El pasado siempre vuelve, también el del 135
Eran las 12:40 de la mañana de un 26 de agosto. Se cumplirán pronto 7 años de aquella mañana que cambió para siempre el rumbo del PSOE. Lo lideraba entonces José Luis Rodríguez Zapatero. El Congreso de los Diputados aprobó, con los votos de socialistas y populares, la reforma del artículo 135 de la Constitución. ¿Recuerdan? "Cueste lo que me cueste", dijo el entonces presidente del Gobierno. Y aquella votación que anteponía el pago de la deuda a cualquier gasto público o social, que llegó después de los dramáticos recortes de mayo de 2010 y que vino impuesta desde Bruselas, le costó al PSOE 59 escaños y cinco millones y medio de votos en las siguientes elecciones. Ahí es nada.
Aquella medida que garantizaba el principio de estabilidad vinculado a todas las administraciones públicas y cuyos principios se desarrollaron mediante una ley orgánica aprobada meses después por un Gobierno del PP, y ya con los votos en contra del PSOE, fue la gota que colmó el vaso de muchos votantes socialistas que desde entonces no volvieron a serlo.
No en vano, PSOE y PP pactaron el primer cambio de la norma fundamental en 30 años. Lo que había resultado imposible durante décadas, se ventiló en apenas un minutos una noche de agosto entre Zapatero y el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy. Dijeron que era el último intento para calmar a los mercados, al Banco Central Europeo y al eje franco-alemán con el objetivo de salvar a España de una intervención. Pero hasta en las filas socialistas, donde una semana antes se había descartado semejante medida por excepcional y por considerarla propia de formaciones conservadoras, el anuncio cayó como un jarro de agua fría. Tanto que esa misma mañana, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya candidato a las elecciones generales por el PSOE, supo la dimensión de la sangría electoral a la que se enfrentaba.
El ya hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, votó y defendió con entusiasmo la reforma como diputado raso, si bien años después, en 2014 y tras ser elegido por primera vez secretario general de los socialistas, reconoció no sólo que aquella decisión fue "claramente apresurada", sino que propuso una nueva modificación del artículo para garantizar los derechos sociales.
La última vez que el PSOE de Sánchez se mostró dispuesto a reformar el 135 para no primar el pago de la deuda fue en marzo de este año, cuando aún estaba en la oposición. Desde que es Gobierno, nada se ha dicho ni planteado, según fuentes gubernamentales, sobre el asunto en las reuniones de coordinación que semanalmente celebran la dirección del Grupo Socialista y el sanedrín "monclovita".
Pero como en la política, igual que en la vida misma, el pasado siempre vuelve, Pedro Sánchez deberá enfrentarse en pocas semanas al espejo de sus contradicciones o, por el contrario, hacer honor a la palabra dada sobre el polémico 135 de la Constitución española, ya que Podemos ha puesto como condición para su apoyo a la senda de déficit y el techo de gasto la derogación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que desarrolló aquella reforma exprés de la Constitución de 2011.
La propuesta consta en un documento de 17 paginas con el que los morados han puesto negro sobre blanco cuál es el precio a pagar por el PSOE si quiere sortear el discurso de la derecha política y mediática sobre la inestabilidad parlamentaria y aprobar, al segundo intento, la senda de déficit como paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales de 2019. Los de Iglesias pretenden acabar con el blindaje a la austeridad fiscal dictada desde Bruselas, lo que no resultará sencillo de explicar para Sánchez ante las instituciones europeas por mucho que se haya trabajado con ahínco la política bruselense y se haya convertido en interlocutor preferente de Merkel o Macron.
Aún así, el Gobierno está dispuesto a hablar de ello sin que sea necesario llegar a la reforma del 135, ya que, según admiten en Podemos, la propia derogación de la Ley de Estabilidad dejaría sin efecto las modificaciones que se introdujeron en la Constitución para priorizar el pago de la deuda. "No es un mal punto de partida", responden en La Moncloa, donde son conscientes de que en el caso de corregirse aquella reforma, Sánchez tendrá ante sí la oportunidad de reconciliarse con el electorado de izquierdas. En su gabinete lo llaman contribuir a la construcción de un nuevo relato para el PSOE.
