"Veo una furgoneta y tiemblo"
Se cumplen dos años de los atentados de Barcelona.
Ramon Serrano, un barcelonés de 47 años, presenció el 17 de agosto de 2017 el descenso por La Rambla de Barcelona de la furgoneta blanca conducida por Younes Abouyaaqoub que realizó el atropello masivo, y dos años después del atentado aún siente temor al ver un vehículo similar en la zona: “Veo una furgoneta de estas y tiemblo”.
En una entrevista de Europa Press, Serrano ha recordado que el día que ocurrió el ataque subía por la avenida en autobús y pasado el mosaico de Joan Miró vio “un gesto de una pareja” que le llamó la atención.
“El chico tiró del brazo de la chica y, en décimas de segundo, fue cuando vi bajar la furgoneta por el medio de La Rambla”, ha explicado, rememorando las víctimas y destrozos que el vehículo dejó a su paso.
Bajó del autobús para ayudar a los heridos y la primera fue una mujer con una herida en la cabeza que sangraba: “Yo salgo en un vídeo primero con camiseta y después sin camiseta porque con esta camiseta le estoy tapando la cabeza a la chica”.
Ayudó a retirar al menos cuatro heridos después de que un agente policial de paisano le dijera que había que sacar de La Rambla a “todo lo que esté vivo”, según ha recordado.
Su pareja trabaja en la actualidad en el mercado de La Boqueria, cerca del punto donde la furgoneta del atentado se paró, y recientemente la fue a buscar al trabajo y vio una furgoneta similar: “Me bloqueé, me dio como un ataque de pánico y me bloqueé. Me quedé parado, no podía andar ni hacia adelante ni hacia atrás, hasta que mi mujer me vio”.
RECONOCIMIENTO
Unas dos semanas después del atentado, ha asegurado que tuvo dificultades para comer y dormir: Son “cosas que el cuerpo no asimila”.
Una asociación de vecinos le recomendó llamar a psicólogos del Ayuntamiento, con los que hizo tres sesiones en otoño de 2017, y después la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (Uavat) le contactó en enero de 2019, entidad que le explicó los trámites necesarios para su reconocimiento como víctima aunque “ya estaba fuera de plazo para entregar cualquier documento”.
Desde el Ministerio del Interior respondieron a su petición que las solicitudes deben cursarse en el plazo máximo de un año desde que se produjeron los daños, por lo que en el caso de Serrano la reclamación era extemporánea y se inadmitió a trámite “sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto”.
“GRAVE CICATRIZ MENTAL”
En declaraciones a Europa Press, el asesor de la Uavat ―y superviviente del atentado de ETA en Hipercor―, Robert Manrique, ha explicado que el caso de Serrano no es el único que lleva la entidad, y ha lamentado: “Hay mucha gente que son testigos presenciales, es decir, no tienen ni un rasguño en una rodilla, pero sí pueden desgraciadamente con el paso del tiempo desarrollar una grave cicatriz mental”.
Ha criticado que en casos como el de Serrano la Administración responda “su expediente no lo vamos a valorar porque ha llegado fuera de plazo”, y ha reprochado que no han buscado a las posibles víctimas.
Ha pedido empatía y sensibilidad a la Administración, y ha añadido que la ley establece que se debe informar a las víctimas, y ha declarado: “Para informar a una víctima primero tienes que conocerla, y para conocerla tienes que buscarla”.
96 VÍCTIMAS OFICIALES
Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han descartado valorar casos particulares, pero han expresado “respeto” a los testigos, afectados y víctimas del atentado, y han asegurado que se siguió la ley en todos los procedimientos.
El Ministerio informó a principios de agosto de que se ha abonado 5,2 millones de euros y reconocido a 96 personas como víctimas, a los que hay que sumar otras 24 personas a las que se han otorgado ayudas como afectados.
En los actos terroristas que tuvieron lugar en Barcelona, Cambrils y Alcanar (Tarragona) entre la noche del 16, el 17 y el 18 de agosto de 2017 fallecieron 16 personas y otras 137 resultaron heridas, y el Ministerio ha tramitado 549 expedientes, de los que, dos años después, se han resuelto el 74%.
La directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, también explicó en declaraciones a Europa Press que los “testigos” con secuelas no son reconocidos por la ley como víctimas con derecho a indemnización económica, aunque sí pueden tener ayuda psicológica o darse de baja por enfermedad.
