Recuperación económica y cambio climático: se buscan gestores

En el país de la gesticulación y del espectáculo político que sustituye a la política, hay que decir en voz alta: ya hemos tenido suficientes actos de imagen, suficientes gesticulaciones. El momento en el que estamos es, sin renunciar a la política de verdad y a los políticos serios, un momento para gestores. Para personas responsables que allanen la vía hacia las grandes reformas. 

Necesitamos gestores que, ante un doble reto de importancia capital ―crisis económica causada por la COVID-19 y cambio climático― pongan a España en el camino de la recuperación económica y medioambiental. Si no ocurre así, nuestro futuro estará limitado, y en peligro: porque, al deteriorar los hábitats naturales, aceleramos el calentamiento global, y porque la riqueza natural aporta los recursos esenciales de los que se nutre la industria y nos permite disfrutar de un medio ambiente sano. En definitiva, porque corremos el riesgo de revertir los avances en educación, igualdad de oportunidades, innovación y desarrollo. El pronóstico del FMI del desplome del PIB en casi un 13% no permite ignorar este riesgo. 

España es uno de los países europeos más afectados por el impacto del cambio climático. El verano se ha alargado cinco semanas con respecto a comienzos de la década de los ochenta y la extensión de zonas con clima semiárido ha aumentado más de 30.000 kilómetros cuadrados en un plazo de 20 años, superficie equivalente a toda Galicia. Lo que realmente tiene que preocuparnos son las proyecciones. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el 74% del suelo está en proceso de desertización, y se prevé que un 20% de lo que hoy está a salvo estará en peligro dentro de 50 años. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y prácticamente todo el Levante ya presentan una gran proporción de suelo susceptible de degradación. Esto afectará a las actividades agropecuarias y los ecosistemas acabarán visiblemente afectados. 

La pérdida de suelo fértil es irreversible y aumenta la vulnerabilidad de todas las especies, incluida la humana. Pero la desertificación tiene consecuencias más allá de la pérdida de la fertilidad del suelo. El cambio climático tendrá un efecto dominó en otros factores: puede ser factor de conflicto por el control de los recursos hídricos; la falta de alimento en el mar provoca la sobreexplotación de la pesca; la seguridad alimentaria se verá comprometida por la ausencia de lluvia y fertilidad del suelo; y los ecosistemas se verán gravemente dañados ante la escasez del agua disponible y las temperaturas extremas.

Según el pronóstico del FMI, España se sitúa como la economía más golpeada por el coronavirus, más que en ningún otro país avanzado. El mercado laboral tampoco ofrece un escenario halagüeño. La tasa de desempleo quedará este año y el próximo en el 16,8%, muy por encima de las proyecciones de otras economías desarrolladas. Y todo esto, hay que repetirlo, ocurre cuando los efectos del cambio climático nos pisan los talones.

Si no jugamos bien nuestras cartas, corremos el riesgo de que no haya recuperación. Pero aún tenemos margen para corregir, adaptar nuestras economías y hacerlas más flexibles y resistentes ante los futuros impactos de las crisis y el cambio climático. El Plan de Recuperación y la Ley Climática, bien gestionados, pueden abrir el camino. El Gobierno ha destinado a ese plan 72.000 de los 140.000 millones de euros de los fondos que la UE ha concedido a España para la recuperación, aunque no está claro que el dinero pueda ser desembolsado en 2021. El objetivo es sumar al PIB 2,5 puntos porcentuales y facilitar la creación de 800.000 puestos de trabajo. Se concentrará en sus tres primeros años, y destinará un 37% a la inversión verde, (lo mínimo que pide la UE para la distribución de los fondos), y un 20% a la transformación digital.

Esta enorme inversión fracasará si no se gestiona escrupulosamente, si no va más allá de los grandes actos, banderas, relatos y gesticulaciones. Fracasará si maquilla de verde y destina fondos a inversiones poco eficientes, si abandona la agenda verde, si no traslada la recién votada Ley climática al ordenamiento jurídico nacional y apuesta decididamente por la neutralidad climática en 2050, como dice el Acuerdo de Paris.

Esta enorme inversión pública prosperará de la mano de gestores que no se dejen llevar por la búsqueda de soluciones rápidas y hagan un buen uso de los fondos europeos, que aprovechen los activos de España para la transición ecológica: recursos naturales, un tejido empresarial proactivo y la conciencia de su población ante el problema del calentamiento. Grandes gestores que ayuden a que las empresas se adapten a la transición económica, porque la transición climática “será justa o no será”, en palabras del vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, responsable del Pacto Verde Europeo. Gestores que asuman una hoja de ruta clara y ambiciosa, y un marco estable y previsible para los agentes económicos y las inversiones, que ayuden a cerrar la brecha entre las exigencias científicas y la acción política. Grandes gestores que ajusten las previsiones de ingresos y gastos a las políticas que necesitamos, que utilicen los planes económicos para acelerar la transición ecológica y las energías renovables, que apuesten por la creación de empleo, la competitividad y la seguridad e independencia energéticas.

En definitiva, que nos ayuden a salir de esta crisis y que nos preparen para afrontar mejor las próximas.