Trump cierra la puerta de la inmigración legal a quienes puedan ser "una carga pública", o sea, a los pobres

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó esta pasada noche una normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país.

Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en Estados Unidos será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

“En el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses”, detalló el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.

“Nuestra normativa evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o que se queden aquí y obtengan una green card (permiso de residencia permanente”), subrayó Cuccinelli.

Con esta nueva norma, el Gobierno de Trump reducirá también la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de las green card o de algunos visados.

Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una “carga pública” para la Administración, es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.

“A través de la nueva regla de carga pública, la Administración de Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. Pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos”, dijo Cuccinelli.

De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.

La nueva medida, no obstante, no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.

Pero también puede determinar la concesión de un visado legal al cambiar los criterios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la hora de interpretar si un extranjero “es probable que se convierta en cualquier momento en una carga pública”.

Para octubre

De acuerdo al Gobierno, la regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre.

Se espera que la regulación anunciada este lunes enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia estadounidense así lo considera.

De hecho, grupos defensores de los inmigrantes han defendido que esta regla discriminaría a los inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir.

Estas organizaciones también aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal

En las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha mostrado mano dura también contra la inmigración ilegal, al ordenar la detención de 680 inmigrantes durante una redada masiva en seis ciudades del estado de Misisipi.

Algunos analistas políticos han considerado que estos últimos movimientos de Trump en materia migratoria tienen como objetivo agitar a su base de votantes de cara a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en noviembre de 2020.