Un pleno bajo conmoción en un helado Estrasburgo

El último Pleno del Parlamento Europeo (PE) en este año 2022 que agoniza tuvo lugar en Estrasburgo la segunda semana de diciembre. En el epicentro de una glacial tormenta invernal —no paró de nevar pesadamente sobre la ciudad alsaciana que alberga la sesión plenaria—, sobresalía entre sus puntos la controversia a propósito de las Conclusiones del Consejo de la UE de Presidencia checa: en especial, la protesta del PE por haber abierto el paso de Croacia al espacio Schengen mientras —por el alucinante, erróneo e injusto veto opuesto por Austria, parcialmente secundado por Países Bajos— ¡aún continúa denegándoselo a Rumanía y Bulgaria, que hace tiempo que cumplieron con las exigencias políticas y técnicas para que sus ciudadanías puedan disfrutar de una vez la plenitud del derecho fundamental a la libre circulación y libre elección de residencia en un espacio común sin fronteras interiores (art.45 Carta de Derechos Fundamentales de la UE)!

La protesta del PE —que hago mía, enteramente— y el clamor por la reparación política y judicial de tan clamorosa injusticia resonaron con fuerza en varios de los debates en los que participé en este Pleno del PE.

Pero sería inútil comentar algunos de los más relevantes puntos de su Agenda —por más que resulten cruciales para las competencias de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior/LIBE que presido— sin referir, obligadamente, un asunto no esperado, pero lamentablemente tan real como impactante.

Un Orden del Día ya muy cargado, como siempre, se vio sobresaltado, esta vez, por la revelación, por parte de la Fiscalía y la Justicia Penal belga, de una investigación por un caso que tiene todas las trazas de una red de corrupción con dinero en efectivo, en la que han sido detenidos el Presidente de una ONG italiana (Fight Impunity), Antonio Panzeri, antiguo eurodiputado, su antiguo asistente Francesco Giorgi y actual pareja de una Vicepresidenta del PE, la eurodiputada griega Eva Kaili (cuya inmunidad ha cedido ante indicios de “flagrante delito”), además de, inicialmente, tanto el Presidente (también italiano) de la Confederación Internacional de Sindicatos y el de otra ONG (asimismo italiano) que compartía despacho con el de la primera ONG citada. Es el que ha dado en llamarse enseguida Qatargate, sin que ni este país ni ningún otro, como era de esperar, hayan reconocido la autoría de los pagos.

El estupor y la consternación sacudieron de inmediato los escaños, las bancadas y los Grupos del PE, aunque con seguridad la conmoción fue mayor en el Grupo S&D por la entendible (y para nosotros, socialistas, lacerante y dolorosa) razón de ser esta la procedencia de los hasta ahora investigados, procediendo por ello a la inmediata expulsión de la eurodiputada detenida y al apartamiento de sus responsabilidades de cuantos miembros hayan tenido como colaborador al imputado Giorgi en la presente Legislatura 2019/2024, sin que consten hasta ahora indicios de implicación de ningún otro miembro en activo.

Pasando por la obligada expresión de frustración y decepción, seguida por la inevitable ira —encolerizada por la obscenidad de los hechos con apariencia racional de criminalidad— el PE acertó al incorporar con inmediatez al Pleno un debate con Resolución y una medida fulminante: la destitución por la práctica unanimidad del PE (los dos votos disidentes podrían ser los habituales errores estadísticos en un Pleno de 705 escaños con otros tantos marcadores electrónicos) de la ya exvicepresidente.

En la Resolución del PE se contiene, entre otros puntos de interés, el mandato de constituir una Comisión Especial de Investigación (que se suma a la actualmente en curso, sobre el SpyWare Pegasus, de la que soy miembro) de cuyas conclusiones quepa esperar un refuerzo de controles preventivos y represivos sobre aquellas desviaciones respecto de las normas y reglas de conductas que resulten intolerables para la credibilidad del PE y de sus miembros como representantes directamente electivos de la ciudadanía europea en los 27 Estados miembros (EEMM). Vaya por delante que el PE es, efectivamente, la única Institución legitimada democráticamente por el sufragio universal de 450 millones de ciudadanos/as europeos/as, y que por lo tanto importa sobremanera a sus miembros, a sus Grupos y a sus Órganos Rectores preservar su honorabilidad y prevenir y castigar cualquier erosión o daño reputacional eventualmente causado por quienes transgredan sus reglas de transparencia y de dación de cuentas o sus incompatibilidades, o por quienes sin más delincan cometiendo delitos, asumiendo por lo tanto, individualizadamente, responsabilidades penales.

Siendo del todo intolerables las conductas que la Fiscalía y la Justicia Penal belga ha puesto en conocimiento de los medios de comunicación, es asimismo innegable que la reacción del PE ha sido instantánea, contundente y desde un principio unitaria. La disposición institucional a colaborar con la investigación mientras aún se desenvuelve ha sido incondicionada. Solo a la Justicia Penal belga corresponde conducir esa investigación hasta llevarla a término, sustanciando jurisdiccionalmente los hechos mediante pruebas pertinentes en un procedimiento debido y con todas las garantías.

Se afirma con ello algo tan simple como que a ningún miembro del PE corresponde fiscalizar, y menos aún enjuiciar, las agendas o conductas de otros/as eurodiputados/as, pero sí contribuir a su depuración ante cualquier infracción, y con el mayor rigor, toda vez que el daño irrogado no se acota en el perímetro de las responsabilidades penales de quienes perpetran delitos, sino que amenaza a toda la Institución con un alcance sistémico. Cualquiera puede entender que la conversación transparente —con luz y taquígrafos, decimos en castellano— con Embajadores/as, ministros/as, primeros/as ministros/as de cualesquiera países terceros de todo el orbe planetario entra dentro de las obligaciones de todo miembro del PE; pero ante la revelación de un negocio prohibido por su ilicitud penal con ocasión o pretexto de esa interlocución, solo cabe extremar las sanciones disponibles y la activación del mayor estrépito punitivo.

Según lo hasta ahora conocido, y si es tal como parece, este es el caso de marras, desgarrador por lo impensable —y grosero— de los medios con que algún desaprensivo y encanallado compinche de una trama criminal haya osado violentar el preciosísimo y frágil vínculo de confianza por el que competimos ante la ciudadanía en elecciones europeas, con toda la honestidad, entrega denodada al trabajo y fidelidad al compromiso electoral contraído de la que seamos capaces.