Rajoy declarará como testigo en el juicio del caso Gürtel
La Fiscalía y el abogado del Estado se habían opuesto
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá finalmente que declarar como testigo en el juicio a la primera época de Gürtel (1999-2005), al atender el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga estos hechos a la petición que había hecho la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).
La decisión ha sido adoptada por mayoría de los tres magistrados que componen el tribunal, a pesar de la posición contraria tanto de la Fiscalía como del abogado del Estado, el abogado del PP y varios letrados de la defensa. "Por mayoría la Sala considera esta prueba admisible", ha señalado el presidente del tribunal, Ángel Hurtado.
De este modo, Rajoy se suma a los cerca de 300 testigos que han sido llamados a declarar en el juicio entre ellos exdirigentes del PP como Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, también lo harán miembros de la actual ejecutiva como Javier Arenas y el jueves será el turno de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.
LA FISCALÍA SE OPONÍA: "INÚTIL E INNECESARIO"
Al inicio de la sesión con la que se ha reanudado la vista por este caso, la fiscal Concepción Nicolás se ha mostrado contraria a la petición sobre Rajoy por considerarla "inútil e innecesaria", ya que "nada ha cambiado" respecto al pasado mes de octubre, cuando se rechazó la testifical del presidente del Gobierno al inicio del juicio.
La fiscal ha argumentado también que la citación de Rajoy a estas alturas del juicio sería "redundante" porque los hechos que la acusación particular pretende que se confirmen con el testimonio del presidente del Gobierno, como es la existencia de una caja B en el PP que podría haber beneficiado a alguno de los acusados, ya ha sido suficientemente acreditada por otras pruebas o documentos
El abogado del Estado ha señalado por su parte que esta declaración es "inútil y redundante" y no han cambiado las circunstancias, no han aparecido nuevos elementos que sustentaran la petición de ADADE. A la negativa del representante de los servicios jurídicos del Estado se han unido varios abogados de las defensas de los enjuiciados en esta pieza de Gürtel y el abogado del PP, que ha destacado la "improcedencia" de la diligencia, que consideran que sería "perturbadora" y contribuiría al "circo mediático".
La Sala había mostrado contrario a esta pretensión al inicio del juicio el pasado mes de octubre con los mismos argumentos que utilizó en una primera ocasión, en febrero de 2016.
LA POSIBILIDAD DE LA VIDEOCONFERENCIA
La ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) señala que el presidente del Gobierno está obligado a declarar y debe hacerlo "concurriendo ante el Tribunal", aunque abre una vía para que pueda hacerlo por videoconferencia.
Es lo que ocurrió en 2014 con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, al que la Audiencia Nacional permitió prestar testimonio por videoconferencia en su despacho oficial, pese al criterio de la Fiscalía, en el juicio por el asedio al Parlament.
La Lecrim, en su artículo 702, sólo determina una excepción para "el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino", quienes pueden declarar por escrito.
A diferencia de en la fase de instrucción, donde se indica que el presidente del Gobierno y los miembros de su Ejecutivo, entre otros cargos, deben declarar desde su despacho o su domicilio y pueden hacerlo por escrito, el artículo 702 de la Lecrim señala que, una vez abierto juicio oral, "están obligados a declarar" y "lo harán concurriendo ante el Tribunal".
Sin embargo, añade (art.703) que la citación como testigo del presidente del Gobierno -y del resto de cargos que pueden declarar por escrito en la fase de instrucción- "se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo".
