Soy exadicta a los opiáceos y esto es lo que critico de la condena contra Johnson & Johnson

Este lunes, un juez de Oklahoma impuso una multa de 572 millones de dólares (514 millones de euros) a Johnson & Johnson por su papel en la crisis de los opiáceos. Oklahoma es uno de los muchos estados que están multando a fabricantes y distribuidores por su responsabilidad a la hora de ignorar e infravalorar los riesgos de las drogas adictivas.

A simple vista, parece un paso en la dirección correcta (y lo es). La histórica sentencia de este lunes implica que la gente por fin va a comprender la gravedad de esta crisis y va a reconocer que la responsabilidad no es solamente, ni mucho menos, de quienes sufren adicción a los opioides. Pero no es tan simple.

Cuando empezaron a circular noticias sobre la sentencia, recibí mensajes de varios amigos. Querían saber si me había enterado y qué opinaba.

Fui adicta antes de que la crisis de los opiáceos estuviera en pleno apogeo. Sufrí adicción a la heroína durante 15 años, desde los 13. No tenía pinta de drogadicta. Iba a bachillerato, sacaba todo sobresalientes. Más adelante, tuve trabajo y relaciones. Oculté mi adicción durante más de una década a todos mis seres queridos: familiares, amigos y novios.

La primera vez que fui a rehabilitación en 1997, con 23 años, era una anomalía. Era la más joven con 10 años de diferencia, solo una de cada tres personas eran mujeres y yo era la única adicta a la heroína. Si entraras hoy a una clínica de rehabilitación, estas estadísticas serían muy diferentes.

Ya no sería una anomalía si hoy fuera adicta. También es posible que ya hubiera muerto.

¿Sería igual la crisis de opiáceos hoy en día si empresas como Johnson & Johnson no hubieran convertido la producción de opioides en su prioridad, si no hubieran vendido más opioides de la cuenta y si no hubieran mentido a los consumidores sobre su seguridad? No. Tal y como dijo el juez Thad Balkman: “La crisis de opiáceos ha arrasado el estado de Oklahoma. Los acusados han provocado una crisis de opiáceos, muertes por sobredosis y síndrome de abstinencia neonatal”.

Responsabilizar a las farmacéuticas nos aporta cierta satisfacción. Nos permite señalar a los malos. Sin embargo, castigar a los fabricantes y distribuidores de fármacos, por no mencionar a los médicos, trae consecuencias.

Para empezar, ¿adónde va a parar ese dinero? ¿Cuántos de esos 572 millones de dólares van a ir destinados a tratar a las personas afectadas por la crisis de opioides, si es que les llega algo? Un artículo reciente del The New York Times recordó lo sucedido en 1998 con la sentencia contra las Big Tobacco por la cual cinco grandes tabacaleras pactaron con 46 estados el pago de 250.000 millones de dólares a lo largo de 25 años. No obstante, apenas se vigiló el destino de ese dinero y, en consecuencia, gran parte de la recaudación que en principio se iba a usar para compensar el coste de los gastos médicos derivados del tabaco fueron a parar a obras públicas y a cubrir déficits presupuestarios, y me temo que será lo que suceda también con las sentencias de Johnson & Johnson, Purdue Pharma, Teva Pharmaceuticals y otras empresas.

Está claro que las farmacéuticas han sacado provecho de las personas que mayor riesgo tenían de caer en la adicción a los opioides, pero estas sentencias no tienen en cuenta el principal motivo que hay detrás de la crisis de opioides, el verdadero motivo por el que la gente no es capaz de dejar de consumirlos. No se trata de que una persona consiga una receta para el dolor y de repente se vuelva adicta. Según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud, solo una de cada 130 recetas acaba provocando dependencia a los opioides. Sin embargo, hay 2 millones de estadounidenses adictos a los opioides y el 20% de ellos son jóvenes. ¿Qué está causándolo?

El motivo de esta crisis de opioides es el sufrimiento emocional y no estamos esforzándonos lo suficiente para ponerle solución.

El sistema de atención sanitaria en salud mental de este país está hecho polvo. Apenas hay servicios gratuitos o subvencionados. Existen barreras sociales, económicas y raciales para acceder a estos servicios. Aunque cada vez más ciudades están dándose cuenta de la eficacia de los modelos de reducción de daños asociados al consumo y de la necesidad de disponer de servicios de salud mental, aún nos queda mucho camino por recorrer.

Responsabilizar a los fabricantes y distribuidores de opioides, así como a los médicos que los recetan, incluso penalmente, como ha sucedido esta primavera con 60 médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud, tiene repercusiones importantes. Estas sentencias también aumentan el estigma que existe en torno al consumo de opioides y las adicciones.

Los juicios como este resaltan todo lo que nos da miedo de los opioides y amplifica las ideas preconcebidas que tenemos sobre el aspecto que tienen los adictos. Todo el mundo ha visto los titulares de los medios: Las farmacéuticas son malas. Los opioides matan. Claro que matan, pero esos mensajes igualan a los consumidores de opioides con todo lo que nos parece “malo” de esta crisis.

El motivo fundamental por el que empecé a escribir sobre mi adicción y mi recuperación y seguí el proyecto hasta escribir unas memorias sobre ello es que me di cuenta de que tenía la oportunidad de expandir el debate sobre la adicción a los opioides. Habiendo vivido yo esta adicción, podía hacer algo para ayudar a reducir el estigma. El estigma fue un motivo importante para mantener mi adicción en secreto. Muchas veces comparo la vergüenza con un portero, ya que evita que quienes lo sufren pidan ayuda, y ese estigma surge a partir de la vergüenza.

Ese estigma está matando gente.

¿Qué conseguimos realmente si limitamos las recetas, responsabilizamos legalmente a los servicios de salud y abrimos procedimientos civiles contra las farmacéuticas? ¿Aliviamos el trauma y los problemas de salud mental que son la causa principal de que haya tantos consumidores? No. Así no.

Comprendo el deseo de responsabilizar a personas y empresas por esta crisis de opioides. Tal vez esta sentencia sea un toque de atención para que las farmacéuticas empiecen a priorizar a las personas y no el dinero. Sin embargo, estas sentencias poco van a ayudar a quienes ya están sufriendo. Para lograr un verdadero cambio, tenemos que seguir alejando nuestra política de los modelos punitivos y de la “guerra contra las drogas” y acercarla a un enfoque centrado en la reducción de daños.

Programas como el intercambio de jeringuillas, las salas de consumo supervisado de drogas y los servicios de formación y distribución de Narcan tratan como verdaderos seres humanos a los afectados: merecen cuidados y una vida. Estos programas de reducción de daños desestigmatizan la drogadicción ofreciendo una vía de acceso a los servicios de rehabilitación. Lo mejor sería que el dinero recaudado con las sentencias fuera a parar a estos programas, donde de verdad supondrían una gran diferencia.

Tengo sentimientos encontrados cuando la crisis de los opiáceos aparece en los titulares. Por un lado, es importante que se hable de ello como un problema de salud pública, pero no hay una causa única y no tiene una solución sencilla. Mi esperanza es que facilitemos el acceso a un sistema sanitario que aborde las verdaderas causas de la adicción. Solo entonces podremos ayudar a quienes están sufriendo.

Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.