La lucha trans continúa: 'apartheid laboral' y reconocimiento de su memoria

En febrero del año pasado, sólo cinco días después de que la ley trans fuera aprobada de forma definitiva en el Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo criticó a Pedro Sánchez en el Senado por sacar adelante esta norma que molestaba "a la gente de bien". Estas palabras, a todas luces desafortunadas, provocaron la reacción airada de la bancada socialista y el presidente del Gobierno le contestó así: “Nunca imaginé que reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuese molestar a la gente de bien”.

Para la derecha y la ultraderecha, para la Iglesia, para los medios de ideología conservadora y para un sector destacado del feminismo, las personas trans no son "gente de bien". Y eso tiene una traducción peligrosa en las calles. Desde que se empezó a elaborar la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, bajo mandato de Irene Montero, los discursos tránsfobos y de odio hacia este colectivo se han disparado en España. Cataluña, por ejemplo, cerró 2023 con récord de agresiones por LGTBIfobia: el 25% fueron contra personas trans. En Andalucía, la Junta presentó el pasado enero un informe que corrobora que las agresiones al colectivo trans en la región habían crecido en los últimos años.

La proliferación en medios y en redes sociales de discursos excluyentes, en muchos casos con comentarios que rozan los delitos de odio, son el caldo de cultivo de esas agresiones. Y la aprobación de la ley trans hace ya un año ha servido de amplificador de esa ola tránsfoba. Porque insultar, denigrar o posicionarse en contra de las personas trans sale gratis.

Vox, que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, ha asegurado en reiteradas ocasiones que la ley supone "una amenaza para mujeres y niños" y una de sus dirigentes tildó a Elizabeth Duval de "enferma crónica". Por su parte, Feijóo banalizó el contenido de la ley trans asegurando que "es más fácil cambiar legalmente de sexo que sacarse el carné de conducir".

Los medios de comunicación también han contribuido a desinformar sobre los aspectos de la norma difundiendo bulos o sirviendo de altavoz para aquellos sujetos que pregonan su intención de cometer un fraude de ley. En agosto, por ejemplo, medios de derechas publicaron como noticia que una presa trans había dejado embarazada a otra interna. Pese al desmentido de Instituciones Penitenciarias, la noticia sigue hoy en día colgada en esos medios con comentarios de sus lectores regurgitando odio. Y en redes sociales, reconocidos influencers y líderes de opinión han alertado sobre posibles violaciones de trans a mujeres en los vestuarios de gimnasios o aluden de forma implícita a posibles casos de pederastia. Todo, por supuesto, sin denunciarse ni un sólo caso de este tipo. 

Pero el ataque más directo ha llegado del denominado sector feminista tradicional, quien critica que el género pueda entenderse como una identidad. Para este feminismo, las mujeres trans no pueden considerarse en ningún caso mujeres y hablan de "daños irreversibles" a la hora de valorar las cirugías de modificación genital. 

Lo cierto es que la ley trans, tal como está planteada actualmente, 'despatologiza' el proceso de cambio de sexo en el registro e introduce varios avances para la comunidad LGTBIQ+. El punto principal del texto es la eliminación de la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos para aquellas personas que soliciten el cambio de sexo en el Registro Civil, que ahora podrá autorizarse sólo con la voluntad libremente expresada si la persona tiene más de 16 años. 

5.139 personas acudieron en 2023 al Registro Civil para cambiarse de sexo, según datos del Ministerio de Justicia publicados por The Objective. Es cuatro veces más que el año anterior, 2022, cuando lo pidieron 1.306.

Alesya Benoroso es una de esas más de 5.000 personas que solicitaron cambiar su sexo en el registro civil en 2023. "Acudí por miedo a que los recortes de Ayuso a la ley trans madrileña pudieran afectar en algo a este proceso", asegura en una conversación telefónica con El HuffPost. Esta joven psicóloga y sexóloga de 26 años asegura que aunque presentó la solicitud en junio no le dieron cita hasta el mes pasado para hacer la primera de las dos comparecencias obligatorias que requiere el cambio. La ley trans no indica plazos mínimos, pero sí establece que el proceso de cambio de sexo en el Registro Civil debe tardar un máximo de cuatro meses en completarse desde la primera visita.

Para Alesya, la entrada en vigor de la ley trans "no ha supuesto un antes y un después" en su vida porque muchas de las reivindicaciones históricas del colectivo siguen sin ser atendidas por las administraciones. En especial, lo relativo a la búsqueda de empleo. Las tasas de desempleo del colectivo trans se sitúan en un 80%, según señalaba en 2022 el informe 'Situación de la LGTBIfobia en el trabajo' elaborado por UGT. 

