Caso mascarillas: el policía que verificó el material asegura que no eran las mismas que aportó Medina

El agente de la Policía Municipal que elaboró un informe sobre las mascarillas adquiridas por el Ayuntamiento de Madrid, en el marco de la causa que investiga a Luis Medina y Alberto Luceño por posible estafa, ha declarado este viernes ante el juez que las que él verificó no se corresponden a las que aportaron los empresarios.

Lo ha explicado a los medios la abogada de Mas Madrid, Nuria Zapico, tras la declaración del agente municipal, quien ha dicho al juez que las mascarillas que le fueron entregadas para la verificación, cuyas fotografías incluyó en su informe, no coinciden con las imágenes de dicho material sanitario que aparecen en la documentación remitida por los distribuidores.

Durante las más de tres horas que ha durado la declaración, el agente ha puntualizado que él no valoró la calidad de las mascarillas, sino que se limitó a comprobar la documentación expedida y que esta sí cumplía con la normativa.

Preguntado por dichos documentos, el policía ha reconocido que no hizo ninguna comprobación acerca del organismo que supuestamente verificó la calidad y el cumplimiento de la normativa del material sanitario, más allá de acceder a su web y ver que en ella se erigen como una entidad válida para emitir dichas verificaciones.

No obstante, ha señalado que no conocía la alarma emitida por el Ministerio de Trabajo que alertaba sobre la invalidez de las certificaciones de dicho organismo.

Respecto a otro documento, emitido por una entidad americana, ha reconocido que incluía un registro de una patente, pero que no certificaba la calidad del material sanitario.

Una fotocopia de mala calidad y en chino

En cuanto a la documentación procedente de China, ha admitido que se trataba de una fotocopia de muy mala calidad, escrita en chino y en la que tan solo se fijó en las siglas KN95, la tipología de las mascarillas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, investiga a Luis Medina y Alberto Luceño por presuntamente embolsarse 6,6 millones de dólares en comisiones como intermediarios entre la empresa malaya Leno y el Ayuntamiento de Madrid.