Un recibo bancario confirma el segundo pago a otra empresa que supuestamente estafó al Ayuntamiento de Madrid
El documento, al que ha tenido acceso 'El País', indica que el abono se hizo una semana después de que se detectaran presuntas irregularidades, según un informe policial.
Nueva información sobre el caso mascarillas que afecta al Ayuntamiento de Madrid, ante una presunta segunda estafa en los contratos de venta de material sanitario durante la pandemia. Se trata de la adquisición de medio millón de tapabocas defectuosas a la firma Sinclair and Wilde, empresa con base en Nueva York y encabeza por Philippe Haim Solomon. Según ha publicado este viernes El País, un documento bancario confirma que el Consistorio efectuó un segundo pago a a dicha firma por un valor de 1,25 millones de euros.
La relevancia de esta información se corresponde con la fecha en la que se efectuó el abono que consta en el recibo, el 14 de abril de 2020. Previo a dicho segundo pago, la Policía Municipal había detectado irregularidades en la operación, según un informe que fue remitido a los juzgados de Madrid ya en 2021.
“El 7 de abril, al detectarse determinadas irregularidades que pudieran dar incumplimiento al contrato por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, se dio orden de reintegro de la cantidad transferida al proveedor”, recoge El País del escrito del intendente jefe del Cuerpo, que utilizó como base un email enviado por el director comercial y financiero de la Empresa de Servicios Funerarios.
Precisamente, fue el 23 de marzo de 2020 cuando el Ayuntamiento madrileño autorizó la compra de medio millón de mascarillas a Sinclair and Wilde. Al día siguiente se hizo el primer pago, de 1,25 millones de euros, que suponía la mitad del precio acordado por los productos sanitarios. Tres semanas después se produce el segundo pago y los artículos llegaron al Ayuntamiento el 23 de abril, según recoge dicho medio de comunicación.
La investigación
El País ha contactado con el Consistorio, que no ha querido dar detalles de este caso alegando que “todo está judicializado”. Con todo, no se ha aclarado qué tipo de irregularidades se detectaron presuntamente el 7 de abril. En este sentido, tras recibir la denuncia de la Policía, el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid abrió una investigación que no fructificó al ser imposible de localizar al empresario Philippe Haim Solomon.
El diario InfoLibre ha logrado contactar con él esta semana, quien ha asegurado que no está escondido, que “todo fue legítimo” y que no pagó comisiones “a nadie”. Dicho medio también ha publicado que el Ayuntamiento denunció al considerar que el material no se ajustaba a la normativa y que las 500.000 mascarillas, a un precio de 5 euros la unidad, nunca llegaron a utilizarse.
