero también reinventar nuestro actual mix energético incrementando la cuota de renovables y energías limpias, y dejando atrás la hipertrofia de los combustibles fósiles y altamente contaminantes. Además, urge incorporar los vectores de la seguridad energética y la patológica dependencia europea del suministro exterior, puesto dramáticamente de manifiesto a propósito de la crisis de Ucrania.

El debate fue útil para varios objetivos: 1) evidenciar la maduración del Parlamento Europeo (PE) en los asuntos ambientales y la enorme importancia de las elecciones del 25 de mayo; 2) refutar el tópico de las coincidencias entre PP y PSOE en un área donde, no sólo la gestión de los Gobiernos de Zapatero y de Rajoy se hallan a años luz de distancia, sino que se manifiesta también en las divergencias de los respectivos alineamientos de voto en las enmiendas e informes legislativos más decisivos en el Parlamento Europeo a lo largo de esta legislatura 2009-2014.

En efecto, el Gobierno ZP derogó la Ley del Suelo de 1997 que acabó con la Ley del PP de 2008 y con el todo urbanizable decretado por Aznar. El Gobierno socialista revalidó la Ley de Costas de 1988, renovó la protección de Montes, Costas, Aguas y Masa Forestal y Biodiversidad. Duplicó la aportación pública a I+D+I y a la ciencia y a la innovación. Determinó el cierre del parque nuclear español de acuerdo con la finalización de la vida útil de las centrales a los 40 años; e invirtió en energías renovables, haciendo que España creciera en este ámbito estratégico como ningún otro país en la UE.

El Gobierno del PP ha actuado en un sentido regresivo y contrario, guillotinando de manera arbitraria y retroactiva el apoyo a las renovables; apostando de nuevo por las energías fósiles (prospecciones petrolíferas en Canarias); derogando la Ley de Costas de 1988, restituyendo la apropiación privada de patrimonio público; y con un hachazo total a la investigación en torno a la eficiencia y al ahorro energético.

En toda la UE, el manejo catastrófico de la crisis ha repercutido también en la menor dotación de la Red Natura 2000, así como en la disminución de todos los Fondos Estructurales, de Cohesión, Redes Transeuropeas e incluso de las propias (Política Agrícola Común, un 13% menos en toda la UE y un 4% en España), desmintiendo con sus cifras la trompetería propagandística del Gobierno del PP.

Todo ello hace imposible, con la actual correlación de fuerzas, imperante en todas las instituciones europeas, cumplir los objetivos de la Estrategia 2020 y sus criterios de reducción de gases contaminantes un 55% (en comparación a las cotas de 1990), incrementando en un 40% las energías renovables y un 45% de eficiencia y ahorro energético. Sin fondos ni recursos para prevenir el desastre dramático, no habrá nada que hacer.

Pero, para ello, hace falta un cambio de paradigma. De otro modo, en 2050 la temperatura de la tierra habrá aumentado entre un 2% y 4% de media, un horizonte recrudecido especialmente en España.

El verdadero problema no es de recursos, sino de voluntad política. Con una inversión de 600.000 millones de euros podríamos cumplir el objetivo: se trata, después de todo, de un 0,5% del PIB europeo en los próximos 7 años.

Pensamos demasiado en nuestras primas de riesgo, pero no pensamos lo bastante en un horizonte climático que ya no es de largo plazo sino que está a la vuelta de la esquina y nos alcanzará al filo de las próximas décadas.

Aún estamos a tiempo de prevenir y evitar la catástrofe que viene... La del cambio climático, la del calentamiento planetario y la de la crisis del suministro energético que fracture o haga inviable nuestro modelo social el día de pasado mañana.

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Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con premio extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, becario de la Fundación Príncipe de Asturias en EE.UU, Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University, Boston, Massasachussetts), y Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con premio extraordinario. Desde 1993 ocupa la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es, además, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999 y autor de una docena de libros. En 2000 fue elegido diputado por la provincia de Las Palmas y reelegido en 2004 y 2008 como cabeza de lista a la cámara baja de España. Desde 2004 a febrero 2007 fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2007 fue elegido Secretario general del PSC-PSOE, cargo que mantuvo hasta 2010. En el año 2009 encabezó la lista del PSOE para las elecciones europeas. Desde entonces hasta 2014 presidió la Delegación Socialista Española y ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. En 2010 fue nombrado vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE).