Una coalición de fiscales generales demanda al Gobierno de EEUU por suprimir la neutralidad de la red
Una decisión "arbitraria, caprichosa y un abuso" que viola la ley.
Una coalición de 22 fiscales generales de Estados Unidos ha presentado una demanda en contra del Gobierno y de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) por su decisión de poner fin a regulaciones que garantizan la neutralidad de la red.
El grupo de fiscales, liderados por el del estado de Nueva York, ha pedido al Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia que revise la decisión de la FCC, que consideran "arbitraria, caprichosa y un abuso" que viola la ley federal y la Constitución.
"Una internet abierta, y el libre intercambio de ideas que permite, es fundamental para nuestro proceso democrático", ha declarado el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, en un comunicado.
"La derogación de la neutralidad de la red convertiría a los proveedores de servicios de internet en porteros, permitiéndoles poner las ganancias sobre los consumidores mientras controlan lo que vemos, lo que hacemos y lo que decimos en línea", ha advertido.
De acuerdo con el fiscal, de ocurrir eso "sería un desastre para los consumidores y las empresas de Nueva York, y para todos los que se preocupan por una internet libre y abierta".
IMPEDÍA QUE LAS EMPRESAS MANEJARAN EL TRÁFICO A SU ANTOJO
La norma sobre la neutralidad en la red que garantizaba la protección de internet como servicio público procede de la pasada Administración del presidente Barack Obama. Aprobada en 2015, impedía que las empresas proveedoras de internet pudieran bloquear o ralentizar el tráfico a su antojo.
Los fiscales han indicado además en el comunicado que la FCC no puede realizar cambios "arbitrarios y caprichosos" en las políticas existentes, como la neutralidad de la red.
Agregan que la nueva norma de la FCC no justifica el alejamiento de la Comisión de su política y práctica de defensa de la neutralidad de la red, mientras "malinterpreta e ignora" la evidencia histórica sobre prácticas industriales y daños a consumidores y empresas.
La demanda ha sido presentada por los fiscales de Nueva York, California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Minesota, Misisipi, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Columbia.