"Cuando acabé la carrera y me cambié el nombre en el DNI, fue imposible encontrar empleo. Parece que las personas trans o nos especializamos para trabajar con personas trans u olvídate de encontrar otro empleo. Vas a cualquier entrevista de trabajo, te dicen que eres idónea para el puesto pero cogen a otra persona. Cuando eso pasa cinco, seis, siete veces... ves rápidamente que hay un patrón", denuncia. 

Mar Cambrollé, histórica activista por los derechos de las personas trans en Andalucía, habla también alto y claro al respecto: "No sufrimos paro, sufrimos una exclusión pura y dura. Es un apartheid laboral", asegura a este medio. Cambrollé exige a las administraciones "políticas públicas para favorecer el acceso al mercado laboral", como cupos laborales de las ofertas públicas de trabajo o incentivos fiscales para los emprendedores trans. "¿Dónde están las personas trans en el Mercadona, en el Zara o en las plantillas dedicadas a las limpieza de hospitales o aeropuertos?", se pregunta.

Además del empleo, la activista también exige el reconocimiento de las personas no binarias, que las personas migrantes puedan modificar su documentación en las oficinas de extranjería, activar el régimen sancionador para los casos de lgtifobia y poner en marcha una ley para el reconocimiento de la "memoria trans". "El Estado ha vulnerado durante décadas los derechos de las personas trans. No solo hemos sido víctimas de una dictadura, sino también del olvido de la democracia. Por eso, hoy hay personas en el ocaso de sus vidas viviendo en la máxima pobreza y precariedad. Pedimos que esta gente tenga derecho a una pensión, donde la cotización se equipare al SMI, y a una vivienda social. Y si es una persona dependiente, plaza en una residencia pública donde se respete su identidad sexual", asegura Mar. 

"La ley trans es insuficiente"

Garnet, una joven de 30 años y miembro de comisión trans de Granada visible, también reclama desde su asociación cambios en la actual ley trans, como la eliminación del periodo de reflexión (las dos comparecencias) o el plazo de reversión de seis meses. "Esto es, de algún modo, querer seguir tutelando a las personas trans", señala a El HuffPost. 

De igual modo, critica que los menores de entre 16 y 14 años sólo puedan cambiar su sexo en el registro acompañados de sus padres o tutores legales, mientras que los de 12 a 14 años necesiten autorización judicial. "Esto supone una violencia para elles, que son obligades a conseguir una autorización judicial para el reconocimiento de su existencia. Si te toca un juez conservador, cabe la posibilidad de que pida informes médicos y eso nos lleve de nuevo a la patologización", asegura.

Granada Visible, una asociación socialista y anticapitalista, considera que la ley trans es "insuficiente" porque no garantiza la "plena libertad". "No seremos socialmente iguales ni totalmente libres hasta que superemos este sistema capitalista, patriarcal, racista y capacitista, acabando con la explotación y las diversas formas de opresión sobre las que se constituye", subraya Garnet. Además, considera "una burla" del Gobierno nombrar a Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado y a Isabel García presidenta del instituto de las mujeres por sus posturas contrarias al colectivo. "Exigimos los ceses de todo cargo público ocupado por cualquier persona tránsfoba", asevera.

"Yo me niego a decir que estas personas forman parte del feminismo", asegura Mar Cambrollé al respecto. "El feminismo, por su propia idiosincrasia, jamás podrá ser un vehículo para difundir odio y discriminación hacia otras mujeres o hacia un colectivo vulnerable. El feminismo habla de igualdad de todas las mujeres. De todas, sin excluir a ninguna", añade.

La activista subraya que personas como Carmen Calvo o Amelia Valcárcel "han hecho uso y abuso" de su poder "para difundir un discurso de odio". "La transfobia no es una opinión, es la materialización del odio hacia las personas trans. Y no podemos tener en las instituciones a personas que están en los mismos marcos ideológicos que tiene Vox", dice de forma rotunda.

Cambrollé celebra, en todo caso, el primer año de vida de una ley que "ha devuelto la dignidad a las personas trans" y manda un mensaje a esa "gente de bien" que se ha posicionado en contra de ella. "Las personas trans no tenemos nunca dudas de quiénes son, pero sí tenemos miedo a la hostilidad. A que nos traten mal por ser cómo somos. Pero no hay que malgastar ni un segundo de nuestras vidas en intentar agradar a alguien para caerle bien. Nuestras vidas pertenecen a nosotras mismas", zanja.