Seguridad legal para los agentes forestales
Nuestro medio ambiente y patrimonio natural gozan, al menos desde el siglo XVII, de un colectivo profesional que vela por su preservación: el cuerpo de Agentes Forestales. Tres siglos y medio han pasado desde que Carlos II encargara a los "celadores" la vigilancia de las masas arbóreas y los animales salvajes, hasta el día de hoy, en el que seis mil quinientos hombres y mujeres asumen la defensa del entorno natural y la tarea de preservarlo para el futuro.
Pero esta misión, que desarrollan desde la vocación de servicio y el cariño por una naturaleza diversa, viva y bella, lejos de ser algo plácido, se enfrenta a un entorno hostil, no sólo por la carencia de sensibilidad y respecto de otras personas que interactúan en el medio, sino por las lagunas de protección legal y reconocimiento institucional.
El reciente crimen de Lleida, que costó la vida a dos agentes, proyectó sobre la opinión pública estos riesgos con toda crudeza, haciendo aflorar un inventario de desprecios y agresiones que, por desgracia, en el ejercicio de sus funciones van mucho más allá de la mera acumulación de casos aislados. De este modo, han enrojecido las luces de alarma que instan a abordar una reivindicación que estos profesionales llevan esgrimiendo más de una década: la promulgación de una ley básica que garantice los mínimos comunes de reconocimiento y de dotación de medios a fin de poder seguir desarrollando su imprescindible función social.
Las lagunas legales son alarmantes: reconocidos sólo por un artículo de la Ley de Montes, con una dispersión normativa que perpetúa agravios y disfunciones en relación en el territorio donde ejercen y en competencia con otros cuerpos y fuerzas de seguridad, estatales y autonómicos, que demasiado a menudo los conciben como unos subordinados que no son ni tienen que ser, la precariedad legal profundiza en una inseguridad que no merecen.
No obstante, el pasado 29 de marzo, en el Congreso de los Diputados, los representantes sindicales y asociativos mayoritarios del colectivo de Agentes Forestales y Rurales del Estado firmaron un acuerdo histórico que servirá para emprender este texto marco desde la unidad. La promulgación de una ley específica que reconozca el Cuerpo y que, desde el respeto a las competencias autonómicas, regule sus funciones de policía administrativa y judicial, de apoyo a la gestión del patrimonio natural, de emergencias y protección civil y de formación y sensibilización ambientales. Y al mismo tiempo, que les asegure el reconocimiento como funcionario, agente de la autoridad y policía medioambiental, así como la dotación de medios para acometer en condiciones y dignidad los riesgos inherentes a la profesión, con unos signos identificadores adecuados con los caracteres de policía, autoridad, ruralidad y proximidad que los definen.
Un medio ambiente rico, diverso, productivo, lúdico y garante de salud y de un paisaje bello, que regala calidad de vida, identidad y dinamismo son legados que hemos recibido y que estamos obligados a conservar para las futuras generaciones. El cuerpo de Agentes Forestales y Medioambientales son el colectivo de mujeres y hombres que trabajan, desde la vocación de servicio y sacrificio, para que esto sea posible. Es hora de hacer justicia y reconocerle de forma efectiva la dignidad, la seguridad y la generosidad que, a un coste demasiado alto, se ha ganado. Se lo debemos. Nos lo debemos.
