La culpa de lo que pasa es tuya: ¡zoquete!

En todos los sectores, el mismo proceso: los recortes y desmantelamiento del sistema público se llevan a cabo tras culpabilizar a los profesionales que trabajan en el sector que se ha puesto bajo el foco de la ambición de los intereses privados. Allí donde hay posibilidad de convertir las necesidades de los ciudadanos en un negocio -sanidad, educación, justicia, seguridad- se sigue el mismo protocolo. Un procedimiento que empieza por culpabilizar a los actores que se convertirán en las primeras y más inmediatas víctimas de las medidas. Veamos algunos ejemplos.

De la crisis económica no es responsable la especulación exagerada llevada a cabo por el sistema financiero. En el caso español, la crisis no es producto de una pésima gestión por parte de las entidades financieras o de que, llevadas por el interés del negocio, prestasen irresponsablemente el dinero para la compra de casas. Eso sin contar los oscuros enjuagues y derroches que estamos ahora viendo en la parte del sistema financiero gestionado directamente por los políticos, que han conseguido dilapidar un patrimonio -de recursos y de solidaridad- que era colectivo. La culpa es de todos los españoles que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y nos hemos lanzado a la desmedida solicitud de préstamos en pos de grandes palacios en los que vivir. Por cierto, viviendas a las que, claro está, poníamos altos precios como compradores para, así, molar más. Nos ha podido el afán de ostentación. Como los ciudadanos son los culpables, pues que paguen el rescate a los bancos.

El déficit presupuestario no deriva del demostrado despilfarro -cuando no directamente corrupción- en la gestión de los dineros públicos, de la falta de control para poder cumplir con obras vistosas que aseguraran la reelección en el cargo. El déficit viene causado por unos indolentes empleados públicos que lo único que hacen es desayunar, leer el periódico, jugar en internet y llamar por teléfono por asuntos privados. Como así no hay quien pueda, pues a echarlos. Y si no se les puede echar, porque son funcionarios, pues a recortarles el sueldo. Si son culpables del déficit, pues que lo paguen.

La sanidad pública española, que hasta hace bien poco era una de las que mejor funcionaba del mundo, se ha venido deteriorando por unos profesionales que sólo miran por su interés, de tal manera que alargan la atención y la escucha a los pacientes y citan, para pruebas diagnósticas u operaciones quirúrgicas, llevados por el interés de acumular horas extraordinarias. Claro que, aquí, también tienen su culpa los pacientes, que, como posesos, coleccionan medicinas en su casa, sin utilizarlas, y acuden a las consultas porque no tienen a nadie a quien contar sus penas. Por lo tanto, que unos paguen con privatizaciones, traslados y reducciones salariales; y los otros, con el copago.

El crónico atasco en el sistema judicial español deriva de unos picapleitos que sólo buscan engrosar la minuta alargando la duración de las causas. Tras cada providencia, auto o sentencia, recurso y que el cliente siga pagando. Son unos desalmados a los que hay que poner freno. No es culpa de los grandes despachos de abogados, multinacionales que trabajan para poderosos clientes, y que conviven armoniosamente con los jueces, especialmente en el orden jurídico civil o mercantil. Son esos despachos que llevan los casos hacia la caducidad de las acciones jurídicas, como puede verse en algunos casos sonados: Albertos, Sáez, etc. Tampoco es de una producción de leyes defectuosa y continuamente con parches, lo que deja camino amplio al recurso. La culpa es de los abogados y sus clientes. Pues que paguen con más tasas.

El sistema universitario público español se cae por el desdén de los profesores, que se quejan por tener que llevar a cuatro y cinco grupos-clases de alumnos. Es ese sistema universitario que produce esos profesionales (médicos y médicas, informáticos e informáticas, enfermeros y enfermeras, etc.) que ahora se rifan en muchos países, sabiendo de la calidad del producto que se exporta. Vamos, que se va al extranjero porque aquí ni se les valora, ni hay sistema productivo que los asuma. Ahora bien, la insostenibilidad económica de este sistema no es producto de un diseño alocado que ponía una universidad en cada ciudad y una facultad universitaria en cada pueblo, para así, según decían, atender a seculares demandas de la población. Así, asistimos durante los años ochenta y noventa a diseños de centros universitarios capaces de atender en sus aulas a más de la décima parte de la provincia en la que se encontraban. Por lo tanto, a quedar vacía en cuanto quedasen satisfechas las primeras demandas, más teniendo en cuenta que eran diseñadas para que los estudiantes no se movieran de su localidad: si hay estudios universitarios cerca de donde vivo, ¿para qué moverse y asumir una multiplicación de gastos familiares? Claro que tales decisiones políticas facilitaban la reelección y, en el peor de los casos, la recolocación propia o de los amigos y familiares: ¿cuántos cargos políticos se han colocado en las universidades públicas tras dejar el cargo? Pero la culpa es de unos profesores que ni enseñan, a pesar de que acumulan horas docentes como en ningún otro país desarrollado, ni investigan, a pesar del aumento del reconocimiento de las aportaciones españolas en un campo dominado por un mundo anglosajón que impone su lengua y su red de intereses editoriales-empresariales, y unos estudiantes que no estudian, a pesar de que constituyen las generaciones mejor preparadas de toda la historia en España. Por culpables: despidos, reducción de sueldos y aumento de tasas.

El último episodio de culpabilización de la víctima se ha vivido en la Comunidad de Madrid. En unas pruebas-oposiciones a profesores interinos de enseñanzas primarias, se demuestra que no sirven para dar clases, que son unos zoquetes de tomo y lomo. No saben por dónde pasa el Ebro. Así, el que algunos no lo supieran, se convierte en: ninguno de estos maestros lo sabía. ¡Qué desastre! El informe de los resultados ha sido claramente filtrado para que lleguemos a la conclusión de que ninguno de estos profesores, hayan sido los que han fallado en las preguntas fáciles o los que las han respondido adecuadamente, permanezca en el sistema público de enseñanza al cargo de nuestros hijos. ¿Y por qué salen beneficiados los colegios-empresas privadas de todo esto, cuando sus profesores no tienen que pasar por ningún examen o, directamente, son los que han suspendido las oposiciones? Misterios por los que el dogma de la privatización siempre manda: lo privado es lo mejor, y no esos centros públicos repletos de profesores que, además de no saber por donde pasa el Ebro aunque hayan superado una oposición y cientos de cursos de formación, tienen que atender la multiculturalidad y conflicto creciente de las aulas, y a los que se carga con todos los problemas de la sociedad, a cambio de un modesto salario. Culpables porque también ellos son responsables de nuestra cultura de la corrupción -especialmente política- y de la ausencia del principio de autoridad, que se pone en evidencia tras las manifestaciones, siempre llena de "antisistemas" crecidos en esas aulas. Por culpables, que paguen con la precariedad más absoluta. Y, además, no saben por donde pasa el Ebro.