Torra pide protagonizar un diálogo directo con Sánchez: "Me tiene que llamar"
"Basta de fotos, no queremos más fotos con flores".
El presidente catalán, Quim Torra, ha apostado este miércoles por abrir un “diálogo serio y con contenido” entre la Generalitat y el Gobierno, que implique que él se reúna con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez: “Me tiene que llamar”, ha recalcado.
En la sesión de control al presidente de la Generalitat, en el pleno del Parlament, Torra ha planteado sus líneas rojas para la mesa de negociación que intentarán acordar ERC y el PSOE.
“Basta de fotos, no queremos más fotos con flores”, ha subrayado Torra, que defiende “un diálogo de gobierno a gobierno, en el que los presidentes de los gobiernos se reúnan, y por eso el señor Sánchez me tiene que llamar”.
“No es descartable”
Precisamente esta mañana el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha afirmado que “no es descartable” que Torra esté en una futura mesa de negociación con el Gobierno español, aunque tampoco lo ve “necesario” si en ella no participa Pedro Sánchez.
“Hemos de tener flexibilidad. Si una parte decide enviar un determinado rango, la otra parte deberá enviar el mismo rango, esto es lógico en cualquier negociación”, ha destacado Aragonès, que ha urgido a Sánchez a recuperar la “comunicación institucional” con Torra, porque “no puede ser que el presidente del Gobierno español decida no hablar con el presidente de la Generalitat”.
Las palabras de Aragonès han generado malestar en las filas de JxCat, cuyo presidente de grupo parlamentario, Albert Batet, ha reaccionado en Twitter afirmando que “excluir al presidente Torra es no respetar las instituciones catalanas”.
Si se quiere negociar entre gobiernos “de forma razonable”, ha señalado Batet, “quien debe fijar las condiciones son los gobiernos o los partidos que forman los gobiernos”, y ha advertido de que un “diálogo sin condiciones quiere decir diálogo sin exclusiones”.
En respuesta a una pregunta justamente de Batet en la sesión de control en el Parlament, Torra ha dicho que es “evidente” que las fuerzas independentistas defenderán la autodeterminación y la libertad de los presos en una eventual mesa de negociación.
Pero para que este diálogo tenga utilidad, ha avisado, tiene que haber “garantías de que esto realmente funcionará” y se podrá “hablar de todo, libremente”.
“El ‘apoyaré’ ya lo hemos vivido”, ha comentado en tono irónico Torra, en alusión a la promesa lanzada por José Luis Rodríguez Zapatero antes de convertirse en presidente del Gobierno, en un mitin junto a Pasqual Maragall en Barcelona, en el que se comprometió a apoyar el nuevo Estatut que aprobase el Parlament.
El contenido de la nueva reunión
También en la sesión de control, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ha interesado por el contenido que Torra quiere dar a la nueva reunión de la mesa de diálogo entre partidos en Cataluña.
Torra no le ha dado detalles sobre esta mesa catalana, que podría reunirse en diciembre, y ha insistido en la necesidad de establecer un diálogo “de gobierno a gobierno”, donde Cataluña y España se reconozcan como “dos sujetos políticos” y en el que el presidente del Gobierno “llama” al presidente catalán “para poder hablar”.
Por otra parte, el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha protagonizado un rifirrafe con Torra y JxCat, al vincular a consellers y a un “amigo” de la diputada Aurora Madaula con irregularidades o presuntos casos de corrupción.
Crítica por las pocas medidas del gobierno ante la crisis climática, la presidenta del grupo de Catalunya En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha reprochado a Torra que “pierdan la energía” mirándose de “reojo” entre los independentistas en lugar de “mirar a la cara a todas las personas que enferman” por contaminación.
Torra ha dicho que lo que él espera es que un posible Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos tire adelante medidas como la reversión de la reforma laboral y la “ley”mordaza”, abonar los recursos de la disposición adicional tercera del Estatut y la financiación autonómica pendiente de “casi 3.000 millones de euros”, y que no se recurran al Tribunal Constitucional decisiones del Parlament.
