Reixa TV

Todos habréis comprobado la reciente invasión de programas televisivos nocturnos de venta a domicilio, adivinación o juegos de todo tipo. Tal vez os haya llamado la atención su mecanismo a veces surrealista y, especialmente, la proliferación de músicos que interpretan piezas musicales (a veces casi inaudibles) en el mismo set en que una bruja aconseja que dejes a ese hombre porque el tarot asegura que va a darte mala vida. Lo que nadie imaginaba es que a la SGAE -y especialmente a su director Anton Reixa- también le fueran a llamar la atención, aunque por razones que nada tienen que ver con el tarot.

El escenario es el siguiente: las televisiones pagan a SGAE sumas considerables cada año por usar en sus emisiones obras del catálogo de la Sociedad, sumas que SGAE ingresa y que representan cerca del 50% anual de sus recursos. Ahora bien, las televisiones han buscado el modo de amortiguar este gasto y reducir su dependencia creando sus propias editoriales. A través de ellas, editan música que emiten en su programación y que encargan a determinados autores, con los que convienen en ciertos casos la cesión de hasta el 50% de los derechos que les corresponden. De este modo, esas editoriales controladas por las televisiones ingresan los porcentajes por derechos que SGAE reparte entre sus socios, compensando parte del gasto que les supone pagar por usar música de terceros. Quede claro: este proceder es legal, y no hay inconveniente en que se actúe así.

Lo que Reixa ha denunciado en una comunicación dirigida a los socios de SGAE es que este método está produciendo perturbaciones y amparando comportamientos dudosos; particularmente se denuncia que el 50% restante de esos derechos cedidos en ocasiones no va a los autores, sino a intermediarios que enmascaran las verdaderas autorías. El resultado es un panorama extraño en el que determinados socios acumulan porciones importantes de la recaudación, concentrando autorías que Reixa cuestiona como sospechosas. En particular, se han señalado casos de niños y niñas que registran arreglos de obras clásicas o personas de la tercera edad que, de pronto, acumulan registros a su nombre pese a no haber registrado nunca nada con anterioridad. También Reixa ha indicado otras actuaciones preocupantes, cuando no directamente ilegales: forzar a compositores a ceder la autoría total o parcial de arreglos sobre obras de dominio público, falsear los títulos de las obras para burlar los límites del reglamento o imponer porcentajes fraudulentos de coautoría a los responsables de las músicas de fondo, jingles o sintonías...

Todas estas prácticas, de ser ciertas, arrojan el resultado de un verdadero fraude y una grave infracción de los derechos reconocidos en la Ley. Sin embargo, las actuaciones que Reixa ha anunciado para tratar de atajar este fenómeno necesitan algo más que una denuncia. Necesitan pruebas.

Quiero suponer que la dirección de la Sociedad ha medido sus pasos antes de lanzar esta denuncia. Y quiero suponerlo porque, si efectivamente unos comportamientos semejantes suponen una práctica quiebra de los derechos y garantías de los creadores, los mismos deben ser combatidos con todos los medios legales. Pero también quiero suponerlo porque lo contrario implicaría poner bajo sospecha inmoderada una práctica legal y permitida por la Ley, a la que las televisiones tienen derecho: la creación de editoriales asociadas que generen obras para su uso en las propias cadenas es algo admisible, y que no supone por sí ninguna infracción. Por eso hay que distinguir con cuidado y preservar los legítimos intereses de los autores y editores legales, pertenezcan al sector que pertenezcan.