Todo lo que está en juego con la decisión del Supremo
Consumidores, bancos y jueces, expectantes sobre la decisión de quién pagará el impuesto de las hipotecas.
Este lunes 5 de noviembre está marcado en rojo en los calendarios de los tribunales españoles, las entidades financieras, los despachos de abogados, las asociaciones judiciales y las de consumidores.
El Tribunal Supremo acoge una reunión crucial de la treintena de magistrados que conforman el pleno de la Sala Tercera para decidir quién tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados cuando se firma una hipoteca. ¿Debe ser el banco o el consumidor?
Nadie sabe muy bien qué va a pasar finalmente, aunque la mayoría de juristas apuntan a que la sala respaldará la sentencia de la sala segunda, puesto que es la experta en tributos, que establecía que debían ser las entidades financieras quienes pagaran este impuesto, a diferencia de lo que se había hecho en los últimos 23 años.
Esto es lo que está en juego con la decisión del Supremo a punto de conocerse.
Optimismo para los consumidores
Los expertos coinciden en algo: la decisión del Supremo beneficiará a los consumidores. Nadie espera que se produzca una vuelta atrás, que obligue a los clientes a pagar este impuesto. Existe el miedo de un nuevo varapalo judicial a nivel europeo como ocurrió con las cláusulas suelo.
Aunque falta por saber cuántos consumidores podrán reclamar, se abren tres posibles escenarios que podrá escoger el pleno de la Sala:
- Únicamente afectará a los nuevos hipotecados.
- Solo beneficiará a aquellos que firmaron una hipoteca en los últimos cuatro años (plazo máximo para reclamar los impuestos no pagados).
- La retroactividad será total.
El equipo legal del portal reclamador.es, dirigido por el letrado en excedencia Ramiro Salamanca, asegura que "el escenario más probable" es que el pleno confirme la sentencia conocida el 16 de octubre.
Es decir, que la retroactividad sea total y que beneficie a todos los consumidores que firmaron una hipoteca en los últimos 20 años. "Es el escenario más ventajoso por los intereses del hipotecado", aseguran. Los clientes podrían recuperar entre 3.000 y 4.000 euros, según los despachos de abogados.
Ante esta posibilidad, los consumidores tienen dos vías para reclamar: administrativa y civil.
Aquellos consumidores que firmaron una hipoteca desde finales de 2014 hasta ahora podrán usar la vía administrativa. El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) ha estimado que 1,5 millones de contribuyentes podrían reclamar la devolución de este impuesto de esta manera.
El resto de consumidores tendrá que reclamar por la vía civil. La OCU calcula que hay seis millones de familias que pagan en estos momentos una hipoteca. La Asociación de Usuarios Financieros eleva a 8 millones la cifra de préstamos hipotecarios vivos.
"No hay plazo de prescripción para reclamar, los consumidores tienen que demandar la nulidad de la cláusula de gastos en los tribunales civiles interponiendo una demanda al banco. No solo recuperarán el IAJD, también otros gastos como la notaría, el registro, el coste de tasación o la comisión de apertura", coincide Patricia Suárez, presidenta de Asufin.
Incertidumbre entre los bancos
Las entidades financieras se han mostrado nerviosas tras la sentencia que cambió el criterio del Supremo. Muchos consumidores han visto que las oficinas les retrasaban la firma de una hipoteca hasta que se adoptara una decisión final. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias ha alertado de que hay 8.000 hipotecas paralizadas.
"Hay una cierta ralentización en estos días que está preocupando a la gente", ha reconocido José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca, en una entrevista en la Cadena SER.
Algunas entidades han introducido ya cambios en los préstamos que ofrecen a sus clientes, aunque no todas. "En Abanca no hemos cambiado las condiciones de nuestras hipotecas y al igual que el resto del sector, estamos a la espera del pronunciamiento del Supremo", aseguran desde el banco gallego a El HuffPost.
A diferencia de lo que suele ocurrir en otras ocasiones, prácticamente todos los principales responsables de las entidades se han pronunciado al unísono en los últimos días defendiendo que se aplicaba la legislación vigente. Todos en el sector asumen que a partir de ahora el impuesto lo pagará el banco, pero quieren evitar la retroactividad.
Las patronales bancarias AEB (bancos), CECA (antiguas cajas de ahorro) y UNACC (cajas rurales) se han comprometido a seguir lo que decida el Supremo. "Como siempre han hecho, los bancos, a partir de esta sentencia, cumplirán con el nuevo criterio establecido por el Tribunal Supremo", han señalado en un comunicado conjunto.
La agencia de calificación financiera DBRS cree que no existirá retroactividad y calcula que el impacto será de 700 millones de euros al año, un gasto similar a los 640 millones calculados por Moody's. Además, este coste se trasladaría al cliente, por lo que no perjudicaría a los resultados de los bancos.
En el caso de que la retroactividad se aplique solo a aquellos consumidores que firmaron una hipoteca en los últimos cuatro años, la banca tendría que afrontar un gasto de 2.300 millones, según Moody's y DBRS.
El tercer escenario, el más perjudicial para los bancos, sería una mayor retroactividad. La factura de los últimos 15 años ascendería a 16.900 millones de euros, según DBRS. Moody's cifra en 16.000 millones el impacto si se tienen en cuenta los contratos hipotecarios firmados desde 2004.
Convulsión en la justicia
El ámbito judicial también ha vivido un auténtico terremoto en los últimos días. La nota del presidente de la sala tercera del Supremo, Luis María Díez-Picazo, en la que se refirió a la "enorme repercusión económica y social" como el motivo para paralizar la aplicación de la sentencia no se entendió.
El malestar fue generalizado entre los jueces que consideraban que esta convocatoria del pleno para revisar la sentencia se podía entender que la justicia trabajaba en beneficio de los poderosos bancos. "Vaya seguridad jurídica la de este país", lamentaba un abogado tras conocer la nota.
La Asociación Juezas y Jueces por la Democracia, de tendencia progresista, pidió su dimisión. Incluso la conservadora Asociación Judicial Francisco de Victoria pidió una mayor "motivación y claridad" a Díez-Picazo en sus actuaciones.
El propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, tuvo que pedir públicamente perdón por la gestión de la crisis.
Con la decisión de este lunes, el poder judicial vuelve a jugarse su prestigio, tocado en los últimos tiempos por su excesiva vinculación a los poderes políticos y económicos. Además, el impacto de esta decisión tendrá consecuencias judiciales puesto que muchos afectados recurrirán a los tribunales que ya andan muy colapsados.
Siempre quedará Europa
Pase lo que pase hoy, todos los colectivos afectados asumen que el choque llegará finalmente a la justicia europea, porque el que salga perjudicado recurrirá. "En el caso de que limitara la devolución solo a los préstamos hipotecarios suscritos en un determinado lapso temporal, sería ineludible acudir a la justicia europea mediante la interposición de una cuestión prejudicial", aseguran desde reclamador.es.
El nerviosismo que se ha vivido durante los últimos días de octubre llegará este lunes a su cenit. El Supremo está listo para soltar la traca final. Si los bancos pierden, las Bolsas caerán a plomo. Si lo hacen los consumidores, las asociaciones lucharán hasta el final y llenarán los juzgados de demandas. No hay paz que se vislumbre en el horizonte.
