¿En qué gasta el Congreso sus 84 millones de presupuesto?
No es que España haya sido el último país de la UE en incorporarse a la legislación sobre transparencia, sino que los primeros resultados han sido decepcionantes, y las excepciones y zonas de sombra previstas en la norma, demasiadas. En el Congreso de los Diputados siguen sin enterarse de que el escrutinio permanente de la acción pública es más necesario que nunca si se quiere devolver la credibilidad a la política y recuperar el crédito perdido.
No busquen porque los datos que van a leer en este post no aparecen en el cacareado portal de Transparencia. El derecho a la opacidad está consolidado en el Parlamento. 37 años de democracia y en el Congreso de los Diputados rige la ley de la sombra.
En los últimos años, la presión mediática y social no ha logrado más que unas tímidas concesiones al derecho a la información -las declaraciones de Renta, Actividades y Patrimonio de sus señorías, el destino de sus desplazamientos internacionales y poco más-. El resto, todo es negritud: los órdenes del día de las reuniones de la Mesa -órgano de gobierno de la Cámara-, los presupuestos anuales, los destinos de los viajes nacionales, las dietas, los gastos en telefonía móvil, conferencias; cursos de inglés, taxis aviones, trenes, alquileres...
Aun así, por tercer año consecutivo, y no porque los datos sean públicos, aquí tienen algunas de las partidas más suculentas del presupuesto del Congreso para 2015, cuyo importe global suma más de 84 millones de euros. Tan sólo, eso sí, un 0,33 por ciento más de lo gastado en el ejercicio que está a punto de acabar, y de una reducción acumulada del 18 por ciento en los cinco últimos años. Se congelan de nuevo las retribuciones de su señorías, siguen sin hacerse aportaciones a los planes de pensiones de los parlamentarios y se ahorra un 2,46 por ciento con la nueva adjudicación del servicio de cafetería y restauración... ¡Es de agradecer!
Pero, lean, lean, porque aquí, en El Huffington Post, sí hemos tenido acceso a la distribución del gasto por partidas y secciones parlamentarias aprobado por la Mesa del Congreso hace unas semanas y, por supuesto, no colgado en la página web de la Cámara ni en el portal de transparencia. Sepan que la llamada asignación constitucional -salario base- de sus señorías costará 13,5 millones de euros, a los que hay que sumar otros 5,2 millones en concepto de complementos; 6,7 millones en billetes de avión y Renfe; 500.000 euros en gastos de kilometraje en vehículos privados; 850.000 del servicio de radio taxi; 309.000 en dietas y 55.000 euros en clases de idiomas para diputados. En total, más de 28 millones de euros y otros 9,3 que reciben los distintos grupos parlamentarios como subvención para su funcionamiento ordinario.
La Cámara gastará además 7.485.410 euros en el personal que asiste a los miembros de la Mesa -los mejor retribuidos de toda la Cámara- y en programas de asistencia para diputados, así como para el personal eventual que asiste a los presidentes de comisión, además de los 90.000 euros en dietas de los conductores asignados al máximo órgano de gobierno del Parlamento, o los 50.000 que suponen los gastos de desplazamiento de los escoltas que acompañan habitualmente al presidente del Parlamento.
El departamento de Relaciones Institucionales gastará 35.000 euros en regalos y otros 180.000 para las atenciones de miembros de la Mesa y del Departamento de Protocolo. Y el área de Patrimonio pagará 180.000 euros por la limpieza de vidrieras; 350.000 por la adquisición de material de escritorio; 166.000 para la compra de vestuario del personal de la Cámara; 300.000 para mobiliario: 188.000 para nuevas fotocopiadoras y 135.000 para la limpieza de alfombras.
Lo presupuestado para mantenimiento de edificios y obras de reparación suma 1.100.000 euros y otros 2 millones el mantenimiento de fotocopiadoras y fax. Por lo demás, la Cámara gastará 2,2 millones en consumo de electricidad; 400.000 en gasolina para los vehículos de su parque móvil; 600.000 en telefonía fija y móvil. 1,4 millones en el servicio de limpieza y 942.000 en subvencionar los precios de la cafetería.
Y sumen bien, porque lo contado hasta aquí es el gasto que generan los 350 diputados en activo. Los inactivos , los que dejaron la actividad parlamentaria y tienen derecho al llamado "finiquito" (un mes de sueldo por legislatura) costarán al erario público en 2015 otros 8.483.143 euros.
Lo dicho: no es que España haya sido el último país de la UE en incorporarse a la legislación sobre transparencia, sino que los primeros resultados han sido decepcionantes, y las excepciones y zonas de sombra previstas en la norma, demasiadas. En el Congreso de los Diputados siguen sin enterarse de que el escrutinio permanente de la acción pública es más necesario que nunca si se quiere devolver la credibilidad a la política y recuperar el crédito perdido.