La economía colaborativa también necesita sus leyes

Todos entendemos que cuando instalamos Linux, alquilamos nuestro coche a un vecino a través de Social Car, pagamos la miel con Ecosoles o contribuimos a financiar un proyecto en Goteo estamos generando valor económico, social y, en muchos casos, ecológico.

Esta nueva economía actúa, unas veces, por omisión: la ropa secada al sol -en vez de en la secadora- no computa en el PIB, y los diez coches que se dejan de producir por cada automóvil compartido, tampoco; otras, se rige por creación: impulsa intercambios económicos y proyectos que de otra forma nunca hubieran existido. Resta situaciones que molestan y crea otras que aportan.

La producción medida en euros, las ocupaciones contadas en empleos, las propiedades documentadas ante notario no son las unidades de cuenta relevantes para esta segunda economía en la que la persona individual activa sus capacidades y propiedades personales en un entorno de confianza. Un ciudadano agente económico integral y cotidiano.

Nuestro sistema fiscal está basado en la propiedad centralizada, empresas tradicionales que generan empleo, transacciones en las que la falta de lucro constituye sospecha, obligaciones fiscales trimestrales independientes del volumen de actividad y en una legislación cambiante que exige el consejo experto para no cometer errores involuntarios.

Darte de alta como empresario para alquilar tu coche esporádicamente, cobrar en una moneda y tener que pagar los impuestos en otra, contribuir en un proyecto y no poder participar como microaccionista no son soluciones adecuadas para estos ciudadanos. La economía colaborativa necesita de sus propias leyes. Merece algo mejor que vivir al margen de la ley o temerosa de su estricta aplicación.

Hay ejemplos que marcan opciones más estimulantes. El Ayuntamiento de Bristol acepta el cobro de impuesto en la moneda local. Brasil y Uruguay eximen a la economía compartida de fiscalidad argumentando su contribución al bienestar social. De forma más pragmática, otros estados liberan los ingresos esporádicos hasta una cierta cantidad, también en España, aunque los casos y límites son difíciles de fijar.

Es inevitable que la innovación social vaya por delante de las leyes, pero también sería muy deseable que nuestros legisladores advirtieran ya el potencial de la economía colaborativa y decidieran crear un marco específico para sacarla de la tierra de nadie y favorecer su desarrollo.

¿Nos ponemos?

Este artículo se publicó originalmente en Yorokobu.com

Imagen: Berdea bajo licencia CC.